En 1981, el gobierno transandino requisó el banco que el empresario chileno Tomás Carvallo fundó en la provincia de Salta. Tres décadas después y tras admitir que la confiscación fue ilegal, la Corte Suprema argentina deberá determinar el monto de la indemnización, que extraoficialmente se calcula en torno a US$ 400 millones.
Tomás Carvallo recuerda bien lo que pasó ese 31 de enero de 1981. Hacía mucho calor en Buenos Aires, cuando este chileno, entonces de 31 años, recibió un llamado desde la ciudad de Salta, en el norte del país. "El Banco Central nos viene a quitar el Barna (Banco Regional del Norte Argentino). Están aquí los militares. Hay todo un dispositivo y dicen que nuestra empresa es insolvente".
Desde su oficina en la calle Ricardo Rojas, en el centro de la Capital Federal, Carvallo escuchó con atención lo que Diego, el menor de sus cinco hermanos, le contó desde el otro lado del teléfono. Angustiado, le relató cómo los oficiales clausuraron la puerta del edificio y se llevaron las llaves del establecimiento. Aunque el empresario dice que su estado era de shock, hoy asegura que sospechaba que eso sucedería.
"En esa época Chile enfrentó conflictos de frontera con Argentina. No me querían permitir la adquisición del banco y, al poco tiempo que me dieron la autorización de compra, me lo quitaron. Me decían que el banco estaba en la ruina, pero no era así, pues sus cifras siempre fueron azules", sostiene.
Desde que eso ocurrió han pasado casi 30 años y Carvallo suma tres juicios en contra del instituto emisor argentino. A principios de los 90, dos de esos litigios fueron fallados a su favor. Sin embargo, no le han devuelto un peso. Según Carvallo, "las autoridades argentinas no desconocen que el banco se confiscó arbitrariamente ni que hay que restituir mi patrimonio.
El problema es que no saben cuánto hay que pagar, ni quién se hace cargo".
Por esto, el 2004, Carvallo, asesorado por el estudio argentino Petracchi, inició un último juicio. Llegaron hasta el Juzgado Nacional en lo Comercial para que éste determine el monto que el Estado deberá cancelar. Hace un mes la petición fue derivada a la Corte Suprema argentina, quien en un plazo máximo de un año debe fijar dicha cifra. Extraoficialmente se calcula que el monto es de US$ 82 millones de la época: eso equivaldría a más de US$ 400 millones de hoy.
Paralelamente, Carvallo hizo un lobby intenso a nivel internacional. Se reunió con los presidentes que han desfilado por el gobierno, entre ellos De la Rúa, Alfonsín, Menem y Kirchner. Fue más de 100 veces a la Casa Rosada, pidió la intercesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y solicitó la cooperación de senadores norteamericanos como Bob Dole, el fallecido Jesse Helms y Joseph Biden. En 1998, el abogado chileno Luis Francisco Muñoz se unió a la causa.
Por esto, el 2004, Carvallo, asesorado por el estudio argentino Petracchi, inició un último juicio. Llegaron hasta el Juzgado Nacional en lo Comercial para que éste determine el monto que el Estado deberá cancelar. Hace un mes la petición fue derivada a la Corte Suprema argentina, quien en un plazo máximo de un año debe fijar dicha cifra. Extraoficialmente se calcula que el monto es de US$ 82 millones de la época: eso equivaldría a más de US$ 400 millones de hoy.
Paralelamente, Carvallo hizo un lobby intenso a nivel internacional. Se reunió con los presidentes que han desfilado por el gobierno, entre ellos De la Rúa, Alfonsín, Menem y Kirchner. Fue más de 100 veces a la Casa Rosada, pidió la intercesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y solicitó la cooperación de senadores norteamericanos como Bob Dole, el fallecido Jesse Helms y Joseph Biden. En 1998, el abogado chileno Luis Francisco Muñoz se unió a la causa.
