La sensación de que el cielo se nos venía abajo la vivimos todos en este terremoto, pero la impresión en el sector es que la tasa de error de los edificios construidos en los últimos 25 años fue muy baja.
Sólo habrá un catastro claro una vez que culminen los estudios en terreno de un esfuerzo conjunto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las direcciones de obras de los municipios, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Colegio de Arquitectos y otros. Pero trascendió que el número no sería mayor a 0,08%.
Entre ellos, tres nombres se han transformado en símbolos de esta tragedia: los condominios Don Tristán y Bailén 2320 en Maipú de la inmobiliaria Francisco de Aguirre y la constructora Mujica & González, ambas propiedad de Sebastián González y Alvaro Mujica, y el edificio Emerald del Grupo Paz en Ñuñoa.
En el primer caso, los daños podrían deberse a un posible error de cálculo y diseño, que se habría visto potenciado por problemas en el material, explica el ingeniero calculista y director de la consultora de planificación urbana Conurba, Ricardo Monge.
Su par de la Asociación de Ingenieros Estructurales, Carlos Bascuñán, añade que si bien pende un estudio formal, cuesta explicar lo sucedido. Ambos edificios están por caer cuando al lado hay otro en perfectas condiciones. "Aquí la mecánica de suelo no falló, sino que los pilares. Hubo dolo, algo que se hizo mal hace cuatro años", dice.
En la Cámara insisten que "tiene que haber un análisis exhaustivo caso a caso". Porque serían particularidades propias de cada edificio y no un patrón común, lo que estaría detrás de estos errores, que van más allá de estar ubicados cerca o lejos del epicentro, explica a su vez el director del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructura de Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), Fernando Yáñez. "La única generalidad es que la construcción formal se portó muy bien bajo las normas. Y se construye razonablemente bien en Chile comparado con estándares internacionales", dice.
El terremoto genera una gran interrogante: qué pasó con esas construcciones, considerando que el negocio está regulado por una Ley General de Urbanismo y Construcción que nadie pone en duda hoy y una norma sísmica (NCh 433) que goza de credibilidad internacional.
El consejero de la Cámara y también presidente del Consejo Nacional de Normalización de la Construcción, Blas Bellolio, precisa que "antes del terremoto, estábamos bastante avanzados en la cultura de construir bien, lo que no omite que hubiera casos puntuales que merecían la preocupación de la Cámara. Pero el número de juicios por tema de la calidad de las viviendas era ínfimo hasta antes del sismo".
Para Bellolio, el terremoto evidencia que es momento de impulsar la actualización de las normas. "No es que no es actualicen, pero se necesita fijarles una periodicidad. Como Consejo, buscamos la revisión de las reglas cada siete años".
Reconstruir de escena
El sector había logrado reducir las irregularidades que marcaron a la industria en la década de los '80 y '90. Fue a partir de este período que se traspasa la responsabilidad civil de los proyectos a los constructores, y se les asigna la figura de propietario primer vendedor, por la cual deben responder por daños en los primeros 10 años de construcción.
También se creó la figura del revisor estructural independiente, con un registro en el Instituto de la Construcción, que permite la entrega de estudios de cálculo paralelos al de la constructora, que deben ser presentados al municipio para obtener los permisos. Bascuñán explica que "curiosamente esta revisión no le tocó a los edificios colapsados por lo nuevos que son. Y aquí yo hago una diferencia; cuando la constructora es independiente de la inmobiliaria, en general las inspecciones técnicas funcionan mucho mejor. Cuando son la misma empresa, hay más campo para que haya problemas en obra".
¿Podría este traspaso de responsabilidades estar detrás de las grietas que dejó abiertas este terremoto? Para el director de obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes, la mayor o menor injerencia del sector público, no haría mucha diferencia. "Me temo que los errores fueron demasiado aleatorios. En líneas generales se cumplía con la norma hasta el sábado, a veces con algún que otro rezongo de las constructoras. Pero no pasaba de eso", insiste.
Según Bascuñán, el problema podría estar en la falta de un registro formal de revisores técnicos que fiscalicen la etapa de construcción: "Hoy tenemos la garantía de que los proyectos de cálculo son revisados. Pero no existe un registro de inspectores técnicos".
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