A comienzos de diciembre, tras enterarse del contenido del requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su contra, Farmacias Ahumada (FASA) inició un proceso de revisión interna con el fin de encontrar los elementos que aclararan su inocencia ante la acusación de colusión de precios junto a Cruz Verde y SalcoBrand en más de 200 medicamentos.
Fuentes al tanto del proceso al interior de la cadena, controlada por la familia Codner, señalaron que en el rastreo de la información que supuestamente serviría para acreditar la ausencia de colusión, el equipo legal descubrió una serie de anomalías, que volcaron completamente las expectativas.
El decisivo hallazgo incluyó una serie de registros que demostraban que varios ejecutivos de mando medio habían adoptado prácticas para elevar conjuntamente una serie de precios.
Las mismas fuentes aseguran que la administración superior de FASA se sorprendió al conocer estos hechos, y estableció de inmediato que el mejor camino era reconocer la situación y colaborar con la FNE, a través de la entrega de los antecedentes recopilados, incluyendo los nombres de los ejecutivos involucrados.
De esta forma se llegó al acuerdo de conciliación, inédito hasta ahora, con que las partes solicitaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) restar a FASA del requerimiento.
En caso de que el acuerdo sea acogido por el TDLC, la cadena de farmacias deberá realizar un aporte de US$ 1 millón al Fisco ( 1.350 Unidades Tributarias Anuales) y elaborar un código interno de buenas prácticas en un plazo máximo de 60 días.
Si bien la cifra que pagará Fasa es bastante menor a las 20.000 UTA solicitadas originalmente por la Fiscalía Económica, fuentes cercanas a la empresa explicaron que no es una cifra menor en comparación al re-
ferente real, es decir, las multas que efectivamente se han aplicado en el pasado en casos similares.
Añadieron que el mayor valor del acuerdo entre Fasa y la Fiscalía no es el pago de US$ 1 millón, sino su efecto desincentivador a la adopción de este tipo de prácticas en el futuro en ésta y otras industrias.
Precisaron que, de hecho, en los mercados más desarrollados ha sido este tipo de acuerdos los que han permitido desarticular y evitar los pactos de precios que atentan contra la libre competencia.
En este sentido, dijeron fuentes cercanas al proceso, la Fiscalía Económica estaría enviando con este acuerdo una fuerte señal al mercado.
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