Propuesta del Banco Central: Regulación de tarjetas concita apoyo técnico

Sin embargo, desde el punto de vista legal se cuestiona su constitucionalidad.

Dudas sobre su constitucionalidad, pero apoyo desde el punto de vista económico, ha suscitado la propuesta de regulación de las tarjetas de comercio hecha por el Banco Central. Un tema que será clave en la agenda regulatoria del organismo en las próximas semanas, ya que este martes vence el plazo para que los agentes interesados presenten sus observaciones.

En el caso de las tarjetas de crédito de casas comerciales que se están convirtiendo en abiertas -y donde el emisor de la casa comercial adquiere una deuda con otros establecimientos comerciales-, el académico de la Universidad Católica, Jorge Tarziján, sostiene que efectivamente se requiere una normativa.

Ella debe permitir a la autoridad tener información de los montos de deuda que se adquiere y de sus plazos, así como exigir congruencia entre el monto de obligaciones que adquiera la casa comercial por este motivo y el capital y capacidad de pago de esa casa comercial.De otro modo, dice, existiría un riesgo de incumplimiento de obligaciones, que aunque sea entre privados, afectaría la confianza en los medios de pago.

Pedro Hidalgo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, está de acuerdo en que se norme.En su opinión, la propuesta de regulación del Banco Central permite garantizar que los flujos de pago van a venir, al establecerse un fondo de garantía y hará que los emisores sean más cuidadosos para emitir tarjetas.

En la medida que con las tarjetas se traspasen créditos de uno a otro emisor y que no sea riesgo del mismo grupo, la directora del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Rosanna Costa, dice que esa es un área donde debieran reconocerse normas de información y regulación, en términos de que las tarjetas tengan igual tratamiento con negocios afines que sí están regulados (las tarjetas bancarias).En opinión del investigador de LyD, Axel Buchheister, la propuesta es inconstitucional, porque el Banco Central no tiene facultad para regular actividades económicas, sino que eso es materia de ley. Tampoco puede atribuirle facultades fiscalizadoras a la Superintendencia de Bancos ni decir qué parte de la Ley de Bancos va a regir, agrega.Además, está pendiente en el Congreso un texto aprobado sobre la idea de legislar en esta materia, porque lo que se rechazó es el detalle de la normativa, dice Buchheister.

Fuente: diario El Mercurio, 12 de noviembre del 2005