2016/04/18

Innovación corporativa

En 2012, socios y rectores de las universidades SEK, UPV, Del Mar –José Schröder, Ángel Maulén y Héctor Zúñiga– y el director de la CNA, Luis Eugenio Díaz, fueron formalizados por cohecho, sobornos y lavado de activos. Luego de dos años, la fiscalía y los imputados se verán por última vez las caras en el juicio oral que está por comenzar.
Por: Natalia Saavedra
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Fue un operativo espectacular. En noviembre de 2012, la PDI allanó las casas de diferentes rectores y controladores de las universidades cuestionadas por lucro y por acreditaciones irregulares. Ángel Maulén, fundador de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV); Héctor Zúñiga, de la Universidad del Mar, y Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, fueron detenidos la noche del 23 de noviembre.
Durmieron en el calabozo, al otro día fueron formalizados y el juez determinó prisión preventiva para los tres en Capitán Yáber y luego arresto domiciliario en sus casas. Los imputados vivieron en carne propia la severidad de la investigación dirigida por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
Hoy, dos años después de ese episodio, sin la expectación mediática de entonces, cuando se transformaron en los rostros visibles de la crisis de la educación, los imputados, más el ex rector de la Universidad Sek, José Schröder Quiroga –quien fue el cuarto involucrado en ser formalizado por la misma causa– vuelven a encontrarse. Esta vez, para dar por cerrada la investigación.
La cuenta corre contrarreloj. El 17 de abril es el plazo máximo para que la fiscalía presente la acusación oficial del caso, tras lo cual vendrá el juicio oral, lo que podría ocurrir a fines de mayo o principios de junio próximo. El marco sí, es menos favorecedor para el Ministerio Público de lo que fue hace dos años. Las penas asociadas al lavado de activos cambiaron drásticamente desde 2014 a la fecha, por ende, las sanciones que hoy enfrentan los involucrados son menores. Aun así, los ex rectores y Díaz enfrentarán un juicio que será ícono en la persecución penal sobre las universidades por la irregularidad en los procesos de acreditación.

La metamorfosis

Empoderado, dando charlas a 600 personas y mostrándose indispensable. Así describen a Luis Eugenio Díaz quienes estuvieron con él cuando era visto como un verdadero gurú de la acreditación en Chile. Mientras fue presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Díaz, según la tesis de la fiscalía, se acercó a decenas de instituciones predicando su doctrina, ofreciendo sus servicios y jugando en dos equipos: como asesor de los procesos de las casas de estudios a través de sus empresas y como evaluador del desempeño de las universidades como presidente de la CNA. Una tesis que a través de mails, decenas de testigos, pagos y revisiones tributarias, Gajardo y Norambuena están decididos a probar en el próximo juicio oral que se iniciará entre mayo y junio.
Pero poco queda de ese Díaz que enviaba mails a los rectores, los trataba de amigos y que les aseguraba a las universidades que tenerlo de su lado era una carta segura para conseguir un pase dorado ante la CNA. “(Tenerme) Es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie, se va atrever a pensar siquiera en no acreditar a una institución donde yo no esté”, dice un email que Díaz escribió al ex rector de la SEK, José Schröder.
Dentro de los imputados en el caso, la situación jurídica de Luis Eugenio Díaz es la más compleja. La tesis de la fiscalía es que actuó siendo funcionario público, por lo que no sería complejo probar la figura de cohecho. Además, sería el único de los imputados que arriesga cárcel.
“Era un encantador de serpientes y la verdad que las privadas lo veían como voz y voto en el proceso de acreditación. Creo que en general no se cuestionó mucho lo que se hacía. La sensación era que había que contratarlo”, dice el ex ejecutivo de una universidad.
Pero quienes lo vieron en Capitán Yáber y que después se lo han encontrado caminando por Providencia o cerca del sector del El Golf, dicen que no es el mismo. Que los años se le vinieron encima (sobrepasa los 70) y que poco queda de ese personaje poderoso que se movía hábilmente por los planteles educacionales. “Se quedó sin piso. En la política, donde se le vinculaba más al PS, nadie le prestó apoyo”, dice un conocedor.
Fuentes conocedoras a la investigación, explican que Díaz gastó casi todo el dinero ganado por sus asesorías en su defensa. “No era una persona de negocios y no tuvo tras la acusación un apoyo de quienes se mostraban como cercanos, menos de su círculo político ligado a la Concertación”, dice una fuente.
Díaz contó en un principio con la representación de Alejandro Laura, de Hermosilla Abogados, pero hace poco más de un año dejaron de asesorarlo. El penalista Matías Küsenmüller es quien ahora apoya su defensa. El profesional estaría trabajando ad honorem.
Dentro de los imputados en el caso, la situación jurídica de Díaz es la más compleja. La tesis de la fiscalía es que actuó siendo funcionario público, por lo que no sería complejo probar la figura de cohecho. Pero las pretensiones de los persecutores irían más allá. Pedirían para el ex líder de la CNA la pena de cinco años y un día de presidio mayor en grado mínimo como autor de lavado de dinero; cuatro años de presidio menor en grado máximo como autor reiterado de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos, además de otros tres años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor de delito tributario.
Dependiendo de la severidad del juez, es el único de los imputados que arriesga cárcel.

