LEONARDO CÁRDENAS
© Agencia Uno - Archivo Copesa
El 21° Juzgado Civil de Santiago se ha transformado en el campo de batalla entre Moneda Administradora de Fondos de Inversión y el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, en una de las aristas tras el fraude de las repactaciones unilaterales.
A mediados de octubre del año pasado, Moneda, ligada a Pablo Echeverría y Fernando Tisné, presentó dos demandas por el impacto que generó el escándalo financiero en los fondos que administraba.
La primera de las acciones civiles las dirigió contra PwC y, la segunda, contra los ex ejecutivos de La Polar: Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez, Pablo Fuenzalida, Martín González, Santiago Grage y Pablo Alcalde.
En este último proceso, la defensa del ex presidente de La Polar pidió paralizar un juicio indemnizatorio que interpusiera la administradora de fondos hasta terminar el proceso penal, para evitar una eventual contradicción en las sentencias. Esto porque el ex ejecutivo de La Polar, en paralelo, se sigue defendiendo en el área penal.
Frente a la posibilidad de que el tribunal paralice el proceso, Moneda apuntó sus críticas en contra del ex titular de La Polar y lo acusó de obstaculizar el proceso en duros términos.
De hecho, en su último documento ingresado a la carpeta, Moneda afirma: “No entendemos, ni su señoría tampoco comprenderá, cómo la contraria es capaz de sostener que el fallo de una causa incidirá en la otra, puesto que ambas discusiones son totalmente distintas”.
Más aún. Los representantes de la administradora de fondos de inversión (Eugenio Valladares y Sebastián Zamora del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados) apuntaron sus dardos directamente contra Pablo Alcalde.
“Pese a que la defensa del Sr. Alcalde sostenga que ‘lo prudente, lo aconsejable y jurídicamente apropiado es no continuar la tramitación de una demanda cuyo supuesto base está siendo discutido’, le recordamos a ésta que cada órgano jurisdiccional que ha conocido sobre los hechos cometidos por su cliente ha terminado por condenarlo, por lo que lo ‘prudente y aconsejable’, es, desde luego, proseguir con la tramitación de la presente demanda”, señala un escrito ingresado al expediente al que tuvo acceso PULSO.
La respuesta de la defensa de Pablo Alcalde (liderada por los abogados Sebastián Yanine y Guillermo Chahuán, del Estudio Bofill y Escobar), no se hizo esperar.
“Nuestro representado no ha sido condenado por sentencia firme por ningún tribunal de la República”, señala a modo de réplica la defensa del ex ejecutivo de La Polar.
“Si a lo que se refiera la contraria es a una multa administrativa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, cabe recordarle a la demandante que esa multa está siendo objeto de reclamación judicial, y la palabra la tiene ahora la Corte de Apelaciones de Santiago. Si a lo que se refiere la demandante es a las imputaciones formuladas en sede penal, cabe aclararse a la contraria que en nuestro ordenamiento jurídico rige la presunción de inocencia hasta que un órgano jurisdiccional determine lo contrario”, concluye el documento que está hoy en manos de la jueza Patricia Castro Pardo.
Cuantiosas pérdidas
A juicio del equipo jurídico de Moneda, la demanda indemnizatoria no tiene como fundamento preciso la existencia o no de un ilícito criminal. Los hechos que se denuncian como causa de los cuantiosos perjuicios que han sufrido los fondos que administra Moneda -dice- no dependen de la sentencia criminal tantas veces mencionada, sostienen los abogados del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo.
En esa línea, “para una adecuada resolución del proceso, es indiferente el resultado de la acción criminal, puesto que aun cuando se llegase a dictar sentencia absolutoria penal, ello en ningún caso excluye necesariamente la posibilidad de que existan ilícitos civiles por parte de los incidentitas que justifiquen la indemnización de perjuicios demandada”, concluyen los juristas.
Por otro lado, la defensa de Pablo Alcalde ha seguido dando la batalla en otras instancias y sedes judiciales.
A fines de febrero, el abogado Daniel Praetorius (representando al ex titular de La Polar) interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El recurso busca, en definitiva, servir como una instancia más para revocar la resolución y multa que emitiera en su contra la Superintendencia de Valores y Seguros.
Dicho requerimiento es en base al Artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que impide solicitar la anulación por casación en las sentencias pronunciadas en juicios regidos por leyes especiales que carecen de las consideraciones. Hoy la causa está lista para ser puesta en tabla para fijar alegatos. Esto luego de una serie de trámites, que incluyeron el examen de admisibilidad, y que el requerimiento aprobara.
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