NATALIA OLIVARES | POLÍTICA www.pulso.cl
Por tres horas estuvo declarando en la Fiscalía Regional de Rancagua la jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien se retiró por un acceso lateral del edificio al concluir la diligencia, sin hacer declaraciones a la prensa que ahí la esperaba.
Uriarte compareció ante los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya en calidad de testigo por su relación con la empresa Caval -de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon- tras una serie de informes medioambientales que elaboró como abogada particular para dicha empresa en 2012.
Dichos documentos se vendieron, por ese entonces, al empresario Gonzalo Vial Concha, en el contexto de unos proyectos mineros que manejaba en el norte. Vial se querelló contra Caval por estafa, acusando informes irregulares por los que pagó más de $1.200 millones.
Estos cuestionados trabajos retomaron notoriedad luego que el pasado 16 de diciembre Compagnon diera una iracunda declaración a la prensa, apuntando directamente al segundo piso de La Moneda.
“No son solamente ocho los informes entregados al señor Vial (...) La Fiscalía se ha negado a recibir formalmente y por los conductos regulares otros informes que también fueron parte de todos los entregados a Vial. Dentro de ellos, figura el realizado por Ana Lya Uriarte”, dijo.
De ahí que el abogado de Vial Concha, Luis Hermosilla, reactivara hace algunos días las gestiones y pidiera indagar dicho informe, el que nunca habría llegado a manos del empresario.
“De existir no fue encargado, solicitado, ni pagado por el señor Vial”, afirmó el abogado de Vial Concha la semana pasada.
Así las cosas, de acuerdo a las declaraciones que entregó en marzo de este año Mauricio Valero (ex socio de Caval) , en la contabilidad de la empresa sí aparecería el cobro por el informe $19 millones de pesos, y que sería efectivamente un trabajo dirigido a Gonzalo Vial Concha.
Tanto Compagnon como Valero serán formalizados por el presunto delito de estafa el próximo 13 de enero, precisamente por la elaboración de ocho informes que resultaron ser copiados de Cochilco.
El ministro del Interior, Mario Fernández, hizo eco ayer de los movimientos en torno al caso Caval, e insistió que el Gobierno no puede hablar de procesos judiciales que están en desarrollo, pero dijo que no hay nadie por fuera de la ley.
Ya en abril de este año Ana Lya Uriarte se había referido a su relación con Caval tras los informes que emanó en 2012. Como consta en la respuesta que dio a un oficio de la oposición por ese entonces, la jefa de Gabinete afirmó que “no he hecho nada más que prestar servicios profesionales dentro del ámbito de mi especialidad, y dentro del marco ético y legal”.
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