2015/12/14

Ex ejecutivos de La Polar regresan mañana al Centro de Justicia para nueva audiencia y enfrentar posible juicio abreviado

Azucena González San Martín
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Intensas gestiones se seguían al cierre de esta edición, que podrían derivar en el fin del bullado caso La Polar esta próxima semana, al menos en su arista penal. En el detalle, el acuerdo incluye un pago a beneficio fiscal cuyos montos están en un rango de entre $200 millones y poco más de $350 millones por cada uno de ellos. 



añana, a partir de las 9:30 horas, la sala D 101 del Centro de Justicia de Santiago será el escenario en que se volverán a ver las caras los ex ejecutivos de La Polar Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno.

Para mañana -justo cuando coincidentemente se cumplen cuatro años desde que el 14 de diciembre de 2011 los ex ejecutivos se sentaron frente a la Fiscalía de Alta Complejidad y fueron formalizados por primera vez- está citada una nueva audiencia en el denominado caso La Polar, que se destapó aquel año.

De no mediar alguna situación extraordinaria, tras esta audiencia fructificará un acuerdo por el cual los ex ejecutivos y la fiscalía se allanarán a zanjar esta causa con un juicio abreviado.

Esto, en la práctica significa que los imputados aceptarán los hechos y antecedentes de la acusación del fiscal sin ir a un juicio oral. La pena sería de cinco años, la más alta existente en la legislación para un procedimiento abreviado, en el que los afectados cumplen dicha pena en libertad, aunque con ciertas medidas de sujeción a la autoridad, como firma periódica, por ejemplo.

De concretarse este escenario, tras la audiencia -que podría prolongarse por un par de días- terminará la arista penal de este bullado caso empresarial, que se desató cuando quedó al descubierto que la multitienda había efectuado repactaciones unilaterales de créditos, sin consentimiento de los clientes, lo que abultó artificialmente los estados financieros de la compañía.

Aunque los tiras y aflojas con los involucrados seguían siendo intensos hasta el cierre de esta edición, fuentes cercanas a la causa explican que unos y otros ven en el juicio abreviado la salida más eficiente. ¿Por qué? Aunque los afectados siguen sosteniendo en su ámbito privado que son inocentes, tienen claro que es muy poco probable que serían absueltos si enfrentan un juicio oral.

Del mismo modo, tienen también muy presente que tampoco es probable que en un juicio oral el Ministerio Público lograra condenas efectivas de cárcel. Esto, por cuanto incidirán factores atenuantes -como la irreprochable conducta anterior-, hasta el hecho de que a todos les correspondería descontarles de sus penas el tiempo que ya pasaron privados de libertad. Tanto el tiempo en que quedaron en prisión preventiva, como el lapso en que esa medida cautelar fue cambiada por arresto domiciliario total o nocturno.
María Isabel Farah, por ejemplo, estuvo en prisión preventiva unos seis meses, y luego con arresto domiciliario nocturno por más de tres años.

Así las cosas, tanto los imputados como el propio Ministerio Público saben que ir a un juicio oral no cambiaría mayormente el escenario de las penas más probables que reciban y, en cambio, sí sería solo un costo estar 10 meses o más enfrentando el caso.
Aunque en la semana hubo rumores de que Pablo Alcalde seguía muy renuente al juicio abreviado y quería ir al juicio oral para demostrar su inocencia, fuentes del caso explican que la fiscalía siempre ha planteado que la salida de juicio abreviado es para todos o ninguno, para cerrar el caso con todos.

Sin embargo, las mismas fuentes explican que si Alcalde se descolgara mañana y decidiera no ir a un juicio abreviado, no es tan claro que el ministerio dejaría de perseverar en el juicio abreviado para Farah y Moreno. Un alto conocedor así lo explica: "En ese escenario, para el Ministerio Público igual es más fácil enfrentar el juicio oral solo con un imputado y tener a los otros dos de testigos que colaboren en esa causa".

Pago a beneficio fiscal por entre $200 millones y $350 millones cada uno
Además de los cinco años, varias fuentes cercanas a la causa explican que Farah, Moreno y Alcalde deberían allanarse a pagar a beneficio fiscal un monto que ya está calculado: entre $200 millones y poco más de $350 millones cada uno.

Dicha cifra corresponde a un pago que en jerga legal se denomina la "pena de comiso", que está directamente relacionada con uno de los delitos que se les imputan: lavado de activos, es decir, sancionar los bienes o activos que percibieron de manera irregular (ya sea porque vendieron acciones o porque percibieron bonos remuneracionales) y que, a su vez, están vinculados con los otros ilícitos que sustentan esta causa.

En el caso de Julián Moreno y María Isabel Farah, se trata de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado, además del mencionado lavado de activos. Pablo Alcalde, en cambio, no enfrenta información privilegiada, pero sí entrega de información falsa al mercado, y otro cargo: declaración maliciosamente falsa.

Conocedores del caso explican que aunque estos montos puedan parecer bajos, hay que precisar que estos no guardan relación alguna con las diversas causas civiles que siguen abiertas en los tribunales y que varios afectados -accionistas minoritarios, AFPs, entre otros- han interpuesto en pos de lograr indemnizaciones por los perjuicios que les ocasionó la debacle de La Polar en 2011.

Es por ello, revelan conocedores, que los afectados, en general, tienden a no cuestionar la pena de comiso, pues en el fondo les interesa más que los afectados tengan patrimonio para hacer frente a esos futuros fallos de la justicia civil y a las indemnizaciones, que los pagos al fisco.
Un botón de muestra: solo en una de las demandas, las AFP Cuprum, Habitat y Planvital tienen demandado a PwC y a varios ex ejecutivos de La Polar por unos US$ 470 millones.
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