Los efectos del terremoto ya comienzan a sentirse con fuerza sobre el mercado laboral. Entre el 1 y 14 de marzo, las empresas han desvinculado a 6.111 personas haciendo uso del artículo 159 del Código del Trabajo, normativa que permite despedir trabajadores por situaciones de "caso fortuito o fuerza mayor" sin derecho a indemnizaciones.
Tal escenario quedó de manifiesto en la Región del Bío Bío -zona donde se registró el mayor grado de destrucción del sector productivo-, pues acumula el 61% del total de despidos por dicha causa con 3.761 casos. Además, presenta uno de los mayores aumentos, ya que durante todo febrero se informaron sólo 24 desvinculaciones bajo el señalado artículo.
Este cuadro se repite en la Región Metropolitana, donde las cartas que llegaron a la Dirección del Trabajo pasaron de 51 en el segundo mes del presente año a 1.357 (2.645%). Con menor intensidad, las regiones de Valparaíso, O"Higgins y del Maule sumaron 906 despidos, cifra que se compara con los 33 que se registraron durante febrero.
En términos globales, los finiquitos provocados por el terremoto representan un incremento de casi 3.000% respecto al total de febrero y un aumento de 2.200%, comparado con el promedio mensual de 264 desvinculaciones.
Medidas en marcha
En el gobierno están concientes de esta situación y es por eso que preparan un conjunto de medidas para mitigar sus efectos. Aún así, la ministra del Trabajo, Camila Merino, estima que el período más complejo para el empleo en las zonas afectadas se extendería hasta por un semestre. "Nosotros vemos que los próximos tres meses van a ser complicados y diría que esto podría prolongarse incluso hasta seis meses, dependiendo de cuánto tomen las labores de reparación de las plantas", sostuvo.
De hecho, Merino adelantó que en la VIII Región el desempleo "no va a bajar, es probable que suba". En el trimestre móvil noviembre-enero la zona anotó una desocupación de 10,4%.
Respecto a los despidos por fuerza mayor reconoció que han tenido denuncias menores, por lo que advirtió que esta causal se puede utilizar sólo cuando una empresa está imposibilitada de continuar con sus funciones. "Es malo que las empresas se aprovechen para despedir trabajadores, usando esa causa sin pagar indemnizaciones. Estamos cautelando que no haya abusos en eso", recalcó la secretaria de Estado.
Solución intermedia
En este ánimo, ayer llegó hasta la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) la plana directiva de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Al igual que los encuentros con la CUT, el objetivo es consensuar un paquete de medidas para presentar al Ejecutivo y así evitar una explosión de despidos. "Aquí no puede ser el todo o nada. Por eso, buscamos instrumentos intermedios que permitan la retención de empleo", dijo el presidente los empresarios, Rafael Guilisasti.
Por su parte, el líder sindical, Diego Olivares, agregó que "vamos a tener que ser capaces de abrir temas que pueden parecer complejos, pero que hoy son necesarios. Estaríamos hablando derechamente de adaptabilidad laboral, lo que no podemos ideologizar en este momento".
Entre las alternativas que se barajan está un permiso para la reconstrucción, el que podría ser por media jornada o un congelamiento total de las labores. De todos modos, el gobierno ya tendría definida la entrega de un bono de retención hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual ($ 82.500) por trabajador.
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