2011/01/09

En breve, arreglo “amistoso” Venezuela-Cemex

En unos días, Venezuela anunciaría plan, aunque el gobierno de Hugo Chávez considera “excesivo” los 1,300 mdd reclamados por Cemex

A unos días de que un tribunal internacional reconoció que Cemex sí puede reclamar la violación al acuerdo sobre protección de inversiones firmado entre el país sudamericano y Holanda, la administración del presidente Hugo Chávez reconoció hoy que busca un acuerdo “amistoso” para liquidar las plantas expropiadas a la cementera mexicana en 2008.
Se está “trabajando con Cemex para llegar a un ‘arreglo amistoso’, que implicará la indemnización al grupo mexicano”, publica hoy el diario venezolano El Universal en su página en internet.
El rotativo cita como fuente de información a un comunicado emitido por el “Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias”.
El Universal de Venezuela señala que el ministro, Ricardo Menéndez, comentó que el convenio será anunciado en los próximos días, aunque calificó como “excesivo” la indemnización de 1,300 millones de dólares que solicitó Cemex por sus activos en ese país que entre otros incluyen tres plantas productoras de cemento.
El anuncio, del ministerio se hace luego que la semana pasada la corte internacional del Banco Mundial (CIADI o ICSID) reconoció que existían los elementos para el tribunal tomará el reclamo de la cementera mexicana por la violación al acuerdo de protección de inversiones firmado Venezuela y Holanda en 1991.
“El tribunal (arbitral) por unanimidad decide (…) Que tiene competencia sobre las reclamaciones presentadas por Cemex Caracas y Cemex Caracas II en tanto las mismas estén basadas sobre los supuestos incumplimientos del Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones celebrado el 22 de octubre de 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela”, resolvió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El CIADI (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) es el tribunal del Banco Mundial que se encarga de dictaminar las diferencias entre los Estados nacionales y los inversionistas privados en los países donde fungen como empresas extranjeras. (El Semanario Agencia, ESA)


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