La colusión de grandes empresas avícolas es un nuevo gran escándalo que estalla durante el año, cuando aún las maniobras fraudulentas contra clientes de la multitienda La Polar siguen sin esclarecerse plenamente y sancionarse. La Fiscalía Nacional Económica al poner al descubierto el manejo efectuado por la llamada Asociación de Productores Avícolas, que de acuerdo a la denuncia, cumplía un papel clave en la repartición del mercado entre Agrosuper –la mayor empresa productiva por ventas del sector alimentos-, Agrícola Ariztía y Don Pollo confirma que existen disposiciones y mecanismos para enfrentar manejos como los revelados, que incluso se relataron impunemente por medios de prensa.
El gran tema es enfrentar decididamente las expresiones de colusión existentes y sancionarlas ejemplarmente, no convirtiéndolas en indefinidos procesos jurídicos. La economía chilena tiene un grado de concentración elevado que fácilmente puede conducir a maniobras contra los consumidores o proveedores. La respuesta oficial de limitarse a anunciar la constitución de una comisión especial para “perfeccionar” la legislación en defensa de la libre competencia resulta nuevamente insuficiente. De otra parte, el hecho vuelve a plantear el tema de los conflictos de intereses en funcionarios con elevados cargas en la administración pública.
Luego de una prolongada investigación, que incluyó allanamientos de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de la productora Don Pollo –aprovechando modificaciones legales promulgadas hace dos años-, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión de los tres oligopolios dominantes en el sector (Agrosuper, Agrícola Ariztía y Don Pollo) efectuada en coordinación con el organismo empresarial. La denuncia establece que ese proceder lo mantenían desde hace una década, es decir también durante los gobiernos de la Concertación.
La colusión se realizaba efectuando a fines de cada ejercicio una proyección del consumo en el año siguiente, estableciendo las toneladas de carne de pollo a producir y vender por cada una de ellas, asignándose cuotas de mercado. Las estimaciones efectuadas eran analizadas en las reuniones de directorio de la APA, la cual quedaba encargada de monitorear el cumplimiento del plan concordado, tarea que efectuaban a través de un organismo denominado “Comisión de Evaluación”, cuyo secretario ejecutivo era nada menos que su presidente, Juan Miguel Ovalle. “El actuar de la APA –expresó la FNE- es del todo contrario a lo que puede esperarse de una entidad de esta naturaleza dentro de un marco competitivo”. Constituye una grosera deformación del papel a desempeñar por las organizaciones empresariales.
La APA, de producirse modificaciones en las condiciones del mercado, proponía introducir cambios en el acuerdo concordado. “El principal foco de colusión –manifestó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón- está en estas asociaciones gremiales que en muchas ocasiones son las que promueven (…) el acuerdo de precios para afectar el bolsillo de los consumidores” (02/12/11). Por esta razón, la FNE propuso al TDLC la disolución de la asociación gremial y se le aplicase una multa ascendente a 20.000 UTA (US$18,2 millones). A cada una de las tres empresas coludidas planteó multarlas en 30.000 UTA (aproximadamente US$27 millones).
“Este es un cartel de larga data –manifestó el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal- de manera que ha tenido el control sobre la producción durante mucho tiempo. El ilícito central es un cartel para limitar la producción. Es obvio, por demanda y oferta –agregó-, que efectivamente el hecho de modificar o acordar cantidades tiene un impacto en el precio, aunque en este caso la forma como operaba el cartel era a través de un acuerdo respecto de la producción. Otro elemento adicional –recalcó- es que este cartel se produce a nivel gerencial, no son mandos medios, sino que son los gerentes de las empresas los que están involucrados” (02/12/11). Por tanto, la colusión se producía directamente al más alto nivel de las empresas, facilitando la coordinación el organismo que las reunía.
En los mercados oligopólicos, como el avícola, se producen habitualmente tendencias a la colusión. Ello es un problema que se repite, dado que una evolución muy habitual es hacia la concentración, quedando la producción y las ventas en manos de unos pocos actores, los cuales frecuentemente se ponen de acuerdo en precios –como aconteció en el mercado farmacéutico con Farmacias Ahumadas, Cruz Verde y Salcobrand-, al dividirse el mercado o efectuar otras acciones que restrinjan la competencia, dando lugar a la formación de estructuras anticompetitivas. Estos acuerdos, desde luego, afectan directamente a los consumidores. Su existencia por un largo lapso muestra la debilidad de los organismos regulatorios y el todavía insuficiente desarrollo de asociaciones en defensa de los consumidores, llamadas a desempeñar una función cada vez más importante. “Aquí –manifestó Felipe Irarrázabal, refiriéndose a la colusión avícola- se asignaron cuotas de mercado, hubo intercambio de información, se alteró la competencia y bajo la coordinación de la asociación gremial se ejecutó un cartel. Déjeme –añadió en una entrevista de prensa- usar las palabras de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso famoso: el cartel es la maldición suprema del derecho a la competencia” (02/12/11).
En la producción de pollos Agrosuper, Agrícola Ariztia y Don Pollo explican un 92% del total, mientras en las ventas –considerando las importaciones-, representan un 82%, de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la investigación por la FNE. Ninguna de estas empresas se dedica únicamente a la producción de pollos. Agrosuper participa también en la de pavos, cerdos, salmón y cecinas, Ariztía en pavos, cerdos, huevos y cecinas y Don Pollo en cerdos, huevos y cecinas. ¿En las otras actividades en donde tienen un alto porcentaje del mercado igualmente no se coluden?
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