Cero peso. Ese será el costo que tendrá el segundo plan del gobierno de este año para enfrentar la crisis y que tiene un decidido énfasis en la promoción del crédito privado en el mercado financiero.
Es que de acuerdo a las estimaciones del ministro de Hacienda –desde ayer vicepresidente- Andrés Velasco, se espera que éstas medidas, tanto de carácter administrativo como legal, sumado a la capitalización de BancoEstado, generen hasta US$ 6.000 millones de crédito privado adicional, sin que el gobierno deba intervenir directamente en el financiamiento de éstas.
“Estas 20 medidas podrían producir alrededor de US$3.600 millones en crédito privado adicional; estamos hablando de una iniciativa potente, cuantiosa. Y una estimación conservadora de cuánto más podría prestar BancoEstado, después de la capitalización, es del orden de US$2.400 millones”, precisó el secretario de Estado.
Así, expresó Velasco, el efecto combinado se traduce en “un potencial de US$ 6.000 millones de crédito que le va a llegar a las familias, a los emprendedores, a la señora que tiene un taller, a una empresa de menor tamaño justo en esta coyuntura difícil, que es cuando este crédito más se necesita”.
Y es que el plan parte del diagnóstico de que es necesario que “los engranajes del sistema financiero funcionen bien. Que aquellas pequeñas empresas que han recibido demasiados no, reciban ahora un sí, con créditos a mejores tasas y plazos más largos”, subrayó Velasco, agregando que las medidas, especialmente las relacionadas con el financiamiento no bancario, “miran más allá de la coyuntura”.
Respecto de timing, el gobierno aseveró que el proyecto misceláneo ingresaría a trámite esta semana al Congreso.
DetallesEntre las medidas a las que Velasco dio especial relevancia, destacan el aumento del límite del crédito para viviendas con subsidio de hasta 2.000 UF, desde un 80% a un 90%, y la ampliación a tres años del pago de los créditos de pymes con deudas tributarias. Esto último permitirá a los contribuyentes renegociar sus deudas, así como suspender los procesos de apremio y recuperar el control de bienes embargados.
Según el vicepresidente, “esto tiene dos ventajas: liquidez y además, el reconocimiento de la estacionalidad de las empresas, que pueden acordar en sus convenios cuotas de pago distintas entre sí”, explicó.
Otro punto que abordó tiene que ver con la securitización para actores no bancarios, desestimando el riesgo potencial de que la emisión de bonos con deuda de las pymes se terminen convirtiendo en activos tóxicos, como lo que ocurrió en la crisis subprime de EE.UU.
Al respecto, argumentó que la securitización ya existe en Chile bajo estándares nacionales e internacionales altamente exigentes, y que “en muchos casos, estamos hablando de créditos que van a pedir empresas; por lo tanto, hay una doble fuente de fiscalización porque en muchos casos son empresas cuya contabilidad y cuyos estados son públicos”, sostuvo.
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