Nicolás Ramírez, Julián Moreno, Pablo Alcalde y Pablo Fuenzalida otorgaron informes de salud, sociales y psicológicos para alargar el plazo de investigación u optar por un juicio abreviado.
Los nueve imputados por el caso La Polar esperan el plazo de investigación, que termina el próximo 2 de octubre, de manera aislada, sin ninguna coordinación y muy lejos del sentido de equipo que tuvieron durante sus años de oro en el retail.
Cuatro de ellos, Nicolás Ramírez, Julián Moreno, Pablo Alcalde y Pablo Fuenzalida, han dicho que no quieren formar parte del grupo que iría al juicio oral, según publicó este sábado La Segunda.
Ramírez ya lo solicitó y llegó a un acuerdo con el fiscal José Morales para ir a un juicio abreviado. A pesar de que aún no se llega a un acuerdo, tendrán una audiencia en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago el 3 de septiembre para resolver la petición, explicó su abogado, Cedric Bragado.
El informe presentencial de Ramírez fue presentado el 14 de julio pasado y en él se recomienda como eficaz la alternativa de que éste sea condenado a libertad vigilada. "Está pidiendo el juicio abreviado porque no quiere enfrentar el alto costo del juicio oral, que puede significar un desgaste emocional muy fuerte y un mayor daño económico, ya que este proceso podría prolongarse hasta por diez meses", explicó Bragado.
El documento suscrito por el presidente del Consejo de Gendarmería, Óscar Merino, dice que, "considerando los antecedentes psicosociales del imputado, que reportan una baja existencia de factores de riesgo nocivos de responsividad, el Consejo Técnico de este Centro de Reinserción Social, estima que la inclusión del imputado a las penas sustitutivas de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, sería eficaz".
La principal ventaja del juicio abreviado es que el imputado podría recibir una sentencia máxima de cinco años de cárcel, lo cual significa cumplir esta libertad vigilada, sometiéndose tan solo a controles rutinarios por parte de la justicia
Por otro lado, Julián Moreno ya pidió los informes presentenciales psicológicos, sociales y de salud, considerados como el primer paso para luego solicitar un juicio abreviado para cada uno de los imputados.
Pero deben anticiparse a los problemas que podrían enfrentar los imputados si son condenados a una pena efectiva de cárcel. Una fuente cercana a Moreno, afirmó que "debieran considerarse las delicadas condiciones de salud que padece", ya que sufre de un enfisema pulmonar.
Pablo Alcalde, quien se dedica a supervisar inversiones familiares, no quiere ir a juicio abreviado porque quiere demostrar su inocencia, ya que sostiene que no estuvo al tanto de la maquinaria de repactaciones y que el principal responsable de ésta fue Julián Moreno.
En lo próximo, no existe claridad sobre lo que puede ocurrir después de que concluya el plazo de investigación debido a que alguna de las partes podría solicitar una nueva ampliación y el tribunal, por su parte, acceder.
De no solicitarse una ampliación del plazo, o bien, si ésta se pide y el tribunal no lo concede, el Ministerio Público deberá en un plazo de diez días, formular los cargos y después iniciar la fase preparatoria del juicio oral.
Cuatro de ellos, Nicolás Ramírez, Julián Moreno, Pablo Alcalde y Pablo Fuenzalida, han dicho que no quieren formar parte del grupo que iría al juicio oral, según publicó este sábado La Segunda.
Ramírez ya lo solicitó y llegó a un acuerdo con el fiscal José Morales para ir a un juicio abreviado. A pesar de que aún no se llega a un acuerdo, tendrán una audiencia en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago el 3 de septiembre para resolver la petición, explicó su abogado, Cedric Bragado.
El informe presentencial de Ramírez fue presentado el 14 de julio pasado y en él se recomienda como eficaz la alternativa de que éste sea condenado a libertad vigilada. "Está pidiendo el juicio abreviado porque no quiere enfrentar el alto costo del juicio oral, que puede significar un desgaste emocional muy fuerte y un mayor daño económico, ya que este proceso podría prolongarse hasta por diez meses", explicó Bragado.
El documento suscrito por el presidente del Consejo de Gendarmería, Óscar Merino, dice que, "considerando los antecedentes psicosociales del imputado, que reportan una baja existencia de factores de riesgo nocivos de responsividad, el Consejo Técnico de este Centro de Reinserción Social, estima que la inclusión del imputado a las penas sustitutivas de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, sería eficaz".
La principal ventaja del juicio abreviado es que el imputado podría recibir una sentencia máxima de cinco años de cárcel, lo cual significa cumplir esta libertad vigilada, sometiéndose tan solo a controles rutinarios por parte de la justicia
Por otro lado, Julián Moreno ya pidió los informes presentenciales psicológicos, sociales y de salud, considerados como el primer paso para luego solicitar un juicio abreviado para cada uno de los imputados.
Pero deben anticiparse a los problemas que podrían enfrentar los imputados si son condenados a una pena efectiva de cárcel. Una fuente cercana a Moreno, afirmó que "debieran considerarse las delicadas condiciones de salud que padece", ya que sufre de un enfisema pulmonar.
Pablo Alcalde, quien se dedica a supervisar inversiones familiares, no quiere ir a juicio abreviado porque quiere demostrar su inocencia, ya que sostiene que no estuvo al tanto de la maquinaria de repactaciones y que el principal responsable de ésta fue Julián Moreno.
En lo próximo, no existe claridad sobre lo que puede ocurrir después de que concluya el plazo de investigación debido a que alguna de las partes podría solicitar una nueva ampliación y el tribunal, por su parte, acceder.
De no solicitarse una ampliación del plazo, o bien, si ésta se pide y el tribunal no lo concede, el Ministerio Público deberá en un plazo de diez días, formular los cargos y después iniciar la fase preparatoria del juicio oral.
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