La crisis que ha provocado en Brasil el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras parece estar lejor de terminar y, más bien, sigue escalando dentro del Partido de los Trabajadores, de la presidenta Dilma Rousseff.
Ahora es el propio ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva el que ha entrado en "el radar" de la operación "Autolavado", tras el arresto de su ex jefe de gabinete José Dirceu. Eso sí, según ha trascendido Lula no está siendo investigado por el momento y por ahora se trata de sólo de sospechas, aunque se indica que ha llamado la atención de los investigadores el hecho de que Lula presuntamente hubiera recibido dinero como remuneraciones por conferencias a empresas cuyos directores ejecutivos están respondiendo a un proceso por corrupción, lavado de dinero y organización criminal a partir de recursos desviados de contratos con Petrobras.
Así, tras el arresto de Dirceu, los líderes de la oposición afirman que las investigaciones se aproximan cada vez más al ex presidente y a Rousseff, además del núcleo del PT. Según los investigadores, Dirceu fue uno de los creadores del esquema de corrupción en Petrobras y de mensalão (mesada), la práctica estatal de comprar votos en el congreso.
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2015/08/06
2015/03/17
Gobierno brasileño promete paquete de medidas anticorrupción
Según el ministro de Justicia, las iniciativas serán enviadas al Congreso “en los próximos días”.
Impulsados por Dilma, los ministros de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, José Eduardo Cardozo y Miguel Rossetto, respectivamente, apuntaron a una reforma política como la vacuna anticorrupción y, sin admitir errores en política económica, dijeron que los asistentes a las protestas eran en su mayoría personas que no votaron por Dilma y opositores.
Rossetto afirmó, sin embargo, que el gobierno está atento a las críticas, y destacó la "confianza" puesta en que la Corte Suprema juzgue a los acusados de corrupción, en alusión al esquema de desviaciones millonarias al interior de la estatal Petrobras.
Cardozo, por su parte, señaló que gobierno está "abierto al diálogo" y elogió la madurez de la democracia brasileña. "Es un gobierno que reconoce la divergencia, permite la existencia de opiniones contrarias y está lejos de alternativas golpistas", dijo. "El país garantiza la libertad de expresión, está atento a la voz de la calle, no hay democracia sin tolerancia de opiniones divergentes", subrayó.
En este sentido, ambos elogiaron el carácter democrático y pacífico de las protestas. Al ser consultado sobre las promesas de Rousseff sobre la creación de mecanismos de lucha contra la corrupción, Cardozo dijo que los proyectos se enviarán al Congreso "en los próximos días."
Entre las propuestas de la presidenta está la expropiación del patrimonio de las personas condenadas por corrupción y la transformación en delito del llamado "caixa dois de campanha", por el cual los partidos y políticos reciben fondos por fuera del sistema legal de las donaciones políticas.
Rousseff siguió el domingo la evolución de las protestas en todo el país desde el Palacio de La Alvorada, la residencia oficial de la presidenta en Brasilia.
El gobierno brasileño está utilizando la misma estrategia adoptada tras las manifestaciones de junio de 2013 para responder a las protestas del domingo, que reunieron a más de un millón de brasileños para reclamar contra la presidenta Dilma Ruosseff, la corrupción y la crisis económica.
Impulsados por Dilma, los ministros de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, José Eduardo Cardozo y Miguel Rossetto, respectivamente, apuntaron a una reforma política como la vacuna anticorrupción y, sin admitir errores en política económica, dijeron que los asistentes a las protestas eran en su mayoría personas que no votaron por Dilma y opositores.
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Rossetto afirmó, sin embargo, que el gobierno está atento a las críticas, y destacó la "confianza" puesta en que la Corte Suprema juzgue a los acusados de corrupción, en alusión al esquema de desviaciones millonarias al interior de la estatal Petrobras.
Cardozo, por su parte, señaló que gobierno está "abierto al diálogo" y elogió la madurez de la democracia brasileña. "Es un gobierno que reconoce la divergencia, permite la existencia de opiniones contrarias y está lejos de alternativas golpistas", dijo. "El país garantiza la libertad de expresión, está atento a la voz de la calle, no hay democracia sin tolerancia de opiniones divergentes", subrayó.
En este sentido, ambos elogiaron el carácter democrático y pacífico de las protestas. Al ser consultado sobre las promesas de Rousseff sobre la creación de mecanismos de lucha contra la corrupción, Cardozo dijo que los proyectos se enviarán al Congreso "en los próximos días."
Entre las propuestas de la presidenta está la expropiación del patrimonio de las personas condenadas por corrupción y la transformación en delito del llamado "caixa dois de campanha", por el cual los partidos y políticos reciben fondos por fuera del sistema legal de las donaciones políticas.
Rousseff siguió el domingo la evolución de las protestas en todo el país desde el Palacio de La Alvorada, la residencia oficial de la presidenta en Brasilia.
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