Hace meses que la oposición notificó al gobierno que impugnará en el Tribunal Constitucional algunos pilares de la reforma laboral, como la titularidad sindical y la extensión de beneficios. A ellos se sumarán derecho de información y negociación colectiva interempresa, que aún deben ser resueltos por la comisión mixta, que hoy revisará las discrepancias entre la Cámara y el Senado (ver nota secundaria).
Sin embargo, en el oficialismo parecen estar intranquilos con lo manifestado por el Ejecutivo: que la reforma no vulnera la Constitución Política.
Así lo expresó el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), quien pidió, en el comité político de La Moneda, “asegurar una buena defensa del proyecto en el TC”. Al parlamentario le preocupa especialmente la extensión de beneficios, que sólo se puede realizar con el beneplácito del empleador y el sindicato.
Según la derecha, con esta disposición se establecen “trabajadores de primera y segunda clase”, siendo los últimos los que no acceden a los beneficios logrados en una negociación, ya que no participaron de ella y menos asumieron eventuales costos de una huelga.
El gobierno, según el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, “ya está analizando nombres de abogados y pidiendo informes sobre el tema”.
En estricto rigor, esa tarea comenzó hace meses. Por ejemplo, en el escritorio de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, ya está un informe elaborado por el abogado de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, quien formó parte del comando de Michelle Bachelet.
Otro jurista que se podría sumar a la defensa del gobierno es el abogado y ex presidente del TC, Francisco Zúñiga, militante del Partido Socialista.
Discusión inmediata
El gobierno mantendrá la discusión inmediata en la reforma laboral, lo que otorga, a la comisión mixta dos días para enviar su informe a la decisión de la Cámara y el Senado.
No obstante, dicho plazo sería innecesario, pues la intención del gobierno y el oficialismo es despachar el proyecto “esta semana” , según expresó la ministra Rincón.
“Ya tenemos un acuerdo que nos permita zanjar mañana (hoy) y terminar la tramitación en esta etapa. El grueso (del proyecto) ya está acordado”, expresó la presidenta de la DC, Carolina Goic.
LOS 5 NUDOS QUE RESOLVERÁ LA COMISIÓN MIXTA
Violencia. La Cámara rechazó que la negociación colectiva y la huelga se deban ejercer "de forma pacífica" para "no estigmatizar" al movimiento sindical. El gobierno añadirá como práctica desleal "impedir durante la huelga, por medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de los trabajadores no involucrados en ella".
Información. Sólo las grandes y medianas empresas tendrán que entregar la información sobre remuneraciones de los socios del sindicato. Para las micro y pequeñas firmas será voluntario.
Subcontrato. El Ejecutivo presentará una enmienda para agregar como práctica desleal "la contratación directa o indirecta de los trabajadores en huelga de una empresa contratista, por parte de la principal". Con esta redacción, busca evitar que la paralización en firmas subcontratistas "afecte aguas arriba" a la mandante.
Interempresa. Obligatoria para medianas y grandes; voluntaria para micro y pequeñas empresas. Así se resolverá.
La mochila. El gobierno repondrá la norma que establece que los trabajadores se mantendrán afectos al acuerdo alcanzado con un grupo negociador "hasta su término", impidiendo que los empleados accedan, por ejemplo, a nuevos beneficios logrados con un sindicato.
LOS PASOS EN EL TC
Previo a la promulgación de la ley que "moderniza las relaciones laborales", la oposición ha anunciado que presentará un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC). Una vez recibido, la instancia comunica a la Presidenta para que se abstenga de promulgar el proyecto. Enseguida, el tribunal deberá resolver si acoge a trámite el requerimiento, y si éste cumple con las características de admisibilidad.
En esta etapa, el TC podrá escuchar alegatos de las partes u órganos legitimados. Declarado admisible, se debe poner en conocimiento de los actores interesados, quienes disponen de cinco días para hacer observaciones al requerimiento y acompañar los antecedentes que estimen pertinentes.
Evacuados estos trámites, se pondrá la causa en relación.
El TC pondrá la causa en tabla, día en el cual el relator explicará en qué consiste el requerimiento y el requirente y los órganos interesados podrán alegar sobre el fondo del asunto. Ese día, el tribunal deberá adoptar el acuerdo y designar al ministro redactor. Finalmente, el TC decide por mayoría si acoge o no la impugnación -en este caso- formulada por la UDI y Renovación Nacional.
En no más de un mes y medio se debería resolver aquello, período en el cual estará suspendida la promulgación de la reforma laboral.
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