Asociación gremial citó a una reunión para los próximos días del comité jurídico para evaluar los alcances.
El Banco Central dio a conocer el viernes las modificaciones al capítulo II.J.1 del Compendio de Normas Financieras. El mismo día, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) puso en consulta, el compendio de normas que complementan estas nuevas exigencias para los emisores de tarjeta no bancarios.
Los anuncios no tomaron por sorpresa al sector, ya que tras lo ocurrido con La Polar, el retail estaba en conocimiento de la revisión de las normativas que los rigen en materia financiera. Sin embargo, los actores del sector no se hicieron esperar para dar a conocer ayer su preocupación por las nuevas exigencias.
El Comité de Retail Financiero, asociación gremial que agrupa a las principales tarjetas de las casas comerciales, convocó a una reunión de su comité legal en los próximos días para evaluar los “alcances e implicancias de la normativa para la industria y para que elabore un documento con recomendaciones al Directorio del Comité de Retail Financiero (CRF)”. Esto, con el objetivo de enviar comentarios a la normativa puesta en consulta por la SBIF.
Las preocupaciones
De cara a esta reunión, desde el retail hacen ver cuatro preocupaciones de la industria respecto de la nueva regulación.
El primer tema relevante para tiene relación con las atribuciones de la Superintendencia de Bancos respecto de entidades como el retail, específicamente respecto del detalle de las políticas de crédito de las entidades no bancarias como el Retail Financiero. Esto, considerando el hecho de que ellos, a diferencia de los bancos, no captan dinero del público para el otorgamiento de créditos, sino que con recursos propios.
A su vez, el documento dado a conocer por el Retail Financiero, advierte que las nuevas normas ponen en duda la certeza jurídica, dado que para su puesta en marcha no fue necesario un cambio legal. El reporte señala específicamente “la potencial incertidumbre que introduce en la industria que toda la normativa del sector se materialice a través de circulares y no por la vía legislativa”.
Los otros dos puntos tienen que ver con los mayores costos que significarían la nueva regulación, así como los protocolos de acceso a la base de datos de deudores en forma desagregada. Esto último, tiene directa relación con el proyecto de Ley de Consolidación de la Información, el cual se encuentra en pleno debate en el parlamento.
Nuevas exigencias
La nueva normativa, entre otras cosas, pone mayores exigencias en materia de liquidez y de gobiernos corporativos para los emisores no bancarios de tarjetas de crédito.
En cuanto a la liquidez, introduce para todos los emisores relevantes un requisito en función de las transacciones con el comercio afiliado no relacionado, mientras el plazo máximo para pagar a estos comercios se estableció en 30 días.
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