2015/11/30

Maitencillo y la punta de la discordia

La construcción de un proyecto inmobiliario de 28 exclusivos departamentos en los terrenos del ex hotel Las Rocas de Maitencillo, es la nueva pelea veraniega del balneario de la Quinta Región. Mientras la inmobiliaria ligada al grupo Hornauer asegura tener “todo en orden”, el alcalde quiere “de corazón” parar el proyecto.
Por: Carla Sanchez M. 
Fotos: Verónica Ortíz
maitencillo
Ricardo Silva creció en los pasillos del desaparecido hotel Las Rocas de Maitencillo, de propiedad de la familia Piraino. Su papá, Luis, llegó al balneario en la década de los 50 como maestro de cocina de este exclusivo lugar, centro de reuniones de los maitencillanos por décadas. Fue aquí donde llegó el primer televisor, un Westinghouse enorme donde los huéspedes pudieron ver el Mundial del 70. También donde se instaló el primer teléfono de la zona.
“Era un lugar muy bonito que tenía capacidad para 80 pasajeros. Fue la discoteque de los lolos en los tiempos de dictadura”, recuerda Silva, pescador de la caleta cercana al ex hotel. Con el tiempo, las cosas se fueron complicando para la familia Piraino, que no tuvo la capacidad financiera para reinvertir, según cuenta. El recinto se transformó en un centro de eventos donde se realizaban fiestas y matrimonios: incluso el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco y Consuelo Saavedra se casaron aquí. Hasta que quebró.
Hoy, el ex hotel está en el centro de la polémica. Un proyecto inmobiliario de 28 exclusivos departamentos dúplex, emplazados en la estratégica punta de diamantes, provoca la furia de los locales que formaron la comunidad “No a Rocas de Maitencillo”, que aboga por “un balneario que crezca en armonía con el lugar y que se defienda el patrimonio natural e histórico de Maitencillo”. Su presidenta, Francisca González, alerta en duros términos: “Hoy, ya no tenemos puesta de sol porque se esconde tras el edificio que están levantando”.

El origen del conflicto

En la última década se ha intensificado el desarrollo inmobiliario en este balneario de la Quinta Región, rebalse natural de Cachagua y Zapallar. Y los conflictos han escalado a tal nivel, que varios hablan de “Pleintencillo”. El pequeño poblado supera los 20 mil veraneantes cada temporada y, hasta ahora, no cuenta ni con agua potable ni con alcantarillado. Recién a partir del 2017 Esval concretaría el inicio de los servicios sanitarios en la zona.
Todos quieren lograr un espacio en el borde costero, y las propiedades disponibles se han convertido en tesoros preciados. Tanto, que el valor del metro cuadrado se ha más que triplicado desde el 2000.
Uno de ellos es el ex hotel Las Rocas de Maitencillo. Emplazado en más cinco mil metros en primera línea, esta propiedad pasó de estar en las manos de la familia Piraino, que en los 90 vendió el 50% al abogado Ricardo Abuabuad, al grupo Hornauer, dueños de CGE en 2008.
En marzo de 2013, la Dirección de Obras, según consta en la ordenanza número 136, “concluyó que no contaba con la documentación suficiente para certificar la vigencia del permiso”, de construcción del hotel.
El destino natural para este atractivo terreno era reconstruir el alicaído hotel, algo que entusiasmaba a los maitencillanos. De hecho, el arquitecto Patricio Vivanco diseñó en 2007 un proyecto de condominio-hotel, donde los propietarios entregarían la administración de sus departamentos. La obra nunca se concretó.
El 10 de junio de 2008, inmobiliaria Las Rocas –perteneciente a los Hornauer y a un grupo de inversionistas liderados por Gerardo Fernández– adquirió el terreno en cuestión con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Puchuncaví para la construcción de 18 mil metros cuadrados.
“Estudiamos la posibilidad de hacer un hotel ahí, pero lo descartamos por la magnitud del proyecto. Nunca hemos sido rompe ciudades. Por eso nos fuimos al plan B: un edificio boutique de 28 departamentos”, advierte Ronald Johnson, gerente de operaciones de la inmobiliaria.

