Versiones de prensa publicadas recientemente han aseverado que la Superintendencia de Valores y Seguros habría marginado de toda responsabilidad a los intermediarios de valores -corredoras y agentes de valores- en relación a las transacciones realizadas sobre títulos de la empresa La Polar, así como a las recomendaciones de adquisición y enajenación sobre ellos.
Considerando la importancia que reviste el caso La Polar, y encontrándose bajo la investigación de esa Superintendencia y de los tribunales de justicia, en sus respectivos ámbitos resulta indispensable que los pronunciamientos de la autoridad sean hechos formalmente y no a través de trascendidos, porque ello deja un espacio inconveniente a las interpretaciones en un tema donde la opinión pública requiere certezas sobre la verdad de lo ocurrido y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Por lo anterior, sería saludable que la Superintendencia despejara las dudas que surgen ante estas versiones no confirmadas, señalando formalmente si ha adoptado alguna resolución en relación a los asuntos investigados. Entre éstos está el que se determine si quienes recomendaron la adquisición o venta de los títulos de esta empresa actuaron diligentemente.
Si bien cada persona es libre de tomar las decisiones de inversión que estime pertinentes, lo cierto es que a los intermediarios se les exige también una responsabilidad más profunda y un nivel de análisis acorde a quien cumple un rol especializado en el mercado de valores. Aunque no les corresponde el rol de fiscalizar, sí les toca determinar si la información disponible es suficiente para fundar sus recomendaciones y promover su revisión cuando estimen que no está bien respaldada. Igualmente, deberá dilucidarse si pudo haber un conflicto de interés entre esas recomendaciones y las decisiones tomadas por cada intermediario respecto de la cartera de títulos de su propiedad, materia que debe también ser investigada por la Superintendencia.
www.latercera.com
Considerando la importancia que reviste el caso La Polar, y encontrándose bajo la investigación de esa Superintendencia y de los tribunales de justicia, en sus respectivos ámbitos resulta indispensable que los pronunciamientos de la autoridad sean hechos formalmente y no a través de trascendidos, porque ello deja un espacio inconveniente a las interpretaciones en un tema donde la opinión pública requiere certezas sobre la verdad de lo ocurrido y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
Por lo anterior, sería saludable que la Superintendencia despejara las dudas que surgen ante estas versiones no confirmadas, señalando formalmente si ha adoptado alguna resolución en relación a los asuntos investigados. Entre éstos está el que se determine si quienes recomendaron la adquisición o venta de los títulos de esta empresa actuaron diligentemente.
Si bien cada persona es libre de tomar las decisiones de inversión que estime pertinentes, lo cierto es que a los intermediarios se les exige también una responsabilidad más profunda y un nivel de análisis acorde a quien cumple un rol especializado en el mercado de valores. Aunque no les corresponde el rol de fiscalizar, sí les toca determinar si la información disponible es suficiente para fundar sus recomendaciones y promover su revisión cuando estimen que no está bien respaldada. Igualmente, deberá dilucidarse si pudo haber un conflicto de interés entre esas recomendaciones y las decisiones tomadas por cada intermediario respecto de la cartera de títulos de su propiedad, materia que debe también ser investigada por la Superintendencia.
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