¿Saieh en el blanco? Facebook Twitter

El conglomerado partió el 2016 con el pie izquierdo. La demanda por fraude tributario interpuesta por el SII fue la guinda que coronó una semana precedida por la multa de 30 millones de dólares que aplicó la Sbif y la acusación de colusión interpuesta por la FNE a tres cadenas, entre ellas SMU. En el holding están tranquilos y descartan que exista una trama en contra de Álvaro Saieh. Sin embargo, se están armando para dar la pelea con todo.

Por: Equipo Revista Capital
Ilustración: Ignacio Schiefelbein

El aviso llegó pasadas las 9 de la noche del jueves 7 de enero. A través de un mail, el abogado Jorge Bofill advirtió a Álvaro Saieh que vendría un nuevo golpe: horas antes, el Servicio de Impuestos Internos había presentado una querella en el Ministerio Público por fraude tributario en contra del hijo del empresario, Jorge Andrés, y Pilar Dañobeitía –ambos socios y representantes legales de CorpGroup– además de Alberto Calderón de Ripley.

En el grupo la noticia cayó como un balde de agua fría. Sólo un día antes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión en el mercado de los pollos en contra de las cadenas de supermercados SMU, Cencosud y Walmart.

Y como si fuera poco, el 30 de diciembre, justo antes de que terminara el año, CorpBanca había recibido una multa de 30 millones de dólares, la más alta en la historia de la industria bancaria chilena, de parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) por haber sobrepasado los límites individuales de crédito a las sociedades Cascadas de SQM.

Aunque las tres ofensivas de los reguladores no dejaron indiferente al grupo Saieh, pues las tres surgieron en la misma semana, en el grupo aseguran estar conscientes de que cada una de ellas apareció por hechos ajenos a la compañía y en forma independiente. En el caso radicado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el requerimiento se dio a partir de la investigación de colusión de las empresas proveedoras de pollos; la multa de la Sbif fue una derivada de la investigación que en septiembre había abierto el regulador tras el nombramiento de Rafael Guilisasti –hasta entonces director de CorpBanca– como presidente de las sociedades Cascadas. Y la arista del SII era una causa que inicialmente se había investigado por el lado de la familia Calderón y que fue archivada provisionalmente por el fiscal Mario Acuña y notificada al SII el 3 de diciembre.

Las tres arremetidas son monitoreadas por el presidente de Imaginacción, Enrique Correa, y su socio Leonardo Cerda. Desde su entorno plantean que se ha tomado nota del breve lapso registrado entre las acciones del SII, la FNE y la Sbif, pero descartan que exista una acción coordinada del Gobierno hacia el grupo. Menos, sostienen las fuentes, de un gobierno que ha mostrado más habilidades para tropezarse que para elaborar planes maestros. En corto, no creen en la teoría de la conspiración.

De estos casos, el que más les ha llamado la atención es la multa de la Superintendencia de Bancos. El motivo: en el entorno de Imaginacción han analizado la carta enviada por la Sbif y concluido que incorpora como verdad probada la visión del vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, sobre la partida de Rafael Guilisasti a las cascadas de SQM, por lo que estiman existiría una permeabilización en la Superintendencia hacia esta postura, planteada públicamente en el marco del caso.

Esta versión es confirmada por fuentes de gobierno, que indican que efectivamente existió colaboración de Corfo a la SBIF en el caso de la multa. Consultada esta última, aseguraron que no han habido contactos entre los organismos.

Cercanos al grupo Saieh descartan que exista una acción coordinada del Gobierno hacia ellos. Menos, sostienen las fuentes, de un gobierno que ha mostrado más habilidades para tropezarse que para elaborar planes maestros.

Dados los nuevos escenarios, los equipos ejecutivos de cada una de las empresas empezaron a coordinar la estrategia para sus defensas, cada uno por separado pero convencidos de que cuentan con la fortaleza jurídica para revertir estas acciones, por lo que inyectaron tranquilidad a la matriz del grupo.

De hecho, el controlador del holding, Álvaro Saieh, no interrumpió ni alteró sus vacaciones en Estados Unidos, donde había ido a pasar el Año Nuevo en su departamento de Nueva York. Al interior de CorpGroup aseguran que ninguno de los tres casos pone en riesgo a las sociedades involucradas, y que las prioridades de la empresa siguen siendo la fusión con Itaú –que debiera concretarse el 1 de marzo o el 1 de abril próximo, y con quienes están en comunicación diaria para mantenerlos al tanto de la situación–, lograr el equilibrio financiero en SMU y crecer en el portafolio de centros comerciales.

El Año Nuevo de Massú

El feriado bancario del 31 de diciembre hizo que la oficina central del brazo financiero de CorpGroup funcionara a media máquina. “Muchos ejecutivos no fueron y se trabajó prácticamente hasta el mediodía”, comenta un ejecutivo. Uno de los que se encontraba fuera de Santiago era Fernando Massú, gerente general del banco.

Previendo este escenario, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, llamó directamente a Massú para informarle del arribo de una carta que debía ser recibida en las oficinas centrales de CorpBanca. La autoridad le advirtió al ejecutivo sobre su contenido: el banco habría infringido los márgenes individuales del crédito otorgado a las sociedades Cascadas en 2011, 2013 y 2015, por lo que aplicaría una multa de 30 millones de dólares –la más alta en la historia de la repartición–, correspondiente al 10% del exceso de los márgenes individuales de crédito que la institución, a juicio del regulador, habría sobrepasado. Y le ofició que el monto debía ser reconocido en los estados financieros del año que recién cerraba.

La carta fue recibida en la oficina de partes de CorpBanca y no fue abierta hasta el lunes. Massú optó por no aguar el Año Nuevo a nadie en la compañía. Venían tres días feriados y nada se podía hacer, cuenta un cercano. Recién el lunes 4 de enero en la mañana Massú informó al directorio lo que ocurría, y citó a una sesión extraordinaria para la tarde. En ese lapso se les informó también a los gerentes del banco.

A las 17.30 horas se reunió todo el directorio, además del asesor legal de la compañía, José María Eyzaguirre, socio del estudio Claro; el director Legal y de Control de CorpBanca, Cristián Canales, y el fiscal de CorpGroup, Álvaro Barriga, quien también se desempeña como director suplente de CorpBanca.

En la reunión se analizó en detalle la resolución de la Sbif y se determinó responder a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial que sería enviado a las 10 de la noche. El tenor del documento no fue al azar. Conscientes del efecto mediático que tendría dicha respuesta, buscaron darle un tono claro y firme que no dejara lugar a dudas de la trasgresión de la ley que implicaba el cambio de criterio que, a su juicio, estaba aplicando la autoridad.

Según establece la normativa, los bancos no pueden superar el límite del 10% de su patrimonio en créditos individuales. Esta restricción se introdujo con la modificación a la ley en 1986, con el fin de alejar el fantasma de la crisis del 82, cuando el Estado tuvo que intervenir una serie de bancos para evitar su quiebra. La normativa se ha convertido en la madre de la ley de bancos y desde los 80 que el regulador no había cursado una multa como ésta, ya que no había detectado ninguna violación a la normativa. La Sbif no tiene un sistema automático que le alerte cuando esto ocurre, sino que hace constantemente fiscalizaciones de forma aleatoria.

Fue el anuncio del arribo de Rafael Guilisasti a la presidencia de las sociedades Cascadas lo que alertó a la Sbif, dado que el empresario ejercía como director de CorpBanca. Su llegada a las sociedades de inversión de SQM podía quebrantar algunos de los límites en los créditos otorgados con grupos relacionados.

El anuncio también encendió las alarmas al interior del banco. El día anterior al anuncio se encargó a la división de Gestión Operacional un diario seguimiento de todo lo relacionado con las Cascadas, que terminó en un informe que dio cuenta de que los límites establecidos no habían sido sobrepasados.

