No hay que ir al norte o al extremo sur en busca de una nueva polémica por los proyectos energéticos. A escasos kilómetros de Santiago, la cuenca del Maipo se está transformando en un nuevo escenario de conflicto que amenaza con terminar en la justicia. Desde el megacomplejo Alto Maipo de AES Gener, hasta pequeñas centrales como las que construyen Juan Claro y otros inversionistas están en la mira de las organizaciones ambientalistas. Los ánimos están revueltos en el valle. Por fernando vega / ilustraciones ignacio schiefelbein
El Maipo nunca fue un río manso, pero hoy sus aguas están más revueltas que nunca. El inicio de las obras del complejo hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener y el anuncio de nuevos proyectos energéticos en la cuenca, han atrincherado a ambientalistas, regantes y otros opositores, que plantean impugnar por la vía judicial la instalación de nuevas turbinas en la zona.
Por el momento buscan revocar algunas licencias, mientras las empresas piensan seguir adelante con sus iniciativas y el gobierno sólo espera que los litigios no terminen de la misma manera que Castilla. El proyecto energético del multimillonario brasileño Eike Batista en la III Región fue paralizado por la Corte Suprema a fines de agosto, generando innumerables críticas e incertidumbre respecto de las tramitaciones medioambientales y la producción y precios de la energía en Chile.
Por el momento buscan revocar algunas licencias, mientras las empresas piensan seguir adelante con sus iniciativas y el gobierno sólo espera que los litigios no terminen de la misma manera que Castilla. El proyecto energético del multimillonario brasileño Eike Batista en la III Región fue paralizado por la Corte Suprema a fines de agosto, generando innumerables críticas e incertidumbre respecto de las tramitaciones medioambientales y la producción y precios de la energía en Chile.
Nacida a cinco mil metros de altura, en las faldas del volcán del mismo nombre, la del Maipo es la principal hoya hidrográfica de la Región Metropolitana. A lo largo de sus 250 kilómetros se distribuyen -principalmente en la parte alta, cerca de la cordillera- trece centrales hidroeléctricas (ver infografía). La mayor, Alfalfal, genera 180 MW y el resto menos de 50 MW. En total, todo el río entrega hoy electricidad por unos 340 MW, que alimentan en promedio a 250 mil hogares.
Pero el Maipo es además la principal fuente de agua potable para la Región Metropolitana y responsable del riego de 128 mil hectáreas de cultivos agrícolas, entre éstas, 2.000 hectáreas de viñedos de las principales viñas nacionales, que producen allí algunos de sus mejores tintos de exportación. Hasta la fecha, como reconocen diversos personeros, todas esas actividades han coexistido sin problemas.
Sin embargo, la instalación de nuevos proyectos energéticos y la presión por conseguir derechos de agua para generar más electricidad están comenzando a romper el statu quo que reinaba en la comarca. Hoy existe una fuerte oposición vecinal y ambiental, como lo han experimentado los inversionistas.
Movimiento de tierras en Alto Maipo
En este escenario, el proyecto Alto Maipo es una pieza fundamental en el mosaico de decisiones de las organizaciones medioambientales.
Tras más de cuatro años de vaivenes y discusiones sobre su viabilidad e impacto ambiental, hace algunos meses arrancaron las obras previas. Se comenzaron a habilitar los caminos, las líneas eléctricas para las faenas y los sitios de acopio, entre otros, con el fin de empezar a levantar, en un cronograma de cuatro años, lo que será el mayor proyecto energético de la Región Metropolitana y uno de los más importantes del país en el mediano plazo. Todo, con una inversión de 700 millones de dólares.
La obra, de una envergadura de 531 MW producidos desde las alturas del Cajón del Maipo por las centrales de pasada Las Lajas y Alfalfal II, superó todos los obstáculos reglamentarios para su aprobación. Las mayores demoras vinieron por el lado de los trámites para conseguir la concesión eléctrica y de la Dirección General de Aguas (DGA), para el uso de las corrientes.
Ubicado a 40 kilómetros de Santiago, Alto Maipo podrá generar más del 14% de la energía que actualmente consume la insaciable Región Metropolitana. Según la compañía, ayudará a subsanar las deficiencias energéticas del país y además llevará importantes mejoras para la zona en que estará emplazado.
La instalación de nuevos proyectos energéticos y la presión por conseguir derechos de agua para generar más electricidad están tensando las relaciones en el Maipo. Hoy existe una fuerte oposición vecinal y ambiental, como lo han comenzado a experimentar varios inversionistas.