La compra del Barna
Tomás Carvallo es mitad chileno, mitad argentino. Nació en Santiago en 1950 y a los pocos años su familia se trasladó a Viña. Estudió en el Colegio San Rafael de Valparaíso y apenas se graduó decidió ir a probar suerte al otro lado de la cordillera. "Siempre tuve la inquietud de ver qué pasaba ahí. Lo difícil es empezar a hacer negocios, pero gracias a que tenía muchos parientes, no fue complicado lograrlo", dice. Carvallo inició su vida empresarial en Pergamino, localidad al norte de Buenos Aires, donde la familia de su madre, Rosario Quintana -hija de Federico Quintana, un ex embajador de Argentina en Chile-, tenía tierras.
Como el fundo se emplaza a unos 200 kilómetros de la Capital Federal, Carvallo distribuyó su tiempo entre el campo y sus estudios de Ingeniería Comercial en la Universidad de Buenos Aires.
Pero la academia no duró demasiado: dejó las clases para concentrarse únicamente en el trabajo. Compró cerca de 75 mil hectáreas en Salta y llamó a esta propiedad Ganadera El Dorado. Ahí, a través de la compañía La Tregua, comenzó a desarrollar el negocio de la soja.
Además adquirió acciones de varias compañías, como el Frigorífico Monte Grande -entonces el más importante de Argentina- y el 40% de Soletanche, una empresa francesa instalada en Venezuela que se dedicaba a las perforaciones de subsuelo. A los pocos años, su capital superaba los US$ 100 millones.
Además adquirió acciones de varias compañías, como el Frigorífico Monte Grande -entonces el más importante de Argentina- y el 40% de Soletanche, una empresa francesa instalada en Venezuela que se dedicaba a las perforaciones de subsuelo. A los pocos años, su capital superaba los US$ 100 millones.
Los negocios de Carvallo proliferaron. El centro de las operaciones de sus empresas se repartía entre Salta, Buenos Aires, Caracas y Nueva York. Llegó a ser considerado como uno de los hombres más ricos de la región, pero ansiaba ir más lejos. "Quería aumentar el círculo de negocios con Chile y Bolivia. Era un proyecto muy ambicioso", dice. Por ello, en 1977 decidió ingresar al negocio financiero y desarrolló una innovadora estrategia para hacerlo: publicó un mensaje en un diario argentino que decía "compro acciones del Barna". Al día siguiente se convirtió en el accionista mayoritario de la institución y nombró a su hermano Diego como gerente general de la compañía.
"Para capitalizar esta operación vendí tierras de Ganadera El Dorado, donde obtuve cerca de US$ 1 millón y los inyecté en el Barna", relata Carvallo. Aproximadamente el 29% de las acciones del banco estaban a su nombre y el 70% a nombre de su propiedad, Ganadera El Dorado, mientras que menos del 1% pertenecía a pequeños inversionistas.
Según Carvallo, en esa época el Barna se emplazaba en un antiguo edificio de la calle Balcarce de Salta y no superaba los 100 metros cuadrados. "Sólo tenía un viejo aire acondicionado", indica. Además del capital inicial, recuerda que invirtió en total US$ 2 millones y que construyó un nuevo edificio. Al poco tiempo, el Banco Regional del Norte Argentino era la institución financiera más importante de la provincia de Salta y su cartera superaba los US$ 100 millones.
Carvallo vs. Banco Central
Carvallo cuenta que, a fines de 1980, el Banco Central inició una campaña de persecución contra él y su familia. "Los problemas limítrofes entre ambas naciones eran algo serio. No les gustaba mi presencia, ni menos mi capital", indica.
En esa época, tras una inspección realizada por ese banco, se exigió al Barna la presentación de un plan de saneamiento para corregir las fallas de capitalización y liquidez que, de acuerdo con la versión de los militares, tenía la entidad. Según declaraciones de los funcionarios que representaron al Estado argentino, el Banco Central detectó varias irregularidades, como falta de garantías para préstamos u operaciones, subcapitalización y otorgamiento de grandes préstamos, que implicaban riesgos injustificados. Además, sostuvo que la deuda del Barna ascendía a US$ 60 millones.
