Ahora en junio le vencen al país transandino intereses por casi US$ 200 millones, que podrían ser embargados si hay un pronunciamiento desfavorable de la justicia del estado de Nueva York por su disputa con los holdouts.
DOS de los bonos soberanos emitidos por Argentina durante los canjes de deuda impaga hechos en 2005 y 2010 deben pagar intereses este mes: US$ 155 millones por uno denominado Discount (US$ 119 millones correspondientes al emitido en 2005 y US$ 36 millones del colocado en 2010) y otros US$ 42 millones del llamado Global 2017.
En paralelo, tanto Buenos Aires como Wall Street esperan -para cualquier momento, que puede ser este mes u otro- la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de New York, que debe decidir si mantiene la orden del tribunal de primera instancia, presidido por el juez Thomas Griesa, que obliga a Argentina a pagar el 100% de la deuda en default que no ingresó al canje de 2005 y 2010, conocidos como holdouts. Los bonos que entregan intereses este mes fueron adquiridos por acreedores que aceptaron los términos del canje, es decir, una pérdida de capital en torno a 70%.
Hasta ahora, lo que está claro es que existen “dos fallos de que el monto que Argentina adeuda es el original, sin quita, así que es probable que esto siga así”, explica José Luis Espert, titular de Espert Consultoría Macroeconómica.
Esto quiere decir que, probablemente, la Corte de Apelaciones confirmaría por segunda vez que Argentina debe pagarle a los holdouts según los mismos términos que a los bonistas que aceptaron el canje. En estos momentos se encuentra examinando una propuesta del gobierno transandino para conciliar esas decisiones con su propia ley (que le impide ofrecer a los holdouts esos mismos términos).
Desde las audiencias efectuadas en febrero pasado, el gobierno argentino dijo que cualquier fallo que la obligue a pagar a los holdouts más que a los bonitas de los canjes de deuda 2005 y 2010, lo rechazaría. Por eso, en caso de una decisión desfavorable, Argentina podría aspirar a formar parte del 1% de casos que llegan hasta la instancia de la Corte Suprema estadounidense.
“Está todo muy en el aire. Nadie sabe qué puede decir la Corte”, señala Eugenio Bruno, abogado especialista en reestructuraciones de deudas soberanas y socio de Garrido Law Firm, en Buenos Aires.
A su juicio, “sí puede haber porcentajes de probabilidades y creo que hay un 30% de que embarguen al Bank of New York (BoNY), y respecto de la apelación a la Corte Suprema, creo que las probabilidades son altas”.
El BoNY es el que se encarga de realizar los pagos de intereses entre los bonistas en Estados Unidos, una vez que el gobierno argentino realiza los depósitos.
“La gran duda, la relevante para el corto plazo, es si para la Corte el BoNY es agente de pago, lo que lo hace embargable, o si es parte del fideicomiso a favor de los bonistas, en cuyo caso sería inembargable”, explica Espert.
De coincidir la decisión de la Corte este mes y ser desfavorable para Argentina, determinando que dichos fondos son embargables, el país caería técnicamente en un default, por el no pago de los intereses correspondientes en junio.
No obstante, una señal de optimismo surgió la semana pasada cuando el fondo especializado en deuda emergente, TWC, adquirió US$ 203 millones en bonos Discount y Global 2017, según informó Bloomberg, precisamente, los que podrían quedar en default este mes.
Esto se explica por la alternativa que todavía le quedaría a Argentina de cambiar la jurisdicción del pago de bonos a una plaza que no esté regida por la justicia americana.
“El default técnico es muy probable, pero creo que la voluntad de Argentina para pagar su deuda es fuerte y van a encontrar una manera de pagar a sus tenedores de bonos”, dijo David Robbins, uno de los gestores de TWC, en una entrevista con Bloomberg.
Complicaciones macro
Pero las dificultades económicas de Argentina no se detienen ahí, y a la traumática situación cambiaria, que ha traído de vuelta una multiplicidad de tipos de cambio y un mercado negro que hacía años no se veía en el país, se suman las medidas de racionamiento que se han debido aplicar en el mercado, debido al congelamiento de precios de 500 productos.
Tras crecer un leve 2,7% en el primer trimestre, las “tasas chinas” de expansión de hace dos años, en torno a 8%, quedaron definitivamente en el olvido. Peor aún: si bien se esperan estímulos de política monetaria y fiscal y alguna reactivación en Brasil, lo cual genera actividad en Argentina, dice Alberto Ramos, de Goldman Sachs, “la mezcla de políticas interventoras y una confianza débil entre empresas y consumidores limitarán la fortaleza de esta reactivación”.
Sucede que “el programa económico lanzado en 2002 ya está totalmente agotado”, acota Espert, “con la estanflación más la tensión financiera con el dólar y las reservas del Banco Central”.
Con una brecha entre el dólar oficial (5,32 pesos) y el paralelo (8,57 pesos), que actualmente supera el 60%, incluso la venta de pasajes aéreos está prohibida en Argentina desde esta semana, para vuelos que no tengan origen en el país, a fin de impedir que se saque provecho de ese diferencial. Mientras tanto, la inflación, según las estimaciones privadas, supera el 25%.
Para detener esa alza en el costo de la vida, el gobierno determinó recientemente congelar los precios de una lista de 500 productos, hasta el punto de que en algunas de las principales cadenas de supermercados del país se ha racionado la compra de alimentos básicos. Por ejemplo, cada cliente puede adquirir hasta dos kilos de azúcar o dos botellas de aceite de un litro y medio.
