El proyecto busca regular la instalación de antenas de telefonía móvil e incluye la obligación de colocalizar antenas en obras futuras y existentes, menos donde técnicamente sea imposible. Cabe destacar que las empresas móviles invierten cerca de US$ 400 millones anuales en el desarrollo de sus redes.
El gremio que reúne estas firmas, Atelmo, representado por su presidente Guillermo Pickering, planteó ante la comisión de Transportes del Senado que estudia iniciativa legal, una serie de estudios que plantean que la inconstitucionalidad de la ley.
Atelmo entregó informes legales de Olga Feliú, Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Barros. Este último plantea que la colocalización afecta los derechos de propiedad del dueño de los terrenos en que se emplazan las antenas de telecomunicaciones "al gravarlo sin su consentimiento" y de las compañías en cuanto a titulares de los derechos contractuales.
Además, agrega que "les dificultará la posibilidad de llevar a cabo inversiones futuras en mejoramiento tecnológico de las antenas, afectando de manera significativa el derecho a desarrollar su actividad empresarial".
El abogado argumenta que la regulación pone en cuestión "los derechos constitucionalmente garantizados de las empresas que explotan esas instalaciones".
Al respecto, el titular de la Subtel, Jorge Atton, contestó ayer que con el proyecto de ley de reconstrucción que permite el ingreso de operadores de infraestructura, "le bajamos conflictividad" al tema, ya que "cuando se termine de discutir la ley, las torres de los nuevos operadores van abiertas hace rato".
DiarioFinanciero.com
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