Si hay un referente indiscutido en ciencia e investigación aplicada en Chile, ése es el bioquímico Pablo Valenzuela. No sólo por la trayectoria de este Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002 marcada por hitos mundiales como el desarrollo de la vacuna contra la hepatitis B y el descubrimiento del virus de la hepatitis C, sino también por su capacidad empresarial y aporte al desarrollo de ambientes propicios a la innovación. Un sello cuya mayor demostración es la Fundación Ciencia & Vida, institución sin fines de lucro desde donde han surgido productos de alto impacto como un tratamiento contra el cáncer en etapas avanzadas y un banco de células madre.
Valenzuela ha sido “actor y testigo de lo ocurrido en el país en los últimos 25 y más años”, como define su acción permanente en pro de la economía del conocimiento. Pero ahora reconoce su franca desazón ante al presente del desarrollo científico y la innovación en Chile. “Todo indica que en estas materias, el sistema actual no sirve. Siempre he sido una persona optimista, sin embargo, ya he perdido la fe”, subraya.
Más aún, advierte que hoy la investigación biomédica nacional está ahora seriamente amenazada por el capítulo del “Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo” -más conocida como “Ley Ricarte Soto”-, específicamente por el capítulo que introdujo un conjunto de modificaciones al Código Sanitario en materia de regulación de los ensayos clínicos con productos farmacéuticos y elementos de uso médico. Los puntos en discordia son la responsabilidad a todo evento del patrocinador de esos estudios clínicos ante daños producidos por la investigación, y la obligación de dar continuidad al tratamiento del sujeto que haya participado de la misma.
“Todos estamos de acuerdo con la Ley Ricarte Soto respecto al acceso a tratamientos de enfermedades de alto costo. Pero el efecto negativo en los emprendimientos que con mucho esfuerzo he realizado en los últimos seis años, me hace presentir que los chilenos no tendremos, por muchos años, las bases institucional ni científico-tecnológica requeridas para transitar a la nueva economía. Ojalá me equivoque”, sentencia.
–¿No son estas normas equivalentes a las aplicadas internacionalmente?
–Estas normas debieran ser, al menos, equivalentes a las normas internacionales, pero van mucho más allá, haciendo en la práctica muy difícil la ejecución de la investigación clínica en Chile.
–¿Afecta más a las compañías extranjeras o las chilenas?
–Afecta a las empresas internacionales cuyos programas contemplan la realización de estudios clínicos en el país, como también a emprendimientos chilenos. Por lo tanto, estas normas tendrán un efecto devastador para la investigación biomédica chilena.
–¿Cuáles son los puntos más críticos de la norma?
–Normas de responsabilidad tan vagas, a todo evento, sin limitar los daños a aquéllos relacionados con la investigación y fijando presunciones y prescripciones más “duras” que las de legislaciones de países de la OCDE, hacen imposible contratar seguros contra potenciales efectos adversos producidos por drogas aún en estudio, una práctica imprescindible y usual en la investigación clínica mundial.
–¿Qué impactos concretos ha tenido esta norma en la investigación?
–Una reciente encuesta de la Cámara de la Industria Farmacéutica indicó que sus asociados ya han suspendido 23 estudios clínicos tras la aprobación de la ley. Peor aún, estas normas atentan gravemente contra la incipiente industria biomédica originada por investigación nacional y financiada por chilenos.
–¿Ha constatado este efecto de la ley directamente en su actividad?
–De esto puedo hablar con pleno conocimiento de causa, pues integro el directorio de dos startups chilenas, que con mucho esfuerzo y financiamiento público (Corfo) y de inversionistas privados, han completado el desarrollo de drogas obteniendo la aprobación, por parte del FDA, para realizar estudios clínicos de fase I en pacientes en EEUU. Ambas empresas contemplan estudios clínicos adicionales en Chile, pero la nueva ley lo hace imposible. ¡Qué absurdo! Es un ataque frontal a la innovación tecnológica nacional. ¿De qué transición hacia la economía del conocimiento estamos hablando?
–¿A qué atribuye el desfase entre la ley y la realidad de la investigación?
–La ley se aprobó con mucha premura y sin tomar en cuenta las aprehensiones que manifestaron academias científicas, sociedades médicas, facultades de medicina, centros de investigación y el Colegio Médico. Es obvio que en el parlamento no hubo “diálogo”, sino “aplanadora”.
–En términos de la ciencia en general, ¿qué cambios en las políticas públicas ve necesarios?
–Se requiere un liderazgo eficaz y comprometido que privilegie la acción por sobre la contemplación. Las múltiples comisiones y el antiguo Consejo Nacional de Innovación y Competitividad no han sido efectivos, ni tampoco parece serlo el presente Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, como tampoco el Conicyt. Han estado conformados, en su mayoría, por gente capaz, pero sólo con carácter consultivo. Sin un jefe de gobierno receptivo, sólo pierden el tiempo.
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