El Consejo de Defensa del Estado se querelló por el delito de violación de secretos, luego de que Rosario Albornoz, ex empleada del área de crédito y cobranza de La Polar, declarara a ESTRATEGIA que el cuestionado retailer compró bases de datos del INP en el año 2004, incluyendo a pensionados –algunos ya fallecidos– como clientes sin consultarles.
El caso La Polar sigue dando que hablar. En esta ocasión, a raíz del testimonio publicado en ESTRATEGIA en julio del año pasado de una ex empleada de la multitienda, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables por mal uso de los datos del Instituto de Normalización Previsional (INP, hoy IPS), entre 2004 y 2006.
El CDE acusa en su escrito dirigido al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, la existencia del delito de violación de secretos o información reservada, luego de que Rosario Albornoz, ex trabajadora del área de Crédito y Cobranza de La Polar, declarara que el cuestionado retailer compró las bases de datos del INP en el 2004 o 2005, incluyendo a los pensionados –algunos de ellos fallecidos– como clientes sujetos de crédito sin consultarles.
Según Albornoz, se dio cuenta de esto después que su madre Mercedes Rojas recibiera una llamada telefónica de La Polar indicándole que había un crédito aprobado a su nombre por $120.000, siendo que nunca lo solicitó.
Desde su lugar de trabajo accedió al sistema computacional, y comprobó el caso de su madre, y a la vez, ingresó el RUT de su padre Roberto Albornoz, fallecido en el 2004, y comprobó que figuraba con un préstamo por el mismo cupo.
En ese momento, Albornoz pudo visualizar el nombre de su padre, el número de RUT, domicilio, número telefónico, monto de su pensión, y la fecha de pago de ésta. De paso, llevó a cabo la misma dinámica con dos de sus tías ya fallecidas, y pasó lo mismo. Todo esto, aseguró la ex empleada de La Polar, puede verse en el sistema MENCONS de la empresa, y no en el de cobranza.
Al consultar en La Polar a Alejandra Contardo, secretaria de Manuel de La Prida, el subgerente del área de Captación, respondió a Albornoz que la base de datos fue comprada al INP. Esta última agregó que el ex gerente corporativo de Productos Financieros de la firma –hoy en prisión preventiva–Julián Moreno, debió estar enterado de la práctica ilícita. Igual cosa con Sandra Jiménez y Jimena Sepúlveda, ex jefas de promociones.
También habrían sido protagonistas uno o más funcionarios del entonces INP, quienes en conjunto a los implicados en La Polar consumaron eventualmente los delitos de violación de secretos o información reservada. Cabe recordar que el actual IPS inició un convenio con La Polar el 27 de octubre de 2004, el cual se extendió hasta el 30 de octubre de 2006.
Las Solicitudes del Consejo
En su querella criminal, en tanto, el CDE pide que se decrete la pericia del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones a los equipos computacionales del Departamento de Cobranzas de La Polar, especialmente a los que tengan incorporados el sistema MENCONS.
Asimismo, que se tome declaraciones de Julián Moreno, Manuel de La Prida, Alejandra Contardo, Sandra Jiménez y Jimena Sepúlveda.
El CDE solicitó, además, investigar el número de afiliados al INP que figuraron en las bases de datos y sistemas computacionales como clientes de La Polar, aparte del modus operandi para efectuarlo.
El CDE acusa en su escrito dirigido al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, la existencia del delito de violación de secretos o información reservada, luego de que Rosario Albornoz, ex trabajadora del área de Crédito y Cobranza de La Polar, declarara que el cuestionado retailer compró las bases de datos del INP en el 2004 o 2005, incluyendo a los pensionados –algunos de ellos fallecidos– como clientes sujetos de crédito sin consultarles.
Según Albornoz, se dio cuenta de esto después que su madre Mercedes Rojas recibiera una llamada telefónica de La Polar indicándole que había un crédito aprobado a su nombre por $120.000, siendo que nunca lo solicitó.
Desde su lugar de trabajo accedió al sistema computacional, y comprobó el caso de su madre, y a la vez, ingresó el RUT de su padre Roberto Albornoz, fallecido en el 2004, y comprobó que figuraba con un préstamo por el mismo cupo.
En ese momento, Albornoz pudo visualizar el nombre de su padre, el número de RUT, domicilio, número telefónico, monto de su pensión, y la fecha de pago de ésta. De paso, llevó a cabo la misma dinámica con dos de sus tías ya fallecidas, y pasó lo mismo. Todo esto, aseguró la ex empleada de La Polar, puede verse en el sistema MENCONS de la empresa, y no en el de cobranza.
Al consultar en La Polar a Alejandra Contardo, secretaria de Manuel de La Prida, el subgerente del área de Captación, respondió a Albornoz que la base de datos fue comprada al INP. Esta última agregó que el ex gerente corporativo de Productos Financieros de la firma –hoy en prisión preventiva–Julián Moreno, debió estar enterado de la práctica ilícita. Igual cosa con Sandra Jiménez y Jimena Sepúlveda, ex jefas de promociones.
También habrían sido protagonistas uno o más funcionarios del entonces INP, quienes en conjunto a los implicados en La Polar consumaron eventualmente los delitos de violación de secretos o información reservada. Cabe recordar que el actual IPS inició un convenio con La Polar el 27 de octubre de 2004, el cual se extendió hasta el 30 de octubre de 2006.
Las Solicitudes del Consejo
En su querella criminal, en tanto, el CDE pide que se decrete la pericia del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones a los equipos computacionales del Departamento de Cobranzas de La Polar, especialmente a los que tengan incorporados el sistema MENCONS.
Asimismo, que se tome declaraciones de Julián Moreno, Manuel de La Prida, Alejandra Contardo, Sandra Jiménez y Jimena Sepúlveda.
El CDE solicitó, además, investigar el número de afiliados al INP que figuraron en las bases de datos y sistemas computacionales como clientes de La Polar, aparte del modus operandi para efectuarlo.
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