Hacia una Comisión Nacional de Valores

Más allá de un cambio de nombre desde la actual Superintendencia, la medida busca que la autoridad sea más eficiente en las sanciones y más objetiva en su visión del mercado. Pero ojo, que difícilmente terminará con irregularidades como las conocidas en los últimos años.

Esta semana la Cámara de Diputados realizó importantes avances en la tramitación del proyecto de Ley que crea un Comisión de Valores y Seguros (CSV), un organismo colegiado que reemplazaría a la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El proyecto de Ley que se presentó a mediados del año pasado busca fortalecer ciertos aspectos que parecen más debilitados en el actual organismo regulatorio. Por ejemplo, el hecho de que toda la autoridad y atribuciones recaigan en una sola persona. La actual estructura de la Superintendencia, en cuanto órgano que investiga posibles infracciones y resuelve en un procedimiento sancionatorio, concentra dichas facultades en el Superintendente. Ahora se busca establecer una estructura colegiada que permita contar con diversidad de criterios y experiencia en la adopción de decisiones. Estos puntos críticos fueron enumerados en el propio proyecto de Ley, como sustento a la idea de cambiar la autoridad unipersonal por el cuerpo colegiado, formado por cinco integrantes, uno de los cuales será el comisionado que encabezará el organismo. Ahora bien, cabe precisar que la idea de cambiar la actual Superintendencia por una Comisión Colegiada surge de recomendaciones entregadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Banco Mundial. En lo medular a la Comisión le corresponderá la dirección y administración superior de esta institución fiscalizadora, la regulación de los mercados a través de la dictación de normativa sectorial, y la aplicación de sanciones. Esta semana, la iniciativa terminó pasando a la Comisión Revisora, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara en general y en particular. Sin embargo, cabe preguntarse si este cambio de nombre, junto con la nueva estructura colegiada, serán suficientes para que el mercado quede exento de los problemas que se han conocido los últimos años, como los casos La Polar o Cascadas. Lo más probable es que la respuesta sea “no” y tanto el gobierno, que presentó el proyecto, como los agentes del mercado, lo saben. De hecho en la misma iniciativa legal se indica que el Consejo colegiado asumirá la función de resolver y fallar los procedimientos sancionatorios, los cuales tendrá una duración máxima de seis meses, contados desde la formulación de cargos (aunque el plazo puede prorrogarse bajo excepción). Entonces, si hay sanciones es porque habrá faltas. Más que mal, siempre las habrá. Sin embargo, si esta medida de dividir la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento del mercado, por la profundidad de éste y por su transparencia se divide en cinco personas, la verdad que es esperable una visión más objetiva y también más eficiente en la  identificación de las irregularidades que afecten al mercado, porque supone el hecho de contar con contrapesos  y filtros eficientes frente a las resoluciones y normativa. En definitiva, como se diría vulgarmente: diez ojos siempre verán más que dos. Saludos, Alejandra.