Pero, según sus opositores, la obra afectará a la cuenca hídrica, ya que experimentaría una caída brutal de su caudal, lo que socavaría la subsistencia de las comunidades agrícolas, el turismo y a los areneros, que viven en una apacible precariedad hace generaciones. Sin embargo, AES Gener replica que dentro del paquete de compensaciones se incluyen numerosas obras de mitigación e insiste en que la población local se beneficiará de una serie de medidas de compensación previstas en el proyecto por un valor de 5.807 unidades de fomento, es decir, unos 130 millones de pesos. “Un monto anual similar se entregará durante 30 años, mucho más de lo que tomará construir el proyecto, lo que es indicativo del compromiso de la compañía con la comunidad”, informa la empresa.
Ese programa acaba de comenzar hace dos semanas en San José de Maipo y consiste en un fondo concursable para proyectos de desarrollo social e infraestructura de uso comunitario, deporte, actividades productivas que generen empleo local, educación y capacitación. Hasta la fecha se han retirado unas 160 bases para concursar, según AES Gener.
Por eso, la compañía afirma que no tiene conflicto alguno con las comunidades, sino que enfrenta la oposición de algunas organizaciones que creen -equivocadamente, a su juicio- que sus negocios serán afectados.
Hervidero de activistas
San José es la localidad donde se concentra el grueso de las organizaciones que se oponen a la construcción de Alto Maipo. Con la llegada de los primeros contingentes de maquinarias, el inicio de los fondos concursables y el catastro de vegetación y rescate y relocalización de fauna que hizo la empresa, la zona se ha convertido en un hervidero de activistas decididos a forzar la paralización del proyecto. El 27 de agosto pasado hubo una marcha de los areneros que llegó hasta La Moneda con una carta al presidente Piñera.
Sólo unos días antes, un grupo de organizaciones y parlamentarios patrocinados por el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, recurrieron a la Corte de Apelaciones para exigir que AES Gener haga público el contrato que firmó con Aguas Andinas para la utilización de las aguas y el 3 de julio pasado los canalistas ingresaron un recurso judicial en contra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente “y otros” exigiendo la nulidad de los permisos de la obra. Súbitamente comenzó a aumentar el voltaje del conflicto.
Reserva polémica
El 6 de junio de 2011, AES Gener suscribió con Aguas Andinas un contrato para producir electricidad con las aguas que la sanitaria posee en las lagunas cordilleranas Negra y Lo Encañado. Ello, bajo el compromiso de que éstas siempre serán restituidas y jamás se pondrá en riesgo el abastecimiento de agua potable en la Región Metropolitana.
El convenio también estableció un pago mensual de la eléctrica por 40 años y diversos protocolos de uso, ya que se trata de aguas estratégicas para el consumo de los seis millones de habitantes de la capital chilena.
Según el proyecto, habrá un ducto que conducirá los caudales desde las lagunas hasta las turbinas para producir la energía y las aguas serán siempre restituidas.
Según el proyecto, habrá un ducto que conducirá los caudales desde las lagunas hasta las turbinas para producir la energía y las aguas serán siempre restituidas.
Sin embargo, las organizaciones que se oponen, avaladas por un grupo de siete senadores entre los que figuran Antonio Horvarth, Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber, estimaron que sí hay riesgo y por eso el 14 de septiembre del 2011 pidieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios conocer en detalle el acuerdo, según ellos, para evaluar su impacto en el abastecimiento del capital. Un mes y medio después, la entidad rechazó la entrega de la información, esgrimiendo como causal la oposición de Aguas Andinas, ya que se trataría de un convenio privado.
El 26 de octubre de 2011, Weisner, socio del estudio de abogados Puga Ortiz, solicitó la información a través del Consejo de Transparencia y después pidió que se inhabilitaran algunos de sus miembros, debido a que habrían mantenido algún tipo de relación contractual con las empresas involucradas. El primero en marginarse fue el mismo presidente del organismo, Alejandro Ferreiro y luego, José Luis Santa María, en mayo de este año. Sólo quedaron la ex ministra de Defensa y ex secretaria de Energía, Vivianne Blanlot y el abogado director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jaraquemada.
Finalmente, el 10 de agosto pasado, el Consejo respondió que no era factible abrir el acuerdo, por lo que se mantendría su carácter de reservado. En todo caso éste deberá hacerse público el 2015 una vez que concluya el próximo proceso de fijación tarifaria de Aguas Andinas.
Según el acta de la decisión, los dos consejeros tuvieron opiniones diferentes: mientras Blanlot optó por revelar parte de los contenidos, Jaraquemada se decantó por mantener el carácter de reservado.
