Empresas de Atacama creen que rechazo a Castilla es negativo

Un 38% de las firmas sondeadas cree que el funcionamiento de la institucionalidad ambiental del país es muy malo.

Una encuesta de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa) reveló que un 95% de los empresarios de esa región creen que el fallo de la Suprema por la central Castilla tendrá efectos negativos para esa zona.

“Refleja el sentir mayoritario del sector industrial de Atacama que ve con preocupación lo resuelto por la Corte Suprema en este caso”, indicó Carlos Nicolás Galeb, presidente de la entidad.

Respecto del funcionamiento de la institucionalidad ambiental en el país, un 4,76% de las respuestas evalúan que el sistema funciona bien, mientras que la mayoría de los encuestados (38%) consideran que el sistema funciona muy mal con la judicialización de esta materia.

En tanto, el 90,4% de las empresas sondeadas considera que el escenario que se experimenta actualmente a nivel nacional, no favorece la materialización de inversiones.

Según un sondeo de la entidad, en la región existe una carpeta de proyectos mineros por US$ 35.301 millones desde este año y hacia el 2020.

La muestra incluyó un 23% de todas las empresas asociadas. Entre ellas están la división Mantoverde de Anglo American, minera Can Can, Mantos de Oro, Barrick Gold, Codelco división El Salvador, Compañía Maricunga, Eléctrica Guacolda, Casino de Copiapó, proyecto Caserones de Lumina Copper, entre otros.

www.df.cl

Chile: gobierno y empresarios respaldan a Ministra de Medio Ambiente contra Corte Suprema

El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, y empresarios respaldaron ayer la posición de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, contra el fallo de la Corte Suprema que frenó la central energética Castilla porque había incurrido en errores y generaba incertidumbre frente a la institucionalidad medioambiental.

“La ministra Benítez cuenta con el total respaldo del gobierno” , dijo, insistiendo en que el gobierno respeta la autonomía del Poder Judicial. Chadwick fue insistente en defender “el derecho de opinión” que tienen los ministros de Estado, incluso sobre sentencias del Poder Judicial, señalando que se trata de personeros de “un área sectorial que ha dado una opinión, luego que un fallo ha sido completamente terminado”.

Y remarcó que “no hay un conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, no queremos ningún conflicto de carácter institucional” , sino que “hay una opinión diversa acerca de cuál es la extensión del derecho de opinión” .

“Me extraña que en un país democrático el derecho a opinión esté limitado “, insistió, aunque reconoció que “no es una situación que se presente todos los días”.

Sin embargo, consultado respecto de si respalda que Benítez sostuviera que la Corte no tenía competencia técnica para pronunciarse como lo hizo en el caso Castilla, Chadwick se limitó a repetir dos veces que “respaldo la actuación y el ejercicio del derecho de opinión de la ministra Benítez”.

Y ante una eventual acusación constitucional, el vocero sostuvo que “me parecería bastante extraño que los parlamentarios siguieran o continuaran un camino marcado ya por la Corte Suprema” .

Representates de varias empresas tambien apoyaron las declaraciones de la Ministra María Ignacia Benítez, frente al fallo que paralizó el proyecto termoeléctrico Central Castilla.

“Lo que la ministra ha señalado es una gran verdad. Nadie pone en tela de juicio el imperio que la Corte Suprema tiene para dirirmr las controversias en Chile, de manera tal que los fallos son absolutamente inapelables y eso lo compartimos todo. Lo que entendemos que está preocupada la ministra es que los permisos que está entregando la institucionalidad ambiental se han debilitado porque los recursos que se están interponiendo en los tribunales están limitando su posibilidad de implementación”, señaló a periodistas el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Andrés Concha, en el marco del seminario eléctrico: ¿Dónde está el circuito?, organizado por la Sofofa.

“El problema de fondo que estamos enfrentando hoy día es que los permisos administrativos que están entregando los órganos ambientales están siendo impugnados y llevados a tribunales y los tribunales están tomando decisiones que en el caso más extremos como es el caso de Castilla se canceló. Ese proyecto de generación eléctrica, destinado a abastecer principalmente proyectos en la minería no se va a poder materializar, por lo tanto eso obviamente que retrasa el inicio de los proyectos mineros que necesitan de seguridad energética para poder echar a caminar esos proyectos”, añadió.

