La Cámara de Diputados de Argentina discutió ayer el proyecto de ley para la producción lechera, una controvertida iniciativa que entrega facultades a una comisión nacional para establecer el precio de referencia de la leche y regular los volúmenes de producción, en una nueva jugada de la administración de la presidenta Cristina Fernández para intervenir en la actividad económica privada.
El proyecto, que contempla la creación de una Comisión Nacional de Lechería con amplios poderes para regular la oferta y establecer los precios de referencia del producto, ha sido rechazado por 18 representantes de la producción y la industria.
“El proyecto plantea la estatización de la economía láctea y otorga superpoderes a una comisión de quince miembros que manejará arbitrariamente el negocio lechero”, dijo el coordinador del Comité de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Máximo Russ, en declaraciones reproducidas por el periódico local La Nación.“Conocemos inversionistas que estaban buscando asociarse con alguna empresa, pero ya cambiaron de destino. Están buscando en Brasil”, advirtió Russ.
Creciente intervenciónEste caso se suma a la intervención de la empresa Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte a Buenos Aires, la ruta más transitada del país, que el lunes se declaró oficialmente en cesación de pagos.
La acción del gobierno ha desatado además la réplica de otros líderes políticos, que están aprovechando el impulso para promover iniciativas similares. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, decidió acelerar los trámites en el Congreso bonaerense para rescindir el contrato de la concesionaria Covisur, operadora de la Ruta 2, la vía que conecta a Buenos Aires con Mar del Plata y otros balnearios de la costa atlántica.
La iniciativa busca volver a licitar las rutas 11, 36, 54, 63 y 74, unificando los contratos en una sola concesión por un período de 30 años y demandando un plan de inversiones de 300 millones de pesos argentinos (US$ 78,8 millones) anuales.Asimismo, el Senado aprobó ayer prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2011 la emergencia económica, lo que faculta al gobierno para fijar tarifas, renegociar los contratos de servicios públicos, regular los precios de la canasta básica y reordenar el sistema financiero, entre otras medidas.
Se dispara el gastoDebido al aumento del gasto público, incluidos los costos derivados de las intervenciones, el balance del gobierno cerrará el año con cifras rojas por primera vez desde 2001. El déficit fiscal podría llegar a 15 mil millones de pesos argentinos, equivalentes a 0,5% del Producto Interno Bruto, según estimaciones del estudio Bein, que fueron publicadas por el periódico El Cronista.
Según los expertos, este año se combinó la disminución de la recaudación tributaria por la crisis financiera global con el aumento del gasto y los vencimientos de deuda e intereses por 25 mil millones de pesos argentinos.El déficit acumula 6.500 millones de pesos argentinos entre enero y octubre, pero diciembre será complicado, ya que a los aguinaldos a los empleados públicos y jubilados se suma el pago de un cupón del PIB por US$ 1.800 millones.
http://www.df.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario