Enviando a domicilio simulaciones de cuentas por vencer con sus datos reales, Falabella estaría "presionando" al consumidor a tomar un préstamo. Abogados creen que hay un vacío legal que le permite impulsar estas campañas, pero autoridades alegan que existe infracción.
Molesta está la vecina de Conchalí Paulina Cadenas, tras recibir en su casa una carta publicitaria de Falabella ofreciéndole un crédito de consumo. Y es que no era una campaña comercial cualquiera, pues traía un adhesivo que simulaba un timbre de revisión técnica consignando la patente de su vehículo y la fecha real de vencimiento.
"Me parecen vergonzosos los métodos que utilizan", dice Cadenas, quien exige una explicación. "No soy cliente de la casa comercial, aquí claramente se violó la normativa legal que rige el uso de la información y administración de base de los datos en los entes públicos", cree la afectada, quien culpa a la multitienda de intimidarla comercialmente.
En el caso de ella, hay varias personas más. El año pasado, se tuvo registro de un cliente que recibió en su celular un mensaje ofreciéndole abrir una cuenta en Banco Falabella, oferta que debía rechazar con un No. "¿Será que Falabella cancelará ese mensaje? ¿O está coludida con las empresas de telefonía móvil para sacarnos dinero?", se pregunta.
Y no sólo parece haber libre circulación de información sobre morosidad o protestos, dice el senador José García Ruminot (RN), "sino también de datos sobre el nivel de consumo de las personas, si es de carácter básico o suntuario". Se ha llegado al extremo de que las funerarias compran hoy listas de enfermos graves para esperar el deceso, asevera.
VACÍO LEGAL
Los molestos usuarios alegan que el retailer conoce la patente de sus automóviles, sus morosidades y números telefónicos. Vulnerados, se preguntan si esta práctica es ilegal. Al cierre de esta nota, Falabella no emitió ningún esclarecimiento de su política publicitaria.
Para la abogada Consuelo Bascuñán, consultora del estudio Problemas.cl, hay un gran vacío jurídico en esta materia, que impide la existencia de una instancia legal.
En rigor, la ley permite el uso de bases de datos de clientes para ofrecer productos y, salvo la molestia, no existiría el perjuicio que Cadenas menciona. "Legalmente no existe prohibición, y si bien son datos personales de una persona determinada, no se configura en ningún caso delito o falta por uso de información confidencial", explica Bascuñán.
Tanto así, que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), al ser consultado por Terra sobre estas materias, no pudo agilizar una respuesta concreta, debido a su complejidad.
"Probablemente los datos de la patente de un vehículo proviene de bases de datos públicos, en cuyo caso no habría infracción a la Ley de Datos personales", sostienen en el servicio, cuyos abogados ya se encuentran analizando los casos gracias a este reportaje.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD
En estos vacíos ya se encuentra trabajando desde junio la Comisión de Economía de la Cámara Alta, presidida por Ruminot. El objetivo es anticiparse al debate del proyecto legal que cumple su primer ciclo en la Cámara de Diputados y hará modificaciones en este escenario, creando el Consejo de la Transparencia para fiscalizar el uso de datos privados.
Ruminot ha sostenido que el abuso del tratamiento de los datos personas debiese ser sancionado y habría que crear un organismo especializado en ese sentido. A la fecha, han mantenido reuniones semanales con diversos expertos para evaluar si en este tipo de casos existen vulneraciones al derecho de las personas a su privacidad.
Incluso una empresa puede equivocarse en la base de datos y atribuir morosidad a otras personas, sin que se le castigue por publicar información falsa. Distinto es el afectado, que debe movilizar abogados e ir a tribunales para defenderse de estos perjuicios.
Ruminot cree que el Consejo de la Transparencia tiene por misión "incentivar en todos los organismos públicos que pongan en sus respectivas páginas web la mayor cantidad de información y, sobre todo, que atienda los reclamos cuando los organismos no entreguen información que es pública". Sin embargo, no debería supervisar la venta de información privada; para eso, debiese existir otra instancia especializada, ha concluido el legislativo.
David Jofré Leiva
Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A.
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