(FOTO: AgenciaUno )En el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago se está realizando una nueva audiencia en el caso La Polar, en la cual los tres principales imputados podrían enfrentar un procedimiento abreviado y, de esa manera, evitar un juicio oral por la reprogramación unilateral de las deudas de sus clientes.
Se trata de Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general del la multitienda; Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros, y de María Isabel Farah, ex gerenta de administración. Los tres están imputados por lavado de activos y por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos.
Al igual que en el procedimiento abreviado que favoreció a Jovino Novoa, los tres deben reconocer su participación en los hechos y aceptar las sanciones que pide la Fiscalía Centro Norte. Estas son penas de 5 años de presidio, más el pago de millonarias multas. El único renuente es Alcalde, quien pretende probar su inocencia en juicio oral.
El acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas permitiría que los imputados abonen a la eventual condena los meses que pasaron en prisión preventiva, lo que sumado a su irreprochable conducta anterior, les posibilitaría acceder a la libertad vigilada. No obstante, deberán pagar multas de entre $200 millones y $350 millones cada uno.
El caso La Polar reventó en 2011, cuando se reveló que los ejecutivos de la multitienda ejecutaron la reprogramación unilateral -es decir, inconsulta-de las deudas de alrededor de un millón de clientes de La Polar.
Esto habría derivado en el cobro, por parte de los imputados, de bonos remuneracionales. Además, se acusa a los imputados de entregar información falsa al mercado y del uso de información privilegiada.
Se trata de Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general del la multitienda; Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros, y de María Isabel Farah, ex gerenta de administración. Los tres están imputados por lavado de activos y por infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos.
Al igual que en el procedimiento abreviado que favoreció a Jovino Novoa, los tres deben reconocer su participación en los hechos y aceptar las sanciones que pide la Fiscalía Centro Norte. Estas son penas de 5 años de presidio, más el pago de millonarias multas. El único renuente es Alcalde, quien pretende probar su inocencia en juicio oral.
El acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas permitiría que los imputados abonen a la eventual condena los meses que pasaron en prisión preventiva, lo que sumado a su irreprochable conducta anterior, les posibilitaría acceder a la libertad vigilada. No obstante, deberán pagar multas de entre $200 millones y $350 millones cada uno.
El caso La Polar reventó en 2011, cuando se reveló que los ejecutivos de la multitienda ejecutaron la reprogramación unilateral -es decir, inconsulta-de las deudas de alrededor de un millón de clientes de La Polar.
Esto habría derivado en el cobro, por parte de los imputados, de bonos remuneracionales. Además, se acusa a los imputados de entregar información falsa al mercado y del uso de información privilegiada.
Aton
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