Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Congreso en enero, durante el frenesí legislativo. Sin embargo, han pasado los meses y recién el Tribunal Constitucional (TC) comenzó a revisarlos para que posteriormente sean promulgados.
Se trata de la Ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, además de la Ley de partidos. La primera fue analizada en las sesiones del 10, 15 y 17 de marzo por el TC, mientras que la segunda se revisará el próximo martes 22.
A siete meses de las elecciones municipales, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, es quien se ha mostrado más inquieto por la demora en la promulgación de los proyectos.
Y es que una vez que entren en vigencia, el organismo estará íntimamente ligado con ellas, en especial con la que fortalece la política y que le otorgará atribuciones fiscalizadoras al Servel respecto a limitar y controlar el gasto en campañas, ver el avisaje y fiscalizar la correcta utilización de la propaganda.
Santamaría ha sido insistente en el tema y lo ha planteado en cuanta entrevista ha concedido. De hecho, lo hizo el pasado viernes en Puerto Varas cuando participó en la clausura del Congreso Nacional de Concejales.
Allí, el abogado señaló que a sólo 17 días del vencimiento del plazo para declarar las candidaturas de las primarias legales de alcaldes y alcaldesas -procesos que debieran regirse por el nuevo marco legal-, hubiera preferido exponer sobre un ley ya aprobada y en plena implementación.
“Y no sobre un proyecto de ley, en control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, trámite previo a la publicación y entrada en vigencia de lo que constituye una de las más grandes reformas del sistema electoral y del propio Servel”, aseguró.
El abogado añadió que con la demora del TC “la tensión a la que se le está sometiendo (al organismo) es evidente e innegable”.
Ello, porque la entidad tendrá que capacitar a una gran cantidad de funcionarios para que puedan fiscalizar el proceso electoral, algo que Santamaría esperaba que comenzara en septiembre del año pasado.
Preocupación transversal
Pero el director del Servel no es el único que está preocupado por la demora.
El diputado de Renovación Nacional (RN), Alejandro Santana, expresa que ha faltado voluntad para promulgar la nueva norma. “Lo que se requiere es un esfuerzo de todos y hay que generar espacios y tiempos para aplicar la ley”, dice.
Agrega que “no hay excusas para que no se aplique en esta elección municipal y aunque estamos contra el tiempo, tenemos que implementarla de la mejor manera posible para dejar los errores del pasado atrás”.
Consultado si cree que el retraso en la promulgación de la ley afectará el desarrollo normal de la campaña, Santana espera que no. “Con la nueva normativa se requieren más recursos, horas y capacitación para habilitar toda la regulación, pero habrá que hacerlo de alguna manera porque es necesario que la ley entre en vigencia y se cumpla en esta elección”, afirma.
El secretario general del Partido Socialista (PS), Pablo Velozo, cree que todo el retraso es responsabildiad del TC, sin embargo, la opinión pública cree que son las colectividades las que han ido frenando el proceso.
“Y está toda la presión por la comisión Engel y lo que tiene que ver con transparentar los gastos en las campañas, entonces, mucha gente piensa que estamos retardando todo, pero no es así”, comenta.
Respecto a si la tardanza impactará en la municipal de su colectividad, estima que no. Y tampoco en los partidos grandes. “Los que sí podrían tener problemas son los chicos o que recién se están formando”, sostiene.
Su mayor preocupación, eso sí, tiene que ver con la demora que está teniendo la Ley de Primarias, que tiene una indicación en el Senado.
“Está entrampada allí y hay gente muy ansiosa con el retraso”, explica Velozo, quien participó en el Congreso de Concejales en Puerto Varas el viernes pasado.
Allí, varios militantes de su partido y de otras colectividades plantearon la necesidad de que se realicen primarias legales y transparentes.
“Muchos creen que están en riesgo los pactos y que lo más probable es que no se puedan realizar los procesos de manera normal. No en esta elección al menos”, recalca.
FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
La ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos (financiamiento de campañas) establece, entre otras cosas, la prohibición de aportes de personas jurídicas a las campañas. Además, señala que para que los partidos accedan a fondos públicos, tendrán que reinscribir a sus militantes hasta 12 meses después de promulgada la ley.
Respecto a los aportes estatales, estos suben de 0,01 UF a 0,02 UF por votos obtenidos en la última elección. A su vez, se incrementan los aportes que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al final de las campañas, de 0,03 UF a 0,04 UF por voto obtenido. Algo que se traduce en mil pesos por sufragio.
En cuanto a las atribuciones del Servel, si éste establece que alguien otorgó u obtuvo aportes por montos que excedieron en un 40% los topes establecidos, podrá ser castigado con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, sanciones que van de los 61 días a los 3 años y un día.
Sobre la propaganda, sólo podrá ser instalada en plazas, parques u otros espacios públicos autorizados por el Servel. El tamaño de los carteles no podrá superar los seis metros cuadrados y los candidatos deberán denunciar cualquier falta cometida por sus brigadistas.
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