Entra la Corte de Apelaciones
Ante ello, las organizaciones decidieron recurrir a la Corte de Apelaciones, presentando un reclamo de ilegalidad ya que a su juicio el Consejo no podía sesionar con sólo dos consejeros, debido a que el quórum mínimo requerido para funcionar son tres; que quienes votaron lo hicieron de manera opuesta, por lo que no hubo un acuerdo básico y que tampoco se constituyó un presidente de la entidad que avalara el fallo. Además, citaron una sentencia emitida en octubre del año pasado por la propia institución que declaraba públicos los contratos entre Aguas Antofagasta y las mineras Esperanza y El Tesoro, debido -entre otras razones- a que se podría afectar el abastecimiento de agua de Calama y Antofagasta.
El 5 de septiembre pasado, la Corte de Apelaciones acogió el recurso y le dio al Consejo y las empresas un plazo de diez días para presentar sus descargos u observaciones, una vez que hayan sido notificados. Se estima, que el caso deberá comenzar a ser analizado a contar de la segunda semana de octubre.
Las firmas, sin embargo, le restan trascendencia al tema. Reiteran que el convenio es privado y aseguran que no existirá impacto negativo en las poblaciones. “AES Gener sigue trabajando en su proyecto Alto Maipo con la misma energía con que lo inició y con la certeza de que todas las resoluciones y permisos, incluyendo los relativos a los derechos de agua, están en regla. AES Gener es dueña de los derechos de aguas necesarios para la ejecución del proyecto y que la Dirección General de Aguas nos haya otorgado estos derechos confirma que el ejercicio de éstos no afectará a terceros, de lo contrario, dicho servicio no hubiera podido otorgarlos, según lo establecido en el Código de Aguas”, dijo la compañía.
No obstante, el gran temor de los ambientalistas, entre los que figuran Sara Larraín de Chile Sustentable; Jack Stern de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, los guías del Cajón, los Astorga de Cascada de las Ánimas, regantes, canalistas, varios viñateros que piden reserva de su nombre y organizaciones comunitarias, radica en que esto sea sólo la punta del iceberg.
Existe la preocupación de que este proyecto marque un antes y un después en la historia del río y que se convierta, en la práctica, en la primera de una serie de obras que alterarían irreversiblemente el curso y los equilibrios internos del Maipo.
El Canal Espejos demanda
Entre los canalistas ése el tema más sensible. Sobre todo en los de más arriba o de la llamada Primera Sección que es la que recibe el agua casi al pie de los montes cordilleranos, tras los deshielos. Constituida por siete asociaciones que riegan casi todo el valle, estiman que las autoridades ambientales no han evaluado el impacto real de Alto Maipo, ya que la alimentación de las centrales a través de un túnel hará que haya períodos sin agua en los cauces, o que ésta suba y baje, produciendo bruscos altibajos que afectarían a los regantes, la disponibilidad de agua y la infraestructura misma de las obras que ellos construyeron.
Rafael León, administrador general de la asociación Canales de Maipo asegura que están muy conscientes de las necesidades energéticas del país y que no se oponen a la construcción de este tipo de proyectos hidroeléctricos, pero que Alto Maipo “afecta y altera los derechos consuntivos, permanentes y continuos de los regantes, afectando además la reposición de los áridos en el río Maipo y por ende las obras de riego que se encuentran en su interior”. Fue por ello, que el 3 de julio pasado se hicieron parte de la demanda del Canal de Espejo –el mayor de la zona– ingresada ante el Cuarto Juzgado Civil, pidiendo la nulidad del proyecto.
La asociación Canales de Maipo administra las aguas de riego en cinco comunas de la zona sur poniente de Santiago, que abarcan 30.000 hectáreas de plantaciones.
La asociación Canales de Maipo administra las aguas de riego en cinco comunas de la zona sur poniente de Santiago, que abarcan 30.000 hectáreas de plantaciones.
Se suman los areneros
Otro flanco abierto es el de los areneros. Vitales para la industria de la construcción, aún no definen su estrategia legal, pero están coordinándose con algunos de los abogados de las organizaciones que se opusieron a Castilla. Pronto habrá novedades, anuncian.
El dirigente Luis Bahamondes afirma que tanto Alto Maipo como otros proyectos más pequeños van a significar la cesantía para unos tres mil trabajadores del sector. Ello, debido a que este tipo de centrales exige limpiar de sedimentos y piedras las aguas antes de lanzarlas a los generadores. Eso provocaría una disminución “irreversible del aporte de áridos” cuando los flujos vuelvan al río, sostiene el dirigente.
El dirigente Luis Bahamondes afirma que tanto Alto Maipo como otros proyectos más pequeños van a significar la cesantía para unos tres mil trabajadores del sector. Ello, debido a que este tipo de centrales exige limpiar de sedimentos y piedras las aguas antes de lanzarlas a los generadores. Eso provocaría una disminución “irreversible del aporte de áridos” cuando los flujos vuelvan al río, sostiene el dirigente.
