Proyecto será presentado hoy y la próxima semana inicia su trámite en el congreso.
Hoy quedarán despejadas todas las dudas cuando la presidenta de la República, Michelle Bachelet, firme a las once de la mañana el proyecto de ley de fortalecimiento de la negociación colectiva y sindicalización, más conocido como reforma laboral.
Tras varios meses de diálogos con el actor preferente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y con los demás gremios y bancadas de todos los bloques, el gobierno enviará al Congreso una iniciativa que despierta tantas pasiones como los impuestos.
La ruta de navegación que La Moneda ha conversado con los partidos de la Nueva Mayoría (NM) contempla que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados con urgencia simple y se discuta durante el primer semestre del próximo año, con el fin de dar poco espacio para la incertidumbre en el mercado.
En el oficialismo destacan que los lineamientos del texto cuyo corazón es la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga, ya son conocidos por la mayoría de actores, por lo que no habría espacio para grandes sorpresas en el articulado final.
También enfatizan que los nueve titulares recogen los postulados del programa de gobierno y se alinean con la Declaración de Voluntades que firmaron en 2012 la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Sin embargo, en el gobierno son conscientes de que la ecuación perfecta es imposible, menos aún en materia laboral. Por eso se ve con inquietud las gestiones que podría realizar el sector más radical del mundo sindical en el Congreso para buscar indicaciones.
Fue el secretario general de la CUT, Arturo Martínez, quien la semana pasada adelantó que a la organización no le interesa amarrar un acuerdo con el Ejecutivo para tener libertad en el Parlamento de introducir más ajustes, como la modificación del artículo 161 del Código del Trabajo, que regula el despido por necesidades de la empresa, la negociación colectiva ramal y el derecho a huelga en las empresas estratégicas.
También está abierta la opción de que el empresariado -sector que no comparte el contenido general y ha criticado que el diálogo ha sido insuficiente- trate de influir en la iniciativa, buscando incorporar más temas de adaptabilidad laboral.
Desde la oposición, RN y la UDI han advertido que el proyecto no protege el empleo y que parte de un diagnóstico errado al estar enfocado en el fortalecimiento de los sindicatos, y que velarán que se respete el principio constitucional de libertad sindical, el cual indica que el derecho de negociación colectiva no es del sindicato, sino que del trabajador.
Tras varios meses de diálogos con el actor preferente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y con los demás gremios y bancadas de todos los bloques, el gobierno enviará al Congreso una iniciativa que despierta tantas pasiones como los impuestos.
La ruta de navegación que La Moneda ha conversado con los partidos de la Nueva Mayoría (NM) contempla que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados con urgencia simple y se discuta durante el primer semestre del próximo año, con el fin de dar poco espacio para la incertidumbre en el mercado.
En el oficialismo destacan que los lineamientos del texto cuyo corazón es la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga, ya son conocidos por la mayoría de actores, por lo que no habría espacio para grandes sorpresas en el articulado final.
También enfatizan que los nueve titulares recogen los postulados del programa de gobierno y se alinean con la Declaración de Voluntades que firmaron en 2012 la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Sin embargo, en el gobierno son conscientes de que la ecuación perfecta es imposible, menos aún en materia laboral. Por eso se ve con inquietud las gestiones que podría realizar el sector más radical del mundo sindical en el Congreso para buscar indicaciones.
Fue el secretario general de la CUT, Arturo Martínez, quien la semana pasada adelantó que a la organización no le interesa amarrar un acuerdo con el Ejecutivo para tener libertad en el Parlamento de introducir más ajustes, como la modificación del artículo 161 del Código del Trabajo, que regula el despido por necesidades de la empresa, la negociación colectiva ramal y el derecho a huelga en las empresas estratégicas.
También está abierta la opción de que el empresariado -sector que no comparte el contenido general y ha criticado que el diálogo ha sido insuficiente- trate de influir en la iniciativa, buscando incorporar más temas de adaptabilidad laboral.
Desde la oposición, RN y la UDI han advertido que el proyecto no protege el empleo y que parte de un diagnóstico errado al estar enfocado en el fortalecimiento de los sindicatos, y que velarán que se respete el principio constitucional de libertad sindical, el cual indica que el derecho de negociación colectiva no es del sindicato, sino que del trabajador.
