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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer este miércoles el Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que analiza las 81 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2015 por el delito de lavado de activos (LA), y que involucran a 155 personas sentenciadas.
El documento, elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía de Chile, no solo analiza los tipos de condena sino también identifica los sectores económicos que han sido vulnerados para blanquear dinero en el país, los delitos base cometidos y los mecanismos utilizados. Todo ello constituye una herramienta cada vez más eficiente para adoptar medidas preventivas de LA o diseñar estrategias que eviten su materialización.
SENTENCIAS CONDENATORIAS 2007-2015
De las 81 sentencias condenatorias dictadas entre 2007 y 2015 por el delito de LA, un 74,1% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado; un 24,7%, a través de juicios orales, y un 1,2%, por medio de juicios simplificados.
De las 81 sentencias condenatorias dictadas entre 2007 y 2015 por el delito de LA, un 74,1% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado; un 24,7%, a través de juicios orales, y un 1,2%, por medio de juicios simplificados.
Del total de sentencias, el 77,8% tuvo como delito precedente el tráfico de drogas, el 14,8% se distribuyó en varios delitos de corrupción, y el 7,4% se asoció con la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.
Según consigna el informe, en los años 2014 y 2015, por primera vez, las sentencias condenatorias por LA asociadas al delito de tráfico de drogas no superaron el 50% del total, representando en los años mencionados solo el 42%. Este cambio de tendencia se relaciona, principalmente, con la incorporación de sentencias asociadas a delitos base hasta ahora inéditos, como la obtención fraudulenta de créditos, la entrega de información falsa al mercado y el uso de información privilegiada, a lo que se suma una mayor proporción de sentencias condenatorias asociadas a los delitos de corrupción.
El informe muestra, además, que, entre 2007 y 2015, los sectores más frecuentemente utilizados por los lavadores de activos fueron las notarías y las automotoras, seguidos de los conservadores de bienes raíces, los bancos, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y las casas de cambio. De todos estos, las automotoras son las únicas que no están reguladas por la Ley N° 19.913 de la UAF; por tanto, legalmente no están obligadas a adoptar sistemas de prevención antilavado.
COMISO DE BIENES Y DINERO
Respecto de los comisos, el informe de la UAF señala que el valor total ascendió a 6.614 millones de pesos: $ 2.767 millones por comiso de 97 bienes inmuebles (41,8% del total decomisado), $ 2.406 millones por comiso de dinero (36,4% del total), $ 1.424 millones por comiso de 194 vehículos, y $ 17,8 millones por comiso de maquinarias industriales.
Respecto de los comisos, el informe de la UAF señala que el valor total ascendió a 6.614 millones de pesos: $ 2.767 millones por comiso de 97 bienes inmuebles (41,8% del total decomisado), $ 2.406 millones por comiso de dinero (36,4% del total), $ 1.424 millones por comiso de 194 vehículos, y $ 17,8 millones por comiso de maquinarias industriales.
El informe puntualiza que del total de bienes inmuebles decomisados entre 2007 y 2015, la Región Metropolitana concentra el mayor número y monto (con 51 inmuebles y $ 1.559 millones). Le siguen las regiones de Valparaíso (21 bienes y $ 548 millones) y de Coquimbo (6 inmuebles y $ 178 millones). En tanto, las comunas que registraron los mayores montos decomisados son: Lo Barnechea (13% del total, equivalente a $ 360 millones), Las Condes (11% del total y $ 308 millones) y Viña del Mar (8% y $ 222 millones).
Al analizar el comiso de dinero, se observa que el 36% fue confiscado en dinero bancario (cuentas corrientes, cuentas vistas y depósitos a plazo, entre otros); el 31,3%, en efectivo (billetes y monedas); el 30%, en moneda convertible, y el 2,7%, en acciones, monedas de oro, derechos y dinero obtenido por remates.
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