“No a Rocas de Maitencillo”

El 22 de mayo de 2009, la Dirección de Obras de Puchuncaví autorizó el levantamiento de un edificio de ocho pisos y un subterráneo. Las condiciones de edificación se adaptaban al Plan Regulador Comunal de 2006, que permitía la construcción de viviendas en esa zona y que en ese momento se estaba modificando.
De ahí en adelante, las aguas se agitaron en el balneario.
Phillipe Demartin, de la junta de vecinos número 11, es un misionero suizo que vive hace más de una década en Maitencillo. En su afán por servir a la comunidad ha encabezado diversas acciones ciudadanas contra proyectos que, a su juicio, ponen en riesgo a la localidad. Participó en la discusión del nuevo plan regulador, luchó por la falta de agua y se opuso al proyecto Costa Laguna, un desarrollo inmobiliario que incluye una laguna artificial de 2,5 hectáreas desarrollada por Crystal Lagoons.
Fue precisamente un miembro del movimiento “No a Costa Laguna” el que le comentó el año pasado a Phillipe Demartin y a Francisca González, otra maitencillana, que se venía el proyecto inmobiliario en los terrenos del ex hotel. Rápidamente, crearon el comité de defensa del borde costero de Maitencillo para poder tener personalidad jurídica y dar la batalla.
“Lo primero que nos llamó la atención es que el permiso de obra que obtuvieron fue a puertas cerradas, porque el año 2009, a raíz de las modificaciones que estaba experimentando el plan regulador, la entrega de permisos estaba congelada”, explica González.
Dicha autorización, según la presidenta del comité, caducaba en mayo de 2012, tres años después de haberse obtenido. Así, el 5 de abril de 2012, la inmobiliaria informó a la Dirección de Obras del inicio de la construcción y presentó como evidencia fotos certificadas, las que, según la inmobiliaria, “muestran en faenas a camiones de fletes, retroexcavadoras, trazador, carpinteros y jornales”.
En 2013, la inmobiliaria presentó el anteproyecto de arquitectura a Phillipe Demartin y otros miembros de la junta de vecinos de Maitencillo. “Conversamos con los dirigentes y logramos un acuerdo: decidimos bajar una torre completa y proyectar en ese lugar un restaurante. Pero esa información nunca llegó a la comunidad”, advierte Ronald Johnson. El condominio finalmente quedó con sólo 28 departamentos y 5.100 metros construidos, reduciendo en un 75% la superficie de construcción original. Una inversión de más de 100 mil UF.
El 10 de junio de 2008, inmobiliaria Las Rocas –perteneciente a los Hornauer y a un grupo de inversionistas- adquirió el terreno. “Estudiamos la posibilidad de hacer un hotel ahí, pero lo descartamos por la magnitud del proyecto. Por eso nos fuimos al plan B”.
Demartin, sin embargo, desmiente cualquier tipo de acuerdo. “Nunca dimos la aprobación”.
La pelea fue subiendo de tono a tal punto que en marzo de ese año, la Dirección de Obras, según consta en la ordenanza número 136, “concluyó que no contaba con la documentación suficiente para certificar la vigencia del permiso”. Algo que hoy Johnson niega de plano. “Nosotros tenemos todos los permisos en orden”, explica, y agrega que en 2014 se aprobó la última modificación al proyecto. “Fuimos a exponer al concejo municipal por invitación de la alcaldía. Les explicamos por qué no podíamos construir un hotel, que queríamos hacer un restaurante a solicitud de la comunidad, y prácticamente sacamos aplausos porque lo que estábamos ofreciendo obviamente era mucho mejor que lo que incluso el plan regulador permitía”, cuenta.
Una explicación que a Francisca González no le cuadra. “Es extraño que a raíz de una nueva presentación de la inmobiliaria, amparados en un informe de un revisor independiente, modifican el proyecto y la Dirección de Obras determina que el permiso está vigente, cuando ya había señalado que no lo estaba”.