Marco constitucional
En materia de negociación colectiva, la Constitución Política resguarda que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva para impulsar cambios legales en esa línea.
Sin embargo, la norma actual deja espacio para que se introduzcan ajustes a través de mociones parlamentarias en otros temas como sindicalización y despidos.
"Está la posibilidad de que se hagan indicaciones en la Cámara de Diputados, siempre he dicho que cuando ingresa un proyecto se hace para abrir el período de discusión, no se trata de que los parlamentarios voten sí o no, todos tienen la posibilidad de hacer observaciones, se mejorará lo que haya que mejorar y se corregirán los errores. La CUT va a ser invitada a la comisión de Trabajo y va a tener el espacio de exponer sus puntos de vista y manifestar lo que a juicio de ellos falta en la reforma", adelantó el diputado Tucapel Jiménez (PPD), presidente de la comisión de Trabajo.
La senadora Carolina Goic (DC) añadió que "más que casarse con fechas exactas, el proyecto debería tener la celeridad necesaria para dar certidumbre (...), entendiendo que hay que cautelar la necesaria discusión y el mejoramiento del texto".
Otro legislador de la NM dijo que si bien el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva en negociación colectiva y que el espacio para ajustes es acotado, el Congreso es un espacio de debate, donde si el gobierno quiere tener celeridad en su tramitación, tendrá que ceder en algunas materias para hacer realizar los perfeccionamientos que sean necesarios.
Trascendió que la advertencia de los parlamentarios ya está en conocimiento del gobierno, quien sabe que la parte díficil del debate vendrá en las próximas semanas en Valparaíso.
Sin embargo, otros personeros de la Nueva Mayoría ponen paños fríos a las eventuales complicaciones y enfatizan que a diferencia de las reformas tributaria y educacional, el bloque está totalmente alineado con la agenda laboral.
Así y todo, por ahora se ve díficil que las comisiones de Trabajo de la Cámara y del Senado se fusionen para el trámite de audiencias por la reforma. El texto del Ejecutivo se daría cuenta en sala recién la segunda semana de enero.
En materia de negociación colectiva, la Constitución Política resguarda que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva para impulsar cambios legales en esa línea.
Sin embargo, la norma actual deja espacio para que se introduzcan ajustes a través de mociones parlamentarias en otros temas como sindicalización y despidos.
"Está la posibilidad de que se hagan indicaciones en la Cámara de Diputados, siempre he dicho que cuando ingresa un proyecto se hace para abrir el período de discusión, no se trata de que los parlamentarios voten sí o no, todos tienen la posibilidad de hacer observaciones, se mejorará lo que haya que mejorar y se corregirán los errores. La CUT va a ser invitada a la comisión de Trabajo y va a tener el espacio de exponer sus puntos de vista y manifestar lo que a juicio de ellos falta en la reforma", adelantó el diputado Tucapel Jiménez (PPD), presidente de la comisión de Trabajo.
La senadora Carolina Goic (DC) añadió que "más que casarse con fechas exactas, el proyecto debería tener la celeridad necesaria para dar certidumbre (...), entendiendo que hay que cautelar la necesaria discusión y el mejoramiento del texto".
Otro legislador de la NM dijo que si bien el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva en negociación colectiva y que el espacio para ajustes es acotado, el Congreso es un espacio de debate, donde si el gobierno quiere tener celeridad en su tramitación, tendrá que ceder en algunas materias para hacer realizar los perfeccionamientos que sean necesarios.
Trascendió que la advertencia de los parlamentarios ya está en conocimiento del gobierno, quien sabe que la parte díficil del debate vendrá en las próximas semanas en Valparaíso.
Sin embargo, otros personeros de la Nueva Mayoría ponen paños fríos a las eventuales complicaciones y enfatizan que a diferencia de las reformas tributaria y educacional, el bloque está totalmente alineado con la agenda laboral.
Así y todo, por ahora se ve díficil que las comisiones de Trabajo de la Cámara y del Senado se fusionen para el trámite de audiencias por la reforma. El texto del Ejecutivo se daría cuenta en sala recién la segunda semana de enero.
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