La Justicia argentina investiga a la presidenta Cristina Fernández
y otros funcionarios por las restricciones impuestas a la compra de
divisas y la autorización para usar las reservas para pagar deuda,
confirmaron fuentes ligadas a la causa.
El fiscal Carlos Stornelli imputó a la mandataria, a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y al titular del Fisco, Ricardo Echegaray, a raíz de una denuncia judicial presentada por la líder de la opositora Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió.
“Stornelli consideró que la denuncia era lo suficientemente sólida como para abrir una investigación”, indicaron a Efe fuentes de la agrupación política.
El fiscal investiga si las resoluciones que dispusieron el uso de
reservas del Banco Central para el pago de deuda externa constituyeron
actos perjudiciales para el valor del peso argentino.
Para ello, el fiscal pidió un peritaje sobre las transferencias del Banco Central al Gobierno y sobre el nivel de las reservas.
El Senado de Argentina convirtió en ley en marzo pasado una reforma
de la carta orgánica del Banco Central que permite al Tesoro disponer de
más recursos para financiarse y eliminó la obligación que tenía la
entidad de mantener las reservas necesarias para respaldar la totalidad
del dinero en circulación.
Desde 2010 Argentina utiliza “reservas excedentes” del Banco Central
para cancelar compromisos de deuda con entes crediticios a raíz de las
dificultades del país para acceder a aportes de organismos
internacionales desde 2001, cuando declaró un cese de pagos en medio de
una profunda crisis económica.
La diputada Carrió también pidió en su presentación que se investigue
la aplicación de restricciones a la compra de dólares, las cuales
limitaron “de manera arbitraria, irrazonable e ilegal el acceso al
mercado cambiario”, postula la denuncia divulgada por el periódico Clarín.
Esas restricciones son “una discriminación arbitraria y manifiesta”
en perjuicio de los argentinos y “a favor de los tenedores del bono
Boden 2012″, evaluó la diputada.
El Ejecutivo argentino impuso las primeras restricciones cambiarias
destinadas a “desdolarizar” la economía y evitar la fuga de divisas en
noviembre de 2011 y las endureció el mes pasado, con la prohibición de
comprar divisa extranjera para atesoramiento y para la adquisición de
inmuebles y el aumento de los controles sobre quienes solicitaban
dólares para salir de viaje.
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