Los coletazos que sus dichos podrían tener en la arista penal del caso colusión de las papeleras están complicando las declaraciones de los ejecutivos involucrados, ya que de concretarse podrían aportar datos a los que el Ministerio Público no ha podido acceder.
Por eso, ayer el gerente general de CMPC Tissue en Ecuador, José Luis Aravena, se escudó en su derecho a guardar silencio en la audiencia realizada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), señalando que está imputado en el caso que lleva adelante el fiscal Cristián Galdámez.
Aravena no aceptó contestar preguntas respecto de su participación en el cartel y se limitó a ratificar su declaración, que hoy es secreta.
“La declaración que presté fue en el contexto del beneficio de la colaboración”, dijo.
Pese a su negativa, el ejecutivo tuvo que contestar algunos requerimientos realizados por la defensa de SCA y por el ministro Javier Tapia, en los cuales reveló que el costo de su defensa, a cargo de Rodrigo Ávila, es pagada por la papelera.
El fiscal de CMPC, Rafael Cox, señaló que la empresa “asumió un compromiso formal de otorgar la máxima colaboración a las autoridades de libre competencia. Esa colaboración ha sido total y ha marcado la forma en que ha actuado la empresa desde que conoció de estos hechos. El compromiso ha implicado, entre otras acciones, asumir los honorarios de la defensa legal de los ejecutivos de CMPC, puesto que ellos han cooperado a su vez con la investigación y están colaborando con el TDLC”, dijo.
Cox sostiene que “ésta es una práctica absolutamente estándar a nivel mundial y por ningún motivo compromete la independencia de esos profesionales en la asesoría a las personas, la que está sujeta a reglas éticas muy estrictas, propias de la relación abogado-cliente. Esos abogados asesoran exclusivamente a las personas y velan por los intereses de sus defendidos. Ellos no son abogados de CMPC. La empresa no participa en la definición de cómo las personas ejercen su defensa”.
Aravena sostuvo que con anterioridad había declarado en la fiscalía de Puente Alto, donde también guardó silencio.
Arista penal
Ante la reiterada ausencia de testigos tras las citaciones del TDLC, la semana pasada el organismo endureció su postura y fijó una nueva ronda de audiencias, aunque esta vez presionó bajo apercibimiento, esto es, con la posibilidad de utilizar la fuerza pública en caso de que estos se nieguen a concurrir.
De concretarse estas declaraciones, ellas podrían entregar nuevos antecedentes para la Fiscalía Sur, que había decidido dar por cerrada la causa, ya que no pudo acceder al expediente reservado. El fiscal Raúl Guzmán ha señalado que dada la falta de antecedentes, no perseveraría en el caso, lo que será resuelto en julio.
CMPC ABSUELTA EN COLOMBIA
Drypers Andina, filial de CMPC en Colombia, fue absuelta de la acusación que la sindicaba como participante del denominado cartel de los pañales. El superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y comercio (SIC), Jorge Enrique Sánchez, recomendó sancionar a tres de las cinco empresas involucradas, dejando fuera de ella a Drypers Andina y a Tecnosur. Asimismo, pidió aplicar sanciones a las firmas Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Tecnoquímicas."Este informe, sumado al que se conoció hace unas semanas en el mercado del papel tissue, confirma lo que siempre sostuvimos: que en Colombia CMPC no incurrió en prácticas anticompetitivas", dijo el fiscal de CMPC Rafael Cox.
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