A La Moneda arribó ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, para reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos, con el objetivo de manifestar la “profunda” preocupación del empresariado frente a los hechos de violencia en la zona de La Araucanía.
Tras el encuentro, que se extendió por una hora y media, el timonel del máximo gremio empresarial del país aseguró que en la instancia le expresaron al secretario de Estado la preocupación existente más allá de los diagnósticos. “Esto lleva mucho tiempo, este es un tema muy complejo, que ha superado gobiernos e instancias”, sostuvo Salas. Por esto, agregó, “creemos que es el momento de actuar y hemos ofrecido la colaboración de los empresarios para ayudar a tener una visión compartida de cómo podemos erradicar esta violencia”.
El dirigente indicó que coincidió con el gobierno en la necesidad de avanzar en la solución de esta problemática. Así, planteó la necesidad de desarrollar una mesa de trabajo en La Araucanía con el apoyo del gobierno y todos los sectores.
Y, además, anunció que el comité ejecutivo de la CPC sesionará próximamente en Temuco donde se reunirán con diversas autoridades y parlamentarios de la zona para desarrollar un trabajo conjunto. Asimismo, Salas reiteró la importancia de mantener el estado de derecho y de colaborar en todas las instancias que ayuden a dar solución a las diversas aristas que tiene este tema y se ponga fin a los conflictos.
“Estos grupos violentistas son menores, son efectivos, es cierto, pero hay que condenarlos socialmente. Hay que quitarle todo atisbo de legitimidad. No es esa la manera en que construimos el país”, insistió.
Sobre la necesidad de decretar un estado de excepción constitucional en la zona, Salas señaló que “creemos que ante hechos graves -nosotros hemos analizado la posibilidad de que el gobierno estudie otras instancias constitucionales-, pero creemos básicamente que esta manera de entenderse en un diálogo amplio, participativo y legítimo, debiera ser la manera en que superemos esto. Ya los diagnósticos están más que realizados”.
Y agregó que el gremio planteó dicha alternativa al Ejecutivo. “El gobierno lo ha estudiado y lo ha desestimado”, apuntó.
El jueves pasado, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) acusó que La Araucanía “sufre la indiferencia de las autoridades”. Asimismo, Sofofa respaldó a la Multigremial de la Araucanía con su solicitud de declarar Estado de Excepción en zonas donde frecuentemente se cometen delitos violentos, haciendo un llamado al gobierno a tomar medidas concretas.
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