Se deberá realizar un peritaje contable, el que originalmente fue solicitado a la PDI, pero que no se realizó.
Por Miguel Bermeo T.
Por un plazo de sesenta días, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la reapertura de la investigación del caso Mis Cuentas Punto Com, a solicitud del querellante CMR Falabella.
En la audiencia comparecieron la Fiscalía y los abogados de Cencosud y CMR Falabella, como querellantes; y también, las defensas de los formalizados Manuel Cruzat Infante; Iván Rojas, ex gerente de Finanzas de Mis Cuentas Punto Com; y Eduardo Romo, contralor del grupo. Además, Nicolás Cruzat Valdés y José Luis Cruzat Valdés, quienes fueron reformalizados en diciembre de 2013 como encubridores.
El caso tuvo su origen en mayo de 2012 cuando CMR interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables por la apropiación indebida de US$ 40 millones, correspondientes a la recaudación de los pagos que sus clientes realizaban a través del portal Mis Cuentas Punto Com, ligado al grupo Cuzat.
La medida decretada ayer tiene como fin realizar un peritaje que no logró concretarse durante el primer periodo de investigación, toda vez que el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones indicó que no podría realizar la diligencia, porque no tenían la capacidad técnica.
Son cuatro los aspectos que el peritaje contable deberá abarcar: primero, determinar los clientes que pagaron cuentas de CMR en el portal Mis Cuentas Punto Com; luego, los pagos que el sitio realizó a CMR; tercero, los dineros que fueron apropiados de forma indebida; y, finalmente, determinar la apropiación o envío de dineros desde Mis Cuentas a la controladora -el grupo Cruzat- u otras sociedades asociadas o no.
La defensa
La defensa de los formalizados argumentó que no correspondía reabrir el periodo de investigación, entre otras razones, porque estaba siendo solicitada por el querellante y no por el Ministerio Público, quien había pedido originalmente el peritaje.
Además, indicó que en el escrito donde los querellantes solicitaban la reapertura, con fecha 17 de febrero, señalaban que contaban con dos propuestas -de Deloitte y KPMG- para realizar el peritaje, siendo que éstas estaban fechadas el 18 y 26 de febrero. Por lo mismo, una de las abogadas defensoras, Catherine Lathrop, de Gonzalo Insunza Abogados, acusó a los querellantes de mentir. Su contraparte, Claudio Feller, de Grasty Quintana Majlis & Cía, hizo presente a la jueza que se reservaba el derecho de ejercer acciones por calumnia o injurias.
Sumado a ello, la defensa acusó que lo que ofrecen ambas consultoras no se ajusta a la diligencia solicitada por el Ministerio Público, pues proponen revisión de correos electrónicos y rescatar información desde el disco duro y no el peritaje contable requerido, argumentos que fueron desestimados por el tribunal.
En todo caso, la defensa de los formalizados pidieron revisar las medidas cautelares, con la excepción de Nicolás Cruzat, lo que será visto el 7 de abril.
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