Bárbara Salinas valoró la reformalización contra los nueve imputados por las repactaciones unilaterales.
Juez resolvió ampliar el plazo de investigación en 90 días.
La querellante por los accionistas minoritarios de La Polar, la abogada Bárbara Salinas, valoró la reformalización de los nueve imputados en el caso por la repactaciones unilaterales que afectaron a poco menos de un millón de clientes de la multitienda, exactamente a 999.016 personas, según la Fiscalía.
Los formalizados fueron el ex gerente generalPablo Alcalde, además de otros ocho gerentes sectoriales, María Isabel Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Martín González, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.
"A nosotros nos satisface plenamente porque entendemos que cada vez los antecedentes son más contundentes, era precisamente hacer un ordenamiento de todos los hechos, para que en el juicio oral no tengamos ningún inconveniente en poder acreditar este enriquecimiento que tuvieron, que son cifras siderales", dijo la abogada.
Alcalde, Farah y Moreno -los tres principales involucrados- estaban ya imputados por lavado de activos, uso de información privilegiada, entrega de información maliciosamente falsa al mercado, a lo cual se agregó el cargo de entregar información falsa a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), último cargo por el cual también fue imputado Nicolás Ramírez.
De acuerdo a la investigación, los cuatro ejecutivos habrían infringido el artículo 157 de la ley general de bancos, al entregar información falsa a la SBIF a través de Inversiones SCG, que administraba la tarjeta de crédito de La Polar.
"Los móviles que tuvieron los imputados para realizar las renegociaciones unilaterales y mentirle al mercado obviamente que eran enriquecerse y tener ganancias que fueron las que obtuvieron y posteriormente trataron de disimular, por eso están siendo formalizados por lavado de dinero", dijo el fiscal Morales.
"La información que tenían que entregar a la superintendencia de bancos era falsa, a través de Inversiones CSG, que era el administrador de la tarjeta de crédito", añadió.
El persecutor criticó además a las defensas de los imputados. "Este es el mundo al revés, porque normalmente los defensores quieren que el Ministerio Público se demore lo menos posible, y en este caso los defensores quieren que el Ministerio Público se demore todo lo posible", dijo Morales.
Esto porque el juez del tribunal Rodrigo García decidió ampliar la investigación de la Fiscalía en 90 días al señalar que aun quedan diligencias por desarrollar.
subirLas defensas de los imputados
En tanto, el defensor de Pablo Alcalde, el abogado Jorge Bofill, desestimó los cargos imputados a su cliente.
"Es más de lo mismo, porque se trata una vez más de una imputación vinculada al conocimiento del sistema de repactaciones unilaterales y a informar a una autoridad sobre la base de ese conocimiento. Pablo Alcalde no tenía conocimiento del sistema de repactaciones unilaterales, no sabía como ellas impactaban en los estados financieros", dijo el jurista.
A su vez, el abogado de María Isabel Farah, Alex Caroca, reclamó que los directores de la multitienda de ese entonces no hayan sido formalizados.
"Hay muchos otros que tenían más responsabilidad que los imputados y no se le formulan cargos y lo mismo mucho empleados que también participaron en los hechos que también están fuera", sostuvo.
Los nueve imputados están en libertad a la espera del juicio oral por este caso, donde se vieron afectados casi un millón de chilenos.
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