Once fueron las sanciones que cursó durante 2008 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por faltas ligadas al uso de información privilegiada en el mercado local. Sanciones que iniciaron su propio camino en la justicia, luego que los afectados resolvieran apelar cada decisión del ente regulador. Y aunque están en distintas etapas, para varios de ellos 2009 podría ser un año clave.
Esto, incluso para el caso de Juan José Cueto, socio de LAN, quien fue multado por la SVS el 6 de julio de 2007 con UF 1.620 ($30 millones) por incumplir el deber de abstención en la compra de acciones de LAN estando en conocimiento de sus estados financieros.
El caso llegó a manos del 27{+o} Juzgado Civil de Santiago, luego que Cueto decidiera apelar a la resolución de la SVS. Tanto la defensa de la superintendencia, liderada por el abogado Francisco Pfeffer, como la del empresario, encabezada por los expertos de Claro y Compañía, presentaron sus pruebas y se está a la espera del fallo del tribunal de primera instancia.
Su relevancia radica en que en el mercado, éste es considerado un caso espejo al de Sebastián Piñera, quien en la ocasión también recibió una multa por parte del regulador, por UF 19.470 (unos $363 millones) y optó por no apelar.
Ya en 2008, la SVS abrió fuegos con la sanción, el 17 de junio, a ocho ejecutivos por distintas malas prácticas en el caso emblemático de la abortada fusión entre D&S y Falabella.
En esa ocasión multó a Hans Eben, entonces vicepresidente de D&S, María Luisa Solari y Ana María Laguna por incumplir el deber de reserva. Además, cursó sanciones a Vicente Aresti, Eugenio Eben, Alejandro Irarrázabal, Marcel Zarour y Peter Studer abiertamente por uso de información privilegiada.
Hans Eben decidió apelar la sanción luego de cancelar el 100% de la multa recibida. Esto, pese a que el regulador sólo exige el pago del 25% de ésta para poder presentar el recurso de reclamación. En su defensa trabajan los abogados del estudio Barros & Errázuriz.
El caso de María Luisa Solari y su pareja, Marcel Zarour, se encuentra en etapa probatoria en el 2{+o} Juzgado Civil de Santiago. Durante el primer semestre se podría conocer el fallo en primera instancia.
Quien ya recibió una respuesta del tribunal de primera instancia es Ana María Laguna, la asesora comunicacional de Extend. El 18{+o} Juzgado Civil de Santiago falló a favor del ente regulador el 18 de diciembre pasado, siendo éste el primero de los casos ligados a la fusión que ya recibió una primera resolución de la justicia.
Quienes también apelaron la decisión de la entidad, que preside Guillermo Larraín, son los ejecutivos ligados a la arrocera Tucapel: Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal y Eugenio Eben. Sus casos fueron consolidados y son defendidos por el abogado Jorge Schenke. Aún no reciben el fallo.
Pocas semanas después del caso D&S, la SVS sancionó a los hermanos Juan Antonio, Luis Alberto y José Miguel Gálmez Puig, por $69,5 millones, por no cumplir con el deber de abstención en la compra de acciones de Paris, estando en conocimiento del balance de la compañía.
Los tres hermanos apelaron la decisión, basándose, entre otros puntos, en el argumento de que su caso corresponde al año 2004, fecha hasta la cual la SVS no había sancionado casos por incumplir el deber de abstención.
Aún pendientes
Más allá de las sanciones, la SVS sigue investigando otros casos en los que las acciones registraron comportamientos anormales. Entre estos casos está el acuerdo entre Madeco y la francesa Nexans, firmado en noviembre de 2007, y la fusión entre el Banco de Chile y el Citi. Una nueva investigación que ya estaría en curso es la del caso D&S y Wal-Mart.
Además, Guillermo Larraín sostuvo durante octubre de 2008 que iniciaría una investigación por la posible manipulación de precios en las acciones de Paz, SQM-B y Cap, casos en los que eventualmente habría faltas ligadas al uso de información privilegiada.
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