Por ello, exigieron a Carvallo un plan para revertir esta situación. De lo contrario, la institución financiera sería incautada.
"Si bien era un banco pequeño y muy local, nuestras cifras eran azules. De todas formas, quisimos demostrar que confiábamos en el banco y les dije que iba a hacer aún más solvente la entidad", narra el empresario.
"Si bien era un banco pequeño y muy local, nuestras cifras eran azules. De todas formas, quisimos demostrar que confiábamos en el banco y les dije que iba a hacer aún más solvente la entidad", narra el empresario.
Entonces presentó un plan de mejoramiento que incluía la transferencia al Barna de un paquete de acciones de nueve de sus empresas. "A pesar de que todo era un aparataje sin fundamento, quise demostrar que el banco era responsable: deposité ahí todo mi patrimonio en respaldo de los créditos del banco. Con eso el banco quedaba dos o tres veces más consolidado. Mi patrimonio era de unos US$ 100 millones. Estamos hablando del año 80, era mucha plata", indica.
Pero el Banco Central rechazó el plan de Carvallo y el 30 de enero de 1981 la entidad revocó la autorización de funcionamiento del Barna como institución financiera: le ordenó terminar de inmediato sus actividades comerciales, dispuso su liquidación e inició acciones judiciales para lograr la declaración judicial de quiebra.
Nadie paga
De inmediato el Barna interpuso acciones judiciales contra la resolución del Central. En 1983, la Corte Suprema condenó al Estado "por cometer un acto inconstitucional y arbitrario", señala Carvallo. Luego, en 1985, el Barna emprendió otro juicio, exigiendo que se revocara la declaración de quiebra, lo que en 1991 fue ratificado por la Corte Suprema. Sin embargo, a pesar de las numerosas sentencias judiciales que invalidan las resoluciones del Banco Central, nadie le ha respondido y Carvallo se queja de que su tramitación ha sufrido demoras injustificadas. "Gano todos los juicios, pero nadie paga", expresa.
En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, Carvallo llegó hasta la Procuración del Tesoro. "Ahí determinaron que el monto patrimonial a pagar era entre US$ 80 millones a US$ 84 millones. A eso había que agregarle intereses e indemnización por daños y perjuicios", señala. Sin embargo, no pasó nada.
Por eso, en 1998 decidió recurrir a la OEA. Se contactó con el estudio de abogados Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson & Hand de Washington, y el 6 de enero de ese año llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahí trabajaba el abogado chileno Luis Francisco Muñoz, quien junto al jurista Orlando Vidal, lo asesora en esta materia. Pese a que la institución determinó que el caso era admisible, ratificando la existencia de una violación a los derechos fundamentales de Carvallo, sus conclusiones no son vinculantes para la justicia argentina.
Así, Muñoz y Vidal, en conjunto con el estudio Petracchi acompañan a Carvallo en la última instancia judicial: la Corte Suprema. Es ésa la entidad que ahora debe determinar el monto a pagar.
Hoy la vida de Tomás Carvallo es completamente diferente. Tiene 60 años, 3 hijos y vive en una casa antigua en el barrio Pueyrredón, en Córdoba. "Es más económico vivir aquí que en Buenos Aires", dice. Aunque ha intentado emprender nuevos negocios, la falta de capital propio no se lo ha permitido. Por eso, en estos 30 años se ha dedicado a hacer asesorías a empresas y participar en algunos proyectos inmobiliarios. Pero la verdad, tal como él dice, está concentrado en el juicio por la recuperación de su patrimonio.
"Estos trámites son agotadores. Me han frenado la posibilidad de moverme y de reiniciar mi vida en otro lado. Tengo que estar aquí. Por eso lo único que quiero es que esto termine, pues no tengo edad para seguir peleando. Si todo sale bien, mi idea es crear un fondo de inversión. Total, nunca es tarde para volver a empezar", dice.
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