Anauco aseguró que las empresas del Estado no cumplen a cabalidad con los mecanismos de supervisión legales, tales como la contraloría social y el marcaje de precios
Por: Eduardo Lugo
La gran mayoría de las empresas de alimentos asumidas por el Gobierno carecen de controles exigidos por las leyes venezolanas. Así lo afirmó ayer el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, con respecto a la contraloría social que lleva a cabo la organización en diversas empresas de alimentos privadas y públicas del país.
Entre las compañías que fueron visitadas por Anauco estuvieron las plantas de empresas Polar ubicadas en los estados Aragua y Yaracuy, Proarepa (Portuguesa), Asoportuguesa y Bravo Cacique Yaracuy
Resultados obtenidos
Con respecto a los resultados obtenidos de las visitas, afirmó que la demanda nacional de alimentos está en 1.150 millones de kilos por año, y que la producción dentro del territorio se divide 50% en el sector público y 50% en el sector privado. También aseguró que las plantas expropiadas por el Ejecutivo no han aumentado la capacidad instalada, producción, puestos de trabajos ni fuentes de trabajo.
El representante de Anauco señaló que hasta los momentos no hay inventarios de más de dos días. “Todos sabemos que no se pueden tener inventarios porque si una empresa tiene un alto porcentaje de almacenaje pueden ser calificados como acaparadores y tendrían sanciones penales bastante fuertes”.
Manifestó que existen estrictos controles administrativos sobre la producción y distribución a manos de la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) y del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA).
Parilli aprovechó la ocasión para asegurar que durante las supervisiones hubo más acceso a las fábricas privadas que las públicas. “Nos costó verdaderamente entrar a algunas empresas públicas. De hecho, en algunas no nos dieron información”.
¿Y el precio?
Con paquetes de harina precocida de diferentes marcas, el presidente de Anauco explicó que algunos empaques provenientes de las compañías del Estado no poseen marcaje de precios. “Aquí hay un trato desigual porque los privados tienen la obligación de poseer el precio en los paquetes de sus productos.
El precio no se pone así por ser privados sino que se coloca para que no exista especulación. Tiene que haber un trato igualitario tanto para las plantas públicas como para las privadas”.
Indicó que no está justificada la utilidad pública en expropiaciones porque para que haya una expropiación tiene que haber causa de utilidad pública. “Si las plantas no han crecido ni en producción ni en empleo no vemos cuál es la utilidad pública. Aquí lo que vemos es una sustitución de dueños”, expresó el abogado.
Aspectos regulatorios
Por otra parte, Anauco afirmó que las empresas reciben quincenalmente la supervisión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) y del SADA.
Asimismo, todas las compañías venezolanas deben cumplir el requisito de la aprobación de la guía SICA para la distribución de los rubros alimenticios a escala nacional.
En alusión a la producción estimada de rubros a través de las compañías visitadas, informó que Polar (Yaracuy) trabaja al 100% de su capacidad instalada, Asoportuguesa 100%, Proarepa 80% y Polar (Aragua) 100%. Por toneladas/ mes, Polar (Aragua) cuenta con 18.000 toneladas, Proarepa 9.000, Asoportuguesa 3.500, y Polar (Yaracuy) 16.500.
El Dato
1.150 millones de kilos/año es la demanda nacional de alimentos
http://www.talcualdigital.com
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