Se inicia la batalla legal

Ricardo Silva es tajante al explicar por qué no les gusta el proyecto Rocas de Maitencillo. “Al pueblo le sirve un hotel”, dice este pescador.
-Pero ¿tienen claro que si se construye un hotel va a haber un mayor tráfico de gente en este balneario?
“La gente viene al hotel en un auto, al departamento llegan en dos o tres. Además, en dos años más llegará agua potable”, dice Francisca González, quien insiste en que “perdimos el acceso público al borde costero porque el edificio está pegado al mar, y de pasada perdimos la vista”. Silva agrega que “ellos no tienen planta de tratamiento, van a construir un drenaje, pero ahí son puras rocas, ¿A dónde va a ir a parar el agua?”.
Desde la inmobiliaria aseguran que en mayo de 2014, la Seremi de Salud aprobó el proyecto de agua y alcantarillado de los 28 departamentos, cuyo costo parte de las 13 mil UF. “Estábamos dispuestos a hacer un estudio de impacto ambiental, pero la autoridad dijo que no era necesario”, explican.
Una cosa es el agua potable. Pero otra, el agua de mar. Las últimas marejadas, ocurridas en agosto pasado, entraron al condominio. La inmobiliaria aclara que “la obra no registró ningún daño, salvo en el cierre perimetral, y, producto de las lluvias, algunos árboles cayeron en la construcción”. ¿Qué pasa si ocurre un tsunami? “La edificación se levantó 1,8 metros más arriba que el hotel original. Además, los antiguos rompeolas se reconstruirán en hormigón y no en piedra y serán más altos que los existentes”, aclara Johnson.
Mientras en la puntilla las grúas avanzan en la construcción del edificio, que ya lleva un 30% completado, en tribunales se mueven las acciones legales. El comité de defensa presentó una querella por el delito de falsificación de documentos públicos en contra de tres ex directores de Obras que participaron en la entrega de permisos del proyecto.
Desde Valparaíso, el fiscal Mauricio Dunner señala que “esta causa se ha estado investigando a partir de la fecha que se recibió la denuncia y se despachó orden de investigar a la PDI, la cual entregó tiempo atrás un informe, el que ha dado origen a otras diligencias que se mantienen en reserva”.
Además, el comité de defensa solicitó a la Municipalidad la paralización inmediata de las obras, algo que la Contraloría dictaminó hace más de un mes.
“La Contraloría resolvió que el proyecto se está construyendo sin permiso vigente y, por lo tanto, toda esa obra y la actuación del actual director que no las paraliza son ilegales. Sospechamos que pueden haber delitos asociados a ello”, afirma el abogado del comité, Juan Carlos Palma.
El documento de la Contraloría dice que “no se advierte la existencia de documentos que permitan afirmar, con la debida certeza, que dentro del plazo de los tres años siguientes a la emisión del permiso de que se trata, se hubieran iniciado los trabajos correspondientes”. Además, cita el caso del mall 14 Norte en Viña que fue paralizado, y agrega que “la municipalidad de Puchuncaví deberá determinar, de ser el caso, la necesidad de regularizar la situación de las edificaciones ejecutadas sin el amparo de un permiso vigente”.
Al respecto, Johnson es tajante: “El informe de la Contraloría no es concluyente, condiciona la paralización a alguna irregularidad, pero nosotros tenemos todos los permisos vigentes y nadie nos ha notificado que debemos detener la construcción”.

“El corazón del alcalde”

Acalorada estuvo la discusión el 19 de noviembre pasado en la Municipalidad de Puchuncaví. En sus dependencias se realizó otro concejo para discutir el proyecto que tiene a los vecinos enfrentados con las autoridades. La agrupación ciudadana le exigió al alcalde Hugo Rojas detenr la construcción, a su juicio, ilegal.
“Como alcalde, estoy reuniéndome con toda la unidad jurídica de la comunidad y quiero de corazón paralizar el proyecto, pero para eso quiero encontrar todos los antecedentes que respalden la decisión”, dice el edil. Para ello, el municipio solicitó a la Contraloría mayor precisión en los alcances de su pronunciamiento. “Uno tiene que respaldar el sentir de la comunidad, pero sin descuidar el principio de la legalidad”, aclara.
Mientras eso no ocurra, Rocas de Maitencillo sigue avanzando a paso firme para terminar los departamentos en diciembre de 2016, tal como está estipulado en el plan original. El proyecto ha sido todo un éxito: ya han vendido el 60% en verde. Y se anotaron un triunfo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso al ganar un recurso de protección presentado por Rodrigo Patricio Pica, un vecino, contra la inmobiliaria por infringir la ley de urbanismo. Una acción legal que nada tiene que ver con las presentadas por el comité de defensa del borde costero que, aclara, no descansará hasta que las máquinas dejen de funcionar. •••
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