A menos de cuarenta y cinco días de la firma por el gobernador de Salta de un convenio con la empresa chilena Cencosud para la instalación de una gran superficie comercial, en la zona norte de la ciudad, el proyecto ya cuenta con el respaldo de la Legislatura Provincial y del Concejo Deliberante de la comuna salteña.
Como se recordará, la firma del convenio fue prececida por una negociación muy breve prácticamente secreta, tal como afirmó el ministro de Hacienda Javier David cuando fue consultado. En el momento de hacerse público este convenio, desde la Legislatura y el Consejo, así como desde otros foros públicos, se denunció que sus cláusulas resultaban violatorias de la legalidad vigente en materia urbanística y otras, y se adelantó por muchos responsables políticos una oposición dura a esta iniciativa.
Confirmando la ilegalidad inicial del convenio, posteriormente solventada por un "acomodamiento fulminante" de la legalidad, ambas cámaras de la Legislatura de Salta y el Concejo Deliberante capitalino se encargaron, en menos de cuarenta y cinco días, de allanar el camino para la instalación de la megasuperficie.
¿Qué ha ocurrido para que en tan corto espacio de tiempo las numerosas posturas contrarias se tornaran en favorables al proyecto? Nadie lo sabe. La única especulación que puede hacerse al respecto es de carácter negativo ya que todo indica que no ha sido precisamente la "disciplina parlamentaria" el motivo del cambio de opinión de algunos responsables políticos.
Cualquiera sea la verdadera causa, lo que ha quedado seriamente dañado aquí es la seriedad de las instituciones de la Provincia, ya que no existen razones para suponer que una inversión de la envergadura que propone Cencosud, su impacto medioambiental, sus consecuencias sobre el equilibrio urbano y sobre el bienestar de las personas hayan sido analizadas de un modo consciente y reflexivo por los representantes de los ciudadanos.
La superficialidad y el decisionismo, influidos por el calor contante y sonante del interés coyuntural, son mensajes claros para los ciudadanos que alertan sobre la insustancialidad y el conformismo de sus representantes políticos.
Pero, lo que es más interesante, constituyen un dato preocupante para Cencosud y otros potenciales inversores, en el sentido de que los marcos jurídicos que amparan sus inversiones y regulan su actividad entre nosotros están sujetos a la misma superficialidad y decisionismo, a la misma inseguridad, a la misma volatilidad política, que pueden hacer que en cualquier momento estos inversores se marchen de Salta con las manos vacías.
Para apuntalar su crecimiento, Salta necesita de inversiones fiables pero también de un sistema jurídico estable y seguro que fije sus reglas de un modo claro, transparente y democrático. Las manipulaciones normativas, especialmente las más burdas -que son seña de identidad de este grupo gobernante desde los años 80- pueden constituir para algunos un atractivo inicial, pero son, en el medio plazo, una amenaza no sólo a la integridad patrimonial de los inversores sino también un riesgo para el empleo y para el conjunto de los trabajadores salteños.
http://www.iruya.com
Como se recordará, la firma del convenio fue prececida por una negociación muy breve prácticamente secreta, tal como afirmó el ministro de Hacienda Javier David cuando fue consultado. En el momento de hacerse público este convenio, desde la Legislatura y el Consejo, así como desde otros foros públicos, se denunció que sus cláusulas resultaban violatorias de la legalidad vigente en materia urbanística y otras, y se adelantó por muchos responsables políticos una oposición dura a esta iniciativa.
Confirmando la ilegalidad inicial del convenio, posteriormente solventada por un "acomodamiento fulminante" de la legalidad, ambas cámaras de la Legislatura de Salta y el Concejo Deliberante capitalino se encargaron, en menos de cuarenta y cinco días, de allanar el camino para la instalación de la megasuperficie.
¿Qué ha ocurrido para que en tan corto espacio de tiempo las numerosas posturas contrarias se tornaran en favorables al proyecto? Nadie lo sabe. La única especulación que puede hacerse al respecto es de carácter negativo ya que todo indica que no ha sido precisamente la "disciplina parlamentaria" el motivo del cambio de opinión de algunos responsables políticos.
Cualquiera sea la verdadera causa, lo que ha quedado seriamente dañado aquí es la seriedad de las instituciones de la Provincia, ya que no existen razones para suponer que una inversión de la envergadura que propone Cencosud, su impacto medioambiental, sus consecuencias sobre el equilibrio urbano y sobre el bienestar de las personas hayan sido analizadas de un modo consciente y reflexivo por los representantes de los ciudadanos.
La superficialidad y el decisionismo, influidos por el calor contante y sonante del interés coyuntural, son mensajes claros para los ciudadanos que alertan sobre la insustancialidad y el conformismo de sus representantes políticos.
Pero, lo que es más interesante, constituyen un dato preocupante para Cencosud y otros potenciales inversores, en el sentido de que los marcos jurídicos que amparan sus inversiones y regulan su actividad entre nosotros están sujetos a la misma superficialidad y decisionismo, a la misma inseguridad, a la misma volatilidad política, que pueden hacer que en cualquier momento estos inversores se marchen de Salta con las manos vacías.
Para apuntalar su crecimiento, Salta necesita de inversiones fiables pero también de un sistema jurídico estable y seguro que fije sus reglas de un modo claro, transparente y democrático. Las manipulaciones normativas, especialmente las más burdas -que son seña de identidad de este grupo gobernante desde los años 80- pueden constituir para algunos un atractivo inicial, pero son, en el medio plazo, una amenaza no sólo a la integridad patrimonial de los inversores sino también un riesgo para el empleo y para el conjunto de los trabajadores salteños.
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