La tensa calma

Tras la formalización de 2012 y las medidas cautelares, la situación de los imputados por el caso Acreditación se fue normalizando. Todos lograron revertir los arrestos domiciliarios y quedaron en libertad, eso sí, con firma mensual y con arraigo. Desde ese entonces, preparan sus defensas.
Muy religioso y rodeado sólo de su círculo familiar, Héctor Zúñiga, ex socio de la Universidad del Mar, dedica sus días a la revisión exhaustiva de cada detalle de su defensa. Se reúne habitualmente con su abogado, el penalista de la V Región y ex candidato a fiscal nacional Juan Carlos Manríquez, a quien conoce desde que fundó la universidad. Sigue viviendo en Reñaca, en una casa que sufrió dos incendios parciales y que según vecinos no ha podido reparar ni vender.
El mismo Zúñiga comenta por mail a Capital que han sido momentos “duros, de incertidumbre”. Su tiempo lo ha dedicado a escribir un libro sobre lo ocurrido y a “ordenar todo lo que tenía descuidado, a colaborar en mi defensa y a sortear los apremios por deudas avaladas a la universidad y a las inmobiliarias. Estamos sobreviviendo”, comenta.
Asegura que está dispuesto a ir a juicio oral. “Al parecer habrá juicio oral y estoy preparado para ello, pero el sistema presiona hacia los abreviados”, agrega.
Ángel Maulén, por su parte, sigue dedicado a sus negocios. Además de la universidad, junto a diversos socios maneja el Preuniversitario Pedro de Valdivia y los colegios de la misma cadena. Pero sus amigos dicen que tras su arresto, primero efectivo y luego domiciliario, quiso cambiar el switch. Como aún tiene hijos en edad escolar, optó por buscar una rutina que no lo echara abajo. Se apoyó en su socio Enrique Rodríguez para la gestión en la UPV y se sigue reuniendo con sus amigos de la política (es ex militante DC), como Juan Carlos Latorre, con quien se junta a comer habitualmente.
También ha pedido en varias ocasiones permiso al tribunal para salir del país (lo que le ha sido autorizado) y frecuenta todos los días el Hotel Neruda, de su propiedad. Además, acaba de terminar la construcción de un edificio de departamentos en Providencia. “Antes tenía su oficina, pero ahora está todos los días en el Neruda. Le gusta estar ahí porque ve gente, sale a la calle. Adoptó una postura de no irse para abajo. Así y todo, en 2013 se le cerraron las puertas de los bancos inversionistas y fue la cara de todo el embate por el lucro que surgió. Imagínate que lo detuvieron en su casa con sus dos hijos presentes”, dice un amigo.
Sin bancos que le presten dinero, Maulén ha gastado varios millones de su patrimonio para sustentar su red educacional. “Hasta el día de hoy no tiene tarjeta de crédito”, comenta un conocedor. Su instrucción siempre ha sido clara para la UPV: no la va a dejar caer.
Totalmente diferente es la situación del ex rector de la SEK, José Schröder. El profesor de Historia de la Universidad de Chile llegó a la SEK como decano de Educación y estaba ejerciendo en la Universidad Autónoma cuando el caso estalló. Tuvo que salir inmediatamente y se quedó sin piso. A diferencia de sus pares, Schröder es profesor de carrera y no está vinculado societariamente a la universidad, por eso, para algunos abogados fue sorpresivo que lo formalizaran con este grupo. “Se esperaba que ese cuarto integrante fuera Jorge Segovia, pero él se arrancó de Chile. A José lo usaron obviamente como chivo expiatorio. Además, el apoyo de la universidad fue igual a cero en el proceso”, dice un amigo del profesor.
Ángel Maulén frecuenta todos los días el Hotel Neruda, de su propiedad. Acaba de terminar la construcción de un edificio de departamentos en Providencia y ha debido solventar de su patrimonio su red educacional pues, tras estallar el caso, los bancos le cerraron las líneas.
Casado, sin hijos, el académico vio congelarse su carrera profesional tras la investigación. Representado por el abogado Jorge Guerrero, la apuesta de su defensa ha sido probar que la tesis de la fiscalía, que le imputa haber contratado a una sobrina de Eugenio Díaz como una forma de soborno y haber accedido a información privilegiada sobre el proceso de acreditación de la SEK, lo sitúan en una posición totalmente diferente a la de sus pares, que tuvieron una relación directa con el ex presidente de la CNA. Al ex rector de la SEK, la fiscalía le imputaría el delito de autor de soborno, con una pena solicitada de 800 días de presidio menor.
Su meta tras el cierre del caso sería reintegrarse como profesor a alguna casa de estudios, haciendo eco del apoyo que surgió de varios académicos, y que le han manifestado su colaboración en estos años. Dante Contreras, de la Universidad de Chile; Hugo Zepeda, abogado, y Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, son parte de los casi 50 cercanos que le enviaron cartas de apoyo a Schröder, quien además, perdió a su madre y su padre durante estos años. “Ojalá se reintegre, es un académico dedicado y aún joven para trabajar un buen tiempo”, señala un colega.