Juan Claro construye una segunda central
Pero en paralelo a toda la discusión sobre los eventuales efectos de Alto Maipo, existe una silenciosa competencia entre diversos inversionistas por construir centrales en la cuenca. Aprovechando los altos precios de la energía, la cercanía al centro de consumo y la facilidad para conectarse a la red de transmisión -sin grandes desembolsos- hay varios empresarios evaluando el negocio.
En privado algunos comentan que las nuevas exigencias que impone la ley a las eléctricas de adicionar antes del 2020, 4.000 MW de energías renovables no convencionales (ERNC) están abriendo oportunidades atractivas de negocio. Si antes una mini central se pagaba en diez años, ahora alcanza el punto de equilibrio en menos de cinco años.
En privado algunos comentan que las nuevas exigencias que impone la ley a las eléctricas de adicionar antes del 2020, 4.000 MW de energías renovables no convencionales (ERNC) están abriendo oportunidades atractivas de negocio. Si antes una mini central se pagaba en diez años, ahora alcanza el punto de equilibrio en menos de cinco años.
El Maipo es la principal cuenca río de la Región Metropolitana.
A lo largo de sus 250 kilómetros se distribuyen trece centrales hidroeléctricas y además es la principal fuente de agua potable para la Región.
Ello tiene en alerta a las comunidades y grupos medioambientales, que no cejan en su propósito de paralizar los proyectos.
Entre los inversionistas que ya desembarcaron en el Maipo figura el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Claro. Junto a las familias Said y Garcés formó Energía Llaima, una sociedad que está comprando derechos de agua para producir electricidad en diversas cuencas del país.
Entre los inversionistas que ya desembarcaron en el Maipo figura el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Claro. Junto a las familias Said y Garcés formó Energía Llaima, una sociedad que está comprando derechos de agua para producir electricidad en diversas cuencas del país.
En la actualidad, la sociedad posee, a través de la firma Coyanco, la central Guayacán, que desde 2011 produce 12 MW en sus instalaciones en San José y el 22 de junio de este año presentó el estudio de impacto ambiental para un segundo proyecto de generación hidráulica de pasada, calificada como ERNC: El Canelo, esta vez un poco más abajo y con una inversión de 50 millones de dólares.
El 3 de agosto, la firma comenzó la presentación ciudadana de la iniciativa y hasta la fecha, según se desprende del sistema de evaluación ambiental, ha recibido un centenar de observaciones de los organismos públicos, la mayoría relacionadas con su impacto en la fauna y flora nativa. Y diversas consultas de la comunidad.
Derechos a precio de oro
Sin embargo, el interés por la construcción de centrales choca con la falta de agua. Como en Chile, el líquido es propiedad privada asignada por el Estado a través de derechos o concesiones de por vida, en algunos ríos como el Maipo ya no hay forma de conseguirlo gratuitamente. Este afluente se dividió en 1861 en 7.568 acciones que después aumentaron a 8.133. Y no hay más.
Ello ha empujado al alza los derechos, que se están transando en varios millones de pesos, y ha llevado a que exista un interesante mercado que define precios, según el caudal asignado y la ubicación de donde se toman las aguas. Siempre vale más una acción en el nacimiento del río o sus afluentes como los ríos Olivares, Cruz de Piedra, Alvarado, Volcán o Colorado, que más abajo.
Por eso, no extraña en el Maipo que en los últimos meses haya tanta demanda por derechos en afluentes y esteros.
Como el gobierno pretende potenciar al máximo la generación hidroeléctrica para bajar los precios de la electricidad, la única solución que se vislumbra en el mediano plazo para liberar derechos o hacerlos bajar de precio es la aplicación de multas por no uso.
Como el gobierno pretende potenciar al máximo la generación hidroeléctrica para bajar los precios de la electricidad, la única solución que se vislumbra en el mediano plazo para liberar derechos o hacerlos bajar de precio es la aplicación de multas por no uso.
El sistema comenzó en 2007 y estipula que si pasados los primeros cinco años en que el agua entregada en concesión no se utiliza, su dueño deberá pagar una multa que se duplicará al final de 2012 y se cuadruplicará al cierre de 2017.
Este año el Estado ha recaudado 22.835 millones de pesos por ese concepto y ese alto precio podría convertirse en un incentivo
Este año el Estado ha recaudado 22.835 millones de pesos por ese concepto y ese alto precio podría convertirse en un incentivo
para que los especuladores, “suelten el agua” y se active el mercado. El gobierno no quiere una eventual paralización de obras por ese concepto.
Aun así, en el valle y en el sector eléctrico nadie quiere quemar etapas y se muestran cautos. Los nuevos proyectos y la judicialización de los que ya hay tienen demasiado revueltas las aguas. •••
www.capital.cl
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