La polémica que generó la decisión de la mesa de la Cámara de Diputados al declarar admisible la moción para anular la Ley de Pesca, sigue adelante.
Si bien ahora será la comisión de Constitución la que deberá analizar el fondo de la propuesta presentada por el Partido Comunista, las opiniones no tardaron en llegar.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló ayer que propondrán modificaciones a la Ley de Pesca de tal manera de perfeccionarla para que represente adecuadamente “los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad”.
Además, el secretario de Estado sostuvo que “como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”.
Comisión citará a expertos
Para la abogada constitucionalista Olga Feliú, anular la ley no es una opción viable ya que, según explica, esto implica “una sanción a un acto sea cual sea: una ley, un acto administrativo o un contrato de compra-venta, por ejemplo”. En consecuencia, dice, tiene que estar expresamente contemplado en la ley, tiene que estar establecido y en este caso no lo está.
“Se requeriría que la Constitución establezca la posibilidad de anularla”, dice y agrega que es necesario tener en cuenta la diferencia entre anular y derogar una ley, “quedaría sin sentido todo lo que se ha hecho a su amparo”.
En tanto, el diputado Arturo Squella, integrante de la Comisión de Constitución, que tendrá que revisar el fondo de la moción, señala que la mesa de la Cámara de Diputados “no se atrevió a declarar inadmisible este proyecto y ahora tendremos que verlo en la Comisión de Constitución”.
El diputado dice que la comisión llamará a expertos por tener todas las opiniones. “Es una materia muy delicada, soy partidario de llamar a todas las Facultades de Derecho, aquí hay que analizar temas tanto de derecho constitucional y administrativo”, sostiene.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que “la única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario”.
El dirigente gremial agregó que la discusión respecto de la moción puede ser una señal determinante para el futuro. “Por eso, llamamos a quienes la Constitución les concede la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional, a hacerlo sin dilaciones, a fin que este órgano ponga término a esta iniciativa inconstitucional e ilegal. Estamos ciertos que el gobierno tomará también las acciones necesarias”.
La Sofofa también expresó su preocupación. Su presidente, Hermann Von Mühlenbrock, expresó que les preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica.
“Esta es una ley que cumplió con todos los trámites legislativos correspondientes, siendo el mismo Congreso quien la aprobó por mayoría y donde se determinaron las condiciones bajo las que operaría el sector en los próximos años”, dijo.
El dirigente agregó que “desconocer ese trabajo no sólo marca un precedente preocupante para otras leyes, sino que enloda todo el trabajo legislativo realizado por los parlamentarios que conforman ambas Cámaras y que analizaron, mejoraron y aprobaron esta ley”.
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