Inflación argentina baja a costa de mayor desempleo y pobreza

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina dan cuenta de una tendencia a la baja de la inflación:

6,5% en abril, 4,2% mayo, 3,1% junio y 2% julio, pero a costa “de ajustar hacia abajo la capacidad de los ingresos de la mayoría de la sociedad”, puesto que dichos ingresos están mayoritariamente congelados o actualizados en valores menores a esa evolución de los precios, según observa el economista Julio Gambina.

Aunque el gobierno de Mauricio Macri presenta con optimismo las cifras macro de la inflación, al ver más allá del promedio éstas reflejan aspectos que no son tan alentadores.
Por ejemplo, el rubro alimentos y bebidas tuvo una inflación el mes de julio de 2,7%, superior al promedio. Entre los que más subieron están los aceites, lácteos, frutas y verduras, muchos de los cuales son parte de la dieta cotidiana. Para Gambina, ese es un dato relevante porque afecta especialmente a los más pobres. 

Por otra parte, es importante considerar que la inflación anualizada (de julio 2015 a julio 2016) “está por encima del 45% según que medición se tome, ya que el INDEC discontinuó su información y solo tenemos datos desde mayo pasado. El ente de la ciudad de Buenos Aires indica un 47% entre julio del 2015 y del 2016”, destaca el analista.
Gambina agrega que para el presente año la proyección de la inflación “rondará el 40%, solo si se mantiene la tendencia descendente de los últimos informes del INDEC”.

Indigencia, pobreza y desempleo en aumento
La actualización de la pobreza del Observatorio social de la Universidad Católica de Argentina muestra un avance de la indigencia desde 5,3% en diciembre de 2015 a 6,2% para fines del primer trimestre del 2016, sumando 400 mil nuevos indigentes.
Según la misma fuente, la pobreza subió de 29% en diciembre pasado a 32,6% a marzo del 2016, incrementando en 1,4 millones la cantidad de pobres para un registro absoluto de 13 millones de pobres sobre 40 millones de habitantes.

Por su parte, el INDEC informa que “la actividad industrial de junio de 2016 presenta una caída de 6,4% con respecto al mismo mes del año 2015” y que “en el primer semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado del año anterior, la producción manufacturera muestra una disminución del 3,3%”.

Entre los rubros que más golpea la recesión están la construcción y la industria automotriz, con fuerte impacto en el desempleo y que destaca por la conflictividad creciente del sector privado, que se agrega al tradicional conflicto de los estatales de los últimos años, según el Informe del Observatorio del Derecho Social de agosto de 2016.
Mientras, la Unión Industrial Argentina registra que en julio se perdió el 9% de los empleos en el sector estatal y privado de la economía con bajas del nivel de actividad económica de la producción manufacturera. La Cámara de la Construcción informa de una tendencia similar y que también se verifica en el sector comercial, que sufre menores ventas y producción, coherentes con el menor consumo y mayor desempleo que se tiene. 

El INDEC además calcula que el salario mínimo llegará a 8.000 pesos (unos 545 dólares) en enero del 2017 contra una canasta actual superior a los 19.000 (cerca de 1.245 dólares).
A todo esto, Gambina agrega que “los ingresos previsionales (principalmente jubilaciones, pensiones) se actualizan dos veces al año en un registro anual del 30% contra una inflación anualizada del orden del 45% y una tendencia a cerrar el año en torno al 40%, lo que supone una pérdida proyectada mínima de 10%”. El resultado económico social presentado aquí parece estar a contramano de la promesa gubernamental de lograr pobreza cero.

Se registra una conflictividad creciente
El periodista argentino Fernando Rosso afirma que en los ocho meses de la administración Macri “hubo prácticamente una manifestación masiva por mes, en un contexto de conflictividad creciente”.

Según el Informe de coyuntura II Trimestre de 2016 elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la conflictividad en el sector privado aumentó un 22% en comparación al segundo trimestre del año anterior. En el sector público la cantidad de conflictos fue menor, pero con mayor número de participantes en cada conflicto o manifestación.

Pero Rosso observa que son en muchos casos los propios dirigentes sindicales los que “administran” el malestar social para “orientarlo hacia su reclamo corporativo de fondos para las obras sociales, como moneda de cambio para la paz social. Y alimentan el lógico temor a los despidos o ataques para imponer la quietud del grueso de los trabajadores, vía la coacción y el miedo”.

Gambina parece coincidir cuando nota que el gobierno de Macri “negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. Los fondos devueltos (apenas 2.700 millones de pesos sobre un total de 30,000 millones congelados en una cuenta del Banco Nación por 10 años) para obras sociales actúan en ese sentido, comprando voluntades de la burocracia sindical para alejar la perspectiva del paro nacional”.

Considerando que la administración Macri asumió el poder con la mitad del electorado en contra, minoritaria en el Congreso y que fue perdiendo apoyo social con el pasar de los meses, “el aporte de los dadores voluntarios de gobernabilidad es invalorable”, sentencia Rosso.

El problema no reside en la falta de disposición o voluntad de resistencia en la sociedad, sino en la capacidad de integración del grueso de quienes se erigen como sus representantes sindicales y políticos, afirma el analista.