Aldo González, académico de la Universidad de Chile, cree que las economías de escala no siempre se traspasan a los consumidores, según informe presenteado a la FNE.
Emilio Maldonado Q.
Hace exactamente un año atrás la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en la búsqueda de antecedentes que justificaran solicitar una medida precautoria contra D&S y Cencosud para frenar las compras de supermercados regionales, pidió al economista de la Universidad de Chile, Aldo González, que elaborara un informe con los efectos que tendría para los consumidores estas adquisiciones.
Dos informes fueron entregados a la causa y estos fueron lapidarios: la concentración en la industria no traspasa las economías de escala a los consumidores y, a su vez, en aquellas zonas donde se ha producido la llegada de Cencosud o D&S vía crecimiento inorgánico, los precios tienden a ser mayores.
Según el profesor universitario, para justificar las compras de cadenas regionales o la misma fusión entre Falabella y D&S, se han dado como argumentos las economías de escala que estos negocios podrían generar y cómo éstas se traspasan a consumidores, repercutiendo en menores precios.
Pero, a su juicio, antes de hacer un cálculo de esto, hay que también medir cómo afecta a los clientes la pérdida de competitividad en mercados geográficos limitados, ya que según González, quien también contó con la ayuda del profesor Andrés Gómez- Lobo para realizar este estudio, hay ciudades donde una mayor concentración ha incidido en mayores precios de los alimentos.
“Las economías de escala tienen límites, y para que éstas se traspasen a los consumidores, tiene que haber competencia. Si yo no tengo competidores, por muchas economías de escala que yo logre, no voy a estar presionado a traspasarlas. De hecho, nuestro estudio indica que las ciudades con mayor concentración en supermercados tienen mayores precios”, explica González.
IPC al alza
Así como el alza de alimentos que se vive actualmente responde a factores climáticos y de demanda, y no necesariamente a los operadores de supermercados, sería igualmente errado adjudicar la baja de los alimentos a los procesos de fusión, según comenta el economista.
De hecho, como asegura González, ambos profesores analizaron un total de 24 ciudades con datos del INE para medir las alzas y bajas del IPC en comparación con la canasta de alimentos.
En dicha comparación, entre 2004 y el primer semestre de 2007, período en que más movimientos ha registrado el sector supermercadista, el IPC de los alimentos ha ido a la par que la canasta general, no traduciéndose la baja en estos componentes tal como suponen los defensores de las fusiones. Mientras en este lapso el IPC general fue de 11,9% el de alimentos fue de 11,7%.
Pero según la tesis de González, al desglosar cada año y los movimientos que se realizaron, el resultado es otro. “En 2005 el precio de los alimentos sube. La estrategia “Precios Bajos Siempre” de D&S se implementó desde 2003 hasta el mismo año 2004. Se acaba la política de precios bajos y los precios de alimentos suben en el período inmediatamente posterior. Esto significa que las cadenas no son tomadores de precio, sino que tienen la capacidad de influir individualmente en el precio de los alimentos, entonces no podemos decir que es un mercado perfectamente competitivo”, sentencia el académico.
Lo mismo, según él, pasa en 2006. En pleno período de compras de El Pilar, Economax e Infante, el IPC inmediatamente posterior fue de 2,6% y la variación para los alimentos de apenas un 1,3%. Pero, una vez estabilizadas estas fusiones, a juicio del responsable del informe, los precios vuelven a subir, quedando en un IPC de 2,7% y una canasta de alimentos al alza en 4,6% puntos porcentuales.
La razón que aduce el académico para explicar esta falta de competencia en ciudades es una laxa ley de defensa a la libre competencia. “Yo soy partidario de que haya una normativa, que tenga peso de ley, en el cual se establezcan los procedimientos y criterios para tener en cuenta ante una fusión. Si bien existe una ley general de competencia es el TDLC el que evalúa, pero sin duda el hecho que no haya una legislación específica le da menos respaldo”, sentencia González.
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