Sin embargo, el congelamiento de precios es irrelevante para bajar la inflación, dicen los especialistas, porque este es un fenómeno monetario. Así, las perspectivas son sombrías.
“Si el gobierno sigue insistiendo en el mismo programa de sustitución de importaciones, más déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo único que logrará es profundizar el deterioro”, teme Espert.
En paralelo, tanto Buenos Aires como Wall Street esperan -para cualquier momento, que puede ser este mes u otro- la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de New York, que debe decidir si mantiene la orden del tribunal de primera instancia, presidido por el juez Thomas Griesa, que obliga a Argentina a pagar el 100% de la deuda en default que no ingresó al canje de 2005 y 2010, conocidos como holdouts. Los bonos que entregan intereses este mes fueron adquiridos por acreedores que aceptaron los términos del canje, es decir, una pérdida de capital en torno a 70%.
Hasta ahora, lo que está claro es que existen “dos fallos de que el monto que Argentina adeuda es el original, sin quita, así que es probable que esto siga así”, explica José Luis Espert, titular de Espert Consultoría Macroeconómica.
Esto quiere decir que, probablemente, la Corte de Apelaciones confirmaría por segunda vez que Argentina debe pagarle a los holdouts según los mismos términos que a los bonistas que aceptaron el canje. En estos momentos se encuentra examinando una propuesta del gobierno transandino para conciliar esas decisiones con su propia ley (que le impide ofrecer a los holdouts esos mismos términos).
Desde las audiencias efectuadas en febrero pasado, el gobierno argentino dijo que cualquier fallo que la obligue a pagar a los holdouts más que a los bonitas de los canjes de deuda 2005 y 2010, lo rechazaría. Por eso, en caso de una decisión desfavorable, Argentina podría aspirar a formar parte del 1% de casos que llegan hasta la instancia de la Corte Suprema estadounidense.
“Está todo muy en el aire. Nadie sabe qué puede decir la Corte”, señala Eugenio Bruno, abogado especialista en reestructuraciones de deudas soberanas y socio de Garrido Law Firm, en Buenos Aires.
A su juicio, “sí puede haber porcentajes de probabilidades y creo que hay un 30% de que embarguen al Bank of New York (BoNY), y respecto de la apelación a la Corte Suprema, creo que las probabilidades son altas”.
El BoNY es el que se encarga de realizar los pagos de intereses entre los bonistas en Estados Unidos, una vez que el gobierno argentino realiza los depósitos.
“La gran duda, la relevante para el corto plazo, es si para la Corte el BoNY es agente de pago, lo que lo hace embargable, o si es parte del fideicomiso a favor de los bonistas, en cuyo caso sería inembargable”, explica Espert.
De coincidir la decisión de la Corte este mes y ser desfavorable para Argentina, determinando que dichos fondos son embargables, el país caería técnicamente en un default, por el no pago de los intereses correspondientes en junio.
No obstante, una señal de optimismo surgió la semana pasada cuando el fondo especializado en deuda emergente, TWC, adquirió US$ 203 millones en bonos Discount y Global 2017, según informó Bloomberg, precisamente, los que podrían quedar en default este mes.
Esto se explica por la alternativa que todavía le quedaría a Argentina de cambiar la jurisdicción del pago de bonos a una plaza que no esté regida por la justicia americana.
“El default técnico es muy probable, pero creo que la voluntad de Argentina para pagar su deuda es fuerte y van a encontrar una manera de pagar a sus tenedores de bonos”, dijo David Robbins, uno de los gestores de TWC, en una entrevista con Bloomberg.
Complicaciones macro
Pero las dificultades económicas de Argentina no se detienen ahí, y a la traumática situación cambiaria, que ha traído de vuelta una multiplicidad de tipos de cambio y un mercado negro que hacía años no se veía en el país, se suman las medidas de racionamiento que se han debido aplicar en el mercado, debido al congelamiento de precios de 500 productos.
Tras crecer un leve 2,7% en el primer trimestre, las “tasas chinas” de expansión de hace dos años, en torno a 8%, quedaron definitivamente en el olvido. Peor aún: si bien se esperan estímulos de política monetaria y fiscal y alguna reactivación en Brasil, lo cual genera actividad en Argentina, dice Alberto Ramos, de Goldman Sachs, “la mezcla de políticas interventoras y una confianza débil entre empresas y consumidores limitarán la fortaleza de esta reactivación”.
Sucede que “el programa económico lanzado en 2002 ya está totalmente agotado”, acota Espert, “con la estanflación más la tensión financiera con el dólar y las reservas del Banco Central”.
Con una brecha entre el dólar oficial (5,32 pesos) y el paralelo (8,57 pesos), que actualmente supera el 60%, incluso la venta de pasajes aéreos está prohibida en Argentina desde esta semana, para vuelos que no tengan origen en el país, a fin de impedir que se saque provecho de ese diferencial. Mientras tanto, la inflación, según las estimaciones privadas, supera el 25%.
Para detener esa alza en el costo de la vida, el gobierno determinó recientemente congelar los precios de una lista de 500 productos, hasta el punto de que en algunas de las principales cadenas de supermercados del país se ha racionado la compra de alimentos básicos. Por ejemplo, cada cliente puede adquirir hasta dos kilos de azúcar o dos botellas de aceite de un litro y medio.
Sin embargo, el congelamiento de precios es irrelevante para bajar la inflación, dicen los especialistas, porque este es un fenómeno monetario. Así, las perspectivas son sombrías.
“Si el gobierno sigue insistiendo en el mismo programa de sustitución de importaciones, más déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo único que logrará es profundizar el deterioro”, teme Espert.
www.latercera.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario