 |
|
|
|
|
La FNE ha elaborado guías para mejorar prácticas que permitan un sano desempeño comercial entre competidores.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha
dado a conocer la Guía de Buenas Prácticas, que tiene como principal
propósito erradicar acciones contra la libre competencia. Para ello, se
contemplan incentivos a las empresas que adhieran a esta política,
mediante Programas de Cumplimiento, como fijación de menores multas o
acuerdos extrajudiciales en caso de eventuales atentados a la
competencia.
En ese marco, se incluye la descripción de prácticas de uso habitual que pueden ser reñidas con la sana competencia. Se hace hincapié en que, por regla general, no se puede conversar con los competidores, en tanto conlleva un riesgo que puede significar colusión entre empresas, sancionado con multas de hasta US$30 millones.
Asimismo, se advierte que las compañías no podrán llevar a cabo acuerdos sobre precios, deberán tener políticas comerciales de precios y descuentos consistentes con los reglamentos internos, y no se permiten precios por debajo de los costos, aun cuando sea por lapsos cortos –como es el caso de liquidaciones–, porque se consideran prácticas predatorias.
El órgano fiscalizador también se refiere a las prácticas desleales con proveedores, al mal uso de marcas y a las políticas de incentivos contrarios a la libre competencia, con el fin de mejorar las prácticas comerciales.
Esta guía para privados tendrá su contraparte en el sector público, dado que los organismos estatales –como dijo el fiscal Felipe Irarrázabal– “tienen una constante e importante interacción con los agentes económicos, por lo que muchas de sus decisiones pueden tener repercusión en la competencia de los mercados en que dichos agentes participan”.
En ese marco, se incluye la descripción de prácticas de uso habitual que pueden ser reñidas con la sana competencia. Se hace hincapié en que, por regla general, no se puede conversar con los competidores, en tanto conlleva un riesgo que puede significar colusión entre empresas, sancionado con multas de hasta US$30 millones.
Asimismo, se advierte que las compañías no podrán llevar a cabo acuerdos sobre precios, deberán tener políticas comerciales de precios y descuentos consistentes con los reglamentos internos, y no se permiten precios por debajo de los costos, aun cuando sea por lapsos cortos –como es el caso de liquidaciones–, porque se consideran prácticas predatorias.
El órgano fiscalizador también se refiere a las prácticas desleales con proveedores, al mal uso de marcas y a las políticas de incentivos contrarios a la libre competencia, con el fin de mejorar las prácticas comerciales.
Esta guía para privados tendrá su contraparte en el sector público, dado que los organismos estatales –como dijo el fiscal Felipe Irarrázabal– “tienen una constante e importante interacción con los agentes económicos, por lo que muchas de sus decisiones pueden tener repercusión en la competencia de los mercados en que dichos agentes participan”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario