Jim Bunning, ex jugador de béisbol y ahora Senador de Estados Unidos por Kentucky, protagonizó la semana pasada un colorido episodio dentro del teatro político de Washington cuando, solo, evitó durante un mes la aprobación de una medida destinada a extender los beneficios del desempleo diciendo que no había fondos para pagarlo. Pero el senador dio marcha atrás el martes, cuando se filtró la noticia de que cerca de 400.000 cesantes no recibirían sus cheques si el tema seguía estancado.
El episodio reveló hasta qué punto el complicado mercado laboral estadounidense sigue siendo un lastre para las perspectivas de una rápida recuperación económica, ya que presiona los presupuestos de los estados y obliga al gobierno federal a elevar el gasto público.
Los datos sobre el empleo en el mes de febrero se informarán hoy, pero la mayoría de los analistas estima que la economía perdió al menos 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, con lo que la tasa de empleo aumentaría del 9,7% actual. Aunque se tiene en cuenta que las severas tormentas de nieve perjudicaron la creación de trabajo ya que las compañías demoraron las nuevas contrataciones, este sombrío pronóstico es otra señal de la carga inmensa que implican los desempleados para la recuperación.
Los presupuestos de muchos estados (que comparten con el gobierno federal la responsabilidad de pagar el seguro de desempleo) están cada vez más afectados por la persistente escasez de nuevos puestos.
Según el Departamento de Trabajo, 31 estados han tenido que pedir prestado al gobierno central para recuperar sus fondos de seguro de desempleo, que estaban en déficit. Hasta ahora, el monto total de este endeudamiento llegó a US$ 33.000 millones, pero se espera que la cifra suba a unos US$ 90.000 millones para 2012, y los estados que necesitan pedir dinero llegarían a 40.
De todos modos, los préstamos federales son una solución temporal, ya que no pagan interés hasta fin de este año, pero después tienen costo. Esto significa que los estados enfrentarían la incómoda obligación de optar entre elevar las cargas de los empleadores, cosa que algunos ya han hecho, o recortar los beneficios.
Mientras tanto, el Congreso y la administración tratan de fortalecer la creación de empleo, pero con éxito limitado. La semana pasada, el Senado aprobó una propuesta de ley por US$ 15.000 millones, que consiste principalmente en créditos fiscales para las firmas que contraten personas que llevan más de seis meses sin trabajar. Pero ahora debe ser aprobada por la Cámara de Representantes.
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