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Las isapres perdieron su batalla ante el Servicio de Impuestos Internos (SII): la entidad resolvió que las costas que incurren las compañías por juicios de cotizantes por aumentos unilaterales de los planes de salud deberán ser consideradas como gastos rechazados. Es decir, no podrán ser descontados para fines tributarios en los balances de las aseguradoras privadas de salud.
A comienzos de mayo, el SII se comunicó con las isapres para que éstas entregaran el detalle que permita comprobar que existieron los gastos asociados a las costas entre 2012 y 2015 y, en segunda instancia, por qué éstos son montos deducibles de impuestos al ser considerados como gastos. Según informó ayer, de acuerdo con este análisis, las Isapres debieran pagar, por concepto de impuestos sobre las costas entre 2012 y 2015, un total de $12.647 millones, incluyendo reajustes, intereses y multas.
El argumento central del servicio fue que las costas por juicios no pueden ser consideradas un gasto inevitable. “No se trata de gastos necesarios para producir sus rentas al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar sus ingresos”, dice la resolución. Según el servicio, las costas cubren los gastos en un proceso judicial “iniciado por el incumplimiento de las normas que regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado de arbitrario”.
La Asociación de Isapres emitió un comunicado, diciendo que “discrepa de la interpretación que ha hecho el SII, pues las costas que pagan son el resultado del proceso de adecuación establecido rigurosamente en la ley de isapres”. Agregan que dado los montos involucrados, “el impacto de tal decisión es impredecible para el sector privado de salud”, y que la interpretación del SII, “confiere una enorme incertidumbre respecto del futuro del sector privado y puede tener impacto en la inversión en salud en Chile”.
El gremio recuerda asimismo que “han manifestado reiteradamente que se requieren cambios en el modelo de aseguramiento para acercar sus principios a los de la seguridad social y resolver el tema de la judicialización y el ajuste de los precios de los planes. A pesar de ello, hoy no vemos una real preocupación del Gobierno por los graves daños que el creciente proceso de judicialización que vive el sistema privado de salud causará a 3,5 millones de afiliados a las isapres”. Por último anunciaron que analizarán la resolución y que cada isapre tomará las decisiones que estime pertinente y que la ley les faculte”.
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