La pelea uno a uno

Las defensas han adoptado estrategias diferentes para enfrentar el próximo paso: el eventual juicio oral. Conocedores del caso señalan que han sido varios los que han intentado llegar a acuerdos previos con la fiscalía. Pero el staff de abogados de Maulén jugó un rol clave en que el proceso siguiera avanzando: el fundador de la UPV no quiso ir a un juicio abreviado. Para él, aseguran conocedores, hacerlo era reconocer eventuales culpas.
Su estrategia, tanto personal como por la universidad (también formalizada como persona jurídica), es considerada una movida arriesgada. Representado por Gabriel Zaliasnik y su equipo, su objetivo es ir sí o sí a juicio oral. “Lo que quiere es que se despliegue toda su defensa, rebatirle al Ministerio Público. De alguna forma, decir ‘ésta es mi verdad’”, señala un cercano.
Además de riesgosa, la estrategia de Maulén es cara. Parar un juicio oral no es algo barato, y para ello ha debido echar mano a parte importante del patrimonio que armó con sus distintos negocios. Pero al parecer es algo que a esta altura no le preocupa demasiado. “Ir a un juicio de estas características con decenas de testigos, pruebas, peritos, que durará unos tres o cuatro meses es carísimo para el ministerio y las partes. Cuesta lo mismo que tratarse un infarto cerebral”, dice uno de los abogados involucrados en el caso.
La defensa de Zúñiga, pese que estaría en pro de ir a un abreviado, cree que de todos modos llegarán a juicio oral. Su apuesta es más aterrizada: evitar, al menos, los delitos por lavado de activos que tienen una serie de efectos negativos para la persona, como convertirse en un ciudadano non grato en varias partes del mundo. El ex rector de la SEK, José Schröder, correría con más ventaja para solicitar una suspensión del procedimiento: la pena que le solicita no supera los mil días.
La situación de Díaz, en tanto, es la que judicialmente podría complicarse más. Entre diferentes delitos, sus penas sumarán más de 12 años de cárcel.
Por su lado, la fiscalía apuesta a lograr penas ejemplificadoras. Para Zúñiga, se pediría una sanción de cinco años y un día como autor de lavado de dinero y de tres años y un día como autor de delito reiterado de soborno. Lo mismo para Ángel Maulén. “Si el juez del caso acumula las penas y pide que se vayan cumpliendo por separado, podría cumplir condena en cárcel. Es una opción remota, pero debido a la severidad de lo que pide la fiscalía, se asoma la opción de que cumpla de forma efectiva”, explica un penalista.
La interrogante quedaría resuelta en pocas semanas más. •••
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