La nueva ley, que reforma una vieja norma conocida como "ley de Abastecimiento", tuvo el aval de 130 diputados contra 105 votos negativos y otras cinco abstenciones.
El Senado le había dado media sanción hace dos semanas.
La medida otorga al Estado poder para clausurar empresas o confiscar mercadería en caso de que se comprueben aumentos injustificados de precios o ganancias abusivas, lo que despertó nuevas críticas contra el Gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández.
Esta ley "permite defender a la pequeña y mediana empresa, promover inversión, estimular el empleo de las economías regionales", dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Además, sirve para "generar las condiciones para una regulación por parte del Estado a efectos de evitar el abuso de posición dominante y la apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción".
En el país sudamericano ya rige una norma sobre abastecimiento que regula la actividad económica. Muchos empresarios y opositores consideran que la nueva ley implica una mayor injerencia del Estado en la economía.
Diversos sectores clave, como el agropecuario, acusan desde hace años a la presidenta Fernández de perjudicar la actividad con la intervención estatal que promueve el Gobierno, restringiendo importaciones o exportaciones o limitando el acceso a divisas.
El gobierno afirma que sus políticas activas buscan fortalecer a los sectores de menores recursos ante la desaceleración de la economía.
(Reporte de Jorge Otaola; editado por Gabriela Donoso)
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