Los reiterados requerimientos de información de Parrado hicieron que en el banco también revisaran las operaciones con estas sociedades en años anteriores. Fuentes internas de CorpBanca precisan que en diciembre ellos mismos se percataron de que el banco habría sobrepasado los límites individuales de crédito en 2011 e inmediatamente se autodenunciaron ante la Sbif, con la tranquilidad de que, este hecho puntual, ya habría prescrito y había sido por un período muy acotado. Sin embargo, para el equipo de Parrado ésta fue la primera de una serie de infracciones. Dado que estos pasivos con las Cascadas fueron reestructurados y renovados en 2013 y 2015, por lo que la infracción de 2011 se mantendría vigente a ojos del regulador. Para despejar toda duda el superintendente solicitó un informe en derecho a Miguel Ángel Nacrur, quien había sido fiscal de la Sbif y del Banco Central hasta 2014, que confirmó la postura de la autoridad, aseguran fuentes conocedoras del proceso.

CorpBanca acusó un cambio en los criterios de la Superintendencia para aplicar esta normativa y la sanción, sin tener derecho a debido proceso, según consta en su hecho esencial. En la Asociación de Bancos (Abif) existe una preocupación sobre la exposición de los bancos frente a holdings con similar estructura societaria a las cascadas. Sin embargo, el gremio ha decidido mantener silencio, a la espera del desenlace del caso. En tanto, CorpBanca hizo efectivo el pago de la cuantiosa multa el viernes 8 de enero y presentó una reclamación ante la Corte de Apelaciones, iniciando así una inédita batalla legal entre regulador y regulado.

Otra vez al banquillo

Fue una casualidad la que alertó la tarde del jueves 7 de enero al abogado Jorge Bofill de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) había presentado una querella contra Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañobeitía. De inmediato se comunicó con el grupo para definir los cursos de acción.

El controlador del holding, Álvaro Saieh, no interrumpió ni alteró sus vacaciones en EE.UU., donde había ido a pasar el Año Nuevo en su departamento de Nueva York. Al interior de CorpGroup aseguran que ninguno de los tres casos pone en riesgo a las sociedades ni los planes trazados.

La sorpresa era total. Se trataba de una causa antigua –que había sido archivada provisionalmente por el Ministerio Público un mes atrás– que buscaba acreditar que Marcelo Calderón habría incurrido en evasión fiscal al vender el 20% de Ripley. En ese entonces, Álvaro, Jorge Andrés y Catalina Saieh, y Pilar Dañobeitía, declararon en calidad de imputados, siendo la reestructuración societaria que realizó la familia Calderón el eje de la demanda.

Ahora los dardos están en contra de Jorge Andrés Saieh y Dañobeitía por las gestiones que realizó CorpGroup para concretar la compra del paquete accionario. Así se sumaron como nuevos antecedentes las operaciones ligadas al fondo de inversión privada RCC, vehículo de inversión utilizado por CorpGroup para la compra de las acciones de Ripley, lo que según el organismo liderado por Fernando Barraza fue “la culminación de todas las maniobras fraudulentas”. Para el organismo esto significó un prejuicio fiscal de 26 mil millones de pesos, de los cuales se le imputan unos 10,6 mil millones de pesos a este conglomerado.

Tras enterarse de este nuevo revés, el viernes 8 de enero en las oficinas de CorpGroup se reunieron el presidente del directorio, Jorge Andrés Saieh; Pilar Dañobeitía, los abogados Jorge Bofill y Hugo Rivera –que asesora a Dañobeitía en esta causa–, además del abogado tributarista Álvaro Mecklenburg. Más tarde, se unió el gerente de Asuntos Corporativos, Marcelo Forni. Juntos revisaron la querella y definieron la estrategia a seguir.

Tras consultar con su asesor comunicacional, Leonardo Cerda, socio director de Imaginacción, se definió que la información se haría pública al día siguiente a través de los diarios La Tercera y El Mercurio, donde rechazarían todas las imputaciones, argumentando que no existió delito tributario.

A juicio del grupo, lo que hubo fue un aplazamiento en el pago de la carga tributaria por esta operación, ya que los fondos de inversión privados no son contribuyentes de la Ley de Renta, sino que son patrimonios de afectación cuyas utilidades tributan una vez que han sido retiradas. Por ello, al interior del equipo están confiados en los argumentos legales para enfrentar este caso, considerando además que la causa ya había sido archivada.

