En momentos en que la sala del Senado inició ayer el análisis del proyecto de reforma laboral con miras a aprobar la idea de legislar con el concurso de los votos del oficialismo, los llamados que claman por abrir espacios de mejora a lo planteado en la iniciativa original siguen escalando posiciones.
Se trata de planteamientos transversales, en donde las voces del sector empresarial son sólo unas más junto con las de diversos centros de estudio y académicos y, ahora último, también junto a la de economistas afines a la propia coalición de gobierno y no pocos parlamentarios oficialistas que no comulgan con los aspectos más controvertidos de la iniciativa, en particular, aunque no sólo eso, con la prohibición a todo tipo de reemplazo en caso de huelga.
Más allá de que el momento económico para promover cambios que acrecientan la incertidumbre entre los agentes económicos no es para nada el más propicio, entre los argumentos que cada vez más interlocutores exponen está el que lo que se está proponiendo para Chile es incluso más restrictivo que lo que se conoce como el estándar OCDE, desequilibrando las fuerzas en juego en la negociación laboral a favor de los sindicatos.
La situación que se ha configurado, no obstante que las nuevas autoridades económicas siguen evaluando posibles ajustes, es de un inexplicable compás de espera que tiene a muchas empresas, como lo reveló ayer una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago, revisando sus planes de contratación. Resulta paradojal que siendo tan evidentes los inconvenientes que tiene la actual iniciativa no se informe que se le harán correcciones sustantivas que son de sentido común y técnico.
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