En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, señaló que las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, “reflejan de alguna manera la preocupación que tiene el gobierno y que debe tener el país frente al tema energético”.

“La incetidumbre no viene ahora por las opiniones de la ministra, viene por todas las dificultades que tienen los proyectos eléctricos de ser aprobados. esta situación no es reciente, es una situación que está permanentemente”, señaló. En la ocasión, el presidente de la CPC también criticó el fallo que paralizó Castilla e indicó que “no nos gusta”.

“Es un fallo negativo para este país, porque significa que hay ciertos proyectos que se demoran mucho en ser tramitados, en ser desarrollados, en ser construidos. Aquí se está hablando de casi, 7, 8, 9 años de que un proyecto de generación eléctrica llegue a producir, por lo tanto desde ese punto de vista hay que hacer algo con urgencia”, enfatizó.

“Esto tiene un efecto que produce intranquilidad sobre todo en este tipo de inversiones que son a largo plazo”, concluyó.

http://www.infolatam.com

Gobierno califica a Central Castilla como “molesta” y la deja ad portas de aprobación

Mañana se podría reactivar la tramitación de la Central Castilla, proyecto temoeléctrico impulsado por la empresa MPX Energía del brasileño Eike Batista.

Esto, después que el seremi de Salud de la Región de Atacama, Nicolás Baeza, calificara como “molesta” la central, en contraposición con la calificación de “contaminante”, consignada por la seremi de Salud durante el gobierno de Bachelet, Pilar Merino.

Ayer, en un paso fundamental con miras a la aprobación del proyecto termoeléctrico -que implica una inversión de US$ 4.400 millones y que inyectará 2.354 MW al Sistema Interconectado Central (SIC)- el seremi comenzó a notificar a las partes interesadas del proyecto a través de una breve carta.

“En razón de lo resuelto procedentemente, califíquese para efecto del permiso ambiental sectorial establecido en el artículo 94 del reglamento del SEA, la actividad industrial del proyecto central termoeléctrica Castilla como molesta”, decía el escrito. 
Durante la tarde, además, la intendenta Ximena Matas, quien preside la Comisión de Evaluación Ambiental, citó a los integrantes del organismo, compuestos por los seremis de distintas reparticiones. La cita donde se reactivará la tramitación del proyecto será mañana temprano.


Silencio administrativo


Una vez que se quite la suspensión, el plazo legal que resta para votar el proyecto es de un día. Si la Comisión de Evaluación Ambiental no se pronuncia, podría aplicarse el silencio administrativo y Central Castilla sería aprobado tal como ingresó al sistema.

Sin embargo, esta opción -explican cercanos al proceso ambiental-, aunque probable, se buscará evitar. 
Según dicen, tras el fallo de la Corte Suprema, que cuestionó la forma como el ex seremi de Salud Raúl Martínez había hecho el cambio de la calificación a mediados de 2010, permitiría que el plazo legal de la tramitación se amplíe, al retornar al punto donde la ex seremi de Salud del gobierno de Bachelet la calificó como contaminante, ganando algunos días.

De todos modos, la Comisión de Evaluación deberá votar el proyecto en los próximos días.


Opositores


Conocida la resolución -que debería ser explicada hoy a través de una conferencia de prensa del seremi de Salud-, la intendenta Ximena Matas se reunió con un grupo de opositores al proyecto, quienes le manifestaron su molestia por el cambio de catalogación y anunciaron que analizarán posibles acciones.

Además, durante el fin de semana pasado se conoció que la familia Domínguez, una de las opositoras al proyecto, había llegado a un acuerdo con representantes de la empresa.

Con esto, el complejo escenario que enfrentaba el proyecto mejoró sustancialmente. La familia aceptaba no tomar acciones legales. La empresa, por su parte, aportaba recursos para una fundación y se sometía a una auditoría para evaluar sus emisiones.

DiarioFinanciero.cl