2015/03/23

Diego Hernández: “El nivel de judicialización de proyectos llegó a un punto límite”

En su larga trayectoria en el sector minero, el presidente ejecutivo de Antofagasta Plc dice que nunca había visto un fallo como el del juez de Los Vilos, que obliga a demoler parte del tranque El Mauro, poniendo en jaque la operación de Los Pelambres. “La percepción que tