“Vamos a necesitar de los empresarios mayor compromiso y generosidad de la que naturalmente agradecemos profundamente, pero que es insuficiente. Entonces, aquí nace la oportunidad de redefinir la relación pública-privada”.
Estas palabras, dichas por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el pasado 19 de marzo ante representantes del sector privado reunidos en Icare, fueron el adelanto explícito de cómo el Ejecutivo abordaría la relación con los privados y, al mismo tiempo, vaticinio de lo que se planeaba para el diseño del financiamiento que tendría el plan de reconstrucción, que incorporó como el elemento más novedoso -y polémico- el alza de impuestos, particularmente el de Primera Categoría.
Es que para los gremios un incremento de gravámenes decidido por un gobierno del cual se consideran ideológicamente cercanos, como es el de Sebastián Piñera, les resultaba -a lo menos- contradictorio.
Esta sensación se acentuaba sólo al recordar que sus actuales ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Economía, Juan Andrés Fontaine, en su rol de economistas siempre fueron opositores a incrementos tributarios, cautelando de no afectar el ritmo de crecimiento del país de la mano del impulso privado.
El beneficio de la duda
En ese escenario, la lógica dictaría que una vez concretada el alza impositiva, la relación del Ejecutivo y el empresariado -que se opuso
abiertamente al aumento- se viera afectada negativamente.
Pero no fue así. Fuentes empresariales explican que al interior de los gremios hubo dos consensos.
Primero, que "era predecible" que que se le pidiera al empresariado un esfuerzo importante en la reconstrucción, y eso quedó claro desde la primera reunión que se sostuvo con el presidente Piñera,explican fuentes gremialistas. Y segundo, que "el empresariado no se podía restar a este esfuerzo".
A lo largo de ese proceso, hubo dos reuniones comunicacionalmente muy visibles -el 23 de marzo con Larraín y el 29 con el propio Piñera-, pero además múltiples llamados telefónicos del mandatario a los dirigentes gremiales, conversaciones en las cuales "se informó de lo que se planeaba y donde se pudieron plantear nuestras opiniones", afirman las fuentes.
Ahora bien, agrega otra fuente gremial, cuando hubo certeza del aumento de impuestos, "dijimos que no nos gustaban, pero consideramos clave que el gobierno se comprometiera a que fuesen transitorias. Y eso es lo que esperamos".
Los límites de la paciencia
A la espera de que el proyecto con el mix tributario ingrese a trámite en el Congreso, las preocupaciones del empresariado están centradas en qué tan dispuesto está el Ejecutivo a lograr la aprobación de las medidas propuestas sin acceder a las solicitudes de la Concertación, que exige alzas de impuestos permanentes, y qué tan rápido será la ejecución de la reconstrucción.
Desde el sector privado plantean que hay conciencia que ahora la presión se trasladará al Congreso, "donde estaremos muy atentos a lo que resulte"; y segundo, a que se imprima máxima velocidad a la labor de levantar el aparato productivo.
Y es aquí donde aparecen varias críticas.
"Vemos al presidente en todos lados, generando expectativas de solución inmediata...va a la isla de Juan Fernández y la gente cree que con él, llegan las soluciones, pero se va y las cosas siguen igual", subrayan.
El cuestionamiento apunta a que "hay mucho histrionismo y centralización en las decisiones" que debería resolverse "empoderando a las regiones en la reconstrucción", aseveran las fuentes gremiales.
Con todo, aseguran que "comprendemos que los procesos de instalación son difíciles y más aún con un terremoto". Fue precisamente esa sintonía la que permitió que las relaciones gobierno-empresariado en este episodio no resultaran dañadas, aunque se admite que "existe un condicionamiento a cómo se den las cosas más adelante".
Esto, subrayan, porque "la paciencia tiene límites y si no se ven cosas concretas entre 90 y 120 días, las cosas pueden comenzar a cambiar".
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