Entre las principales falencias que el grupo ve en esta demanda está el lapso de tiempo en que los hechos ocurrieron. Aseguran que al considerar solamente las operaciones de los hermanos Calderón, realizadas en 2008, el caso estaría prescrito. Sin embargo, al incorporar las operaciones de Conca, la sociedad antecesora de CorpGroup, el caso adquiere vigencia. La venta final de las acciones desde la sociedad Bujorico al fondo de inversión privado RCC se concretó en 2009 a través de cinco contratos de compraventa. También les resulta extraño por qué en esta nueva demanda el SII se centra sólo en Saieh y Dañobeitía, siendo que en la demanda anterior también fueron imputados Álvaro y Catalina Saieh. Esto se suma a que, según aclaran, sólo la firma de Pilar Dañobeitía está registrada en los contratos suscritos.

Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo, quien liderará esta nueva investigación, ya tiene en su poder la carpeta. Aseguran al interior de la fiscalía que las diligencias que se realizarán se harán en reserva y tampoco tienen plazo para la formalización de los cargos. Si bien el nombramiento de Gajardo en la causa podría alertar a la empresa por la agenda mediática del fiscal, dicen estar tranquilos, porque esperan que no desestime la labor realizada por la fiscalía y que la llevó a archivar la causa.

El aterrizaje en la playa

A fines de la semana pasada, Álvaro Saieh aterrizó en Chile y su primer destino fue Santo Domingo. El jueves y el viernes se reunió con los directores y principales gerentes de SMU, el holding supermercadista, para presentar las líneas estratégicas para este 2016 en su casa en el balneario. La cita es clave para la compañía, ya que en 2015 estuvo inmersa en un fuerte plan de reducción de costos, aumento de ventas y disminución de carga financiera, siendo uno de sus objetivos alcanzar el equilibrio financiero en 2016 y finalmente dar vuelta la página de la crisis que enfrentó en 2013, cuando anotó pérdidas por hasta mil millones de dólares.

Quienes asistieron a la reunión en la casa del empresario ubicada en un sector campestre al sur del balneario, cuentan que Saieh se mantuvo de buen ánimo y que el requerimiento de la FNE fue sólo abordado de manera tangencial.

Conscientes del efecto mediático que tendría su respuesta, CorpBanca respondió los cargos de la Sbif con un tono claro y firme que no dejara lugar a dudas de la trasgresión de la ley que, a juicio de ellos, implicaba el cambio de criterio que estaba aplicando la autoridad.

El flanco colusión había estallado sólo una semana antes. El 6 de enero. Después de más de cuatro años de investigación, la Fiscalía Nacional Económica interpuso un requerimiento ante el TDLC, acusando a las tres principales cadenas de supermercados (Cencosud, Walmart y SMU) de coludirse por haber mantenido, a través de sus proveedores, un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de carne de pollo fresca entre 2008 y 2011. El organismo antimonopolio solicitó la multa de 30 mil UTA, unos 22,9 millones de dólares para cada una de las empresas.

Los equipos legales internos del grupo se enteraron del requerimiento al verlo en la página web del TDLC, sin embargo no pudieron acceder a la totalidad del documento, ya que aún no había sido liberado. En horas de la tarde de ese miércoles 6 de enero y cuando la prensa empezó a dar a conocer los primeros titulares, recién pudieron ver el detalle del escrito. Aunque al interior de CorpGroup saben que éste será el más largo de los tres procesos que enfrentaron la primera semana de enero, aseguran estar tranquilos, ya que precisan que demostrarán la inocencia de SMU. De hecho, el holding mantiene en pie los planes y plazos de apertura en bolsa.

Sin embargo, les preocupa que este caso tenga como protagonistas, además de SMU, a Walmart y Cencosud, por lo que el resultado final también dependerá de las estrategias de la competencia. Por eso, SMU optó por reforzar su equipo sumando a José Miguel Gana de Avendaño Merino Abogados a Prieto & Cía., liderado por Benjamín Grebe, además del equipo interno de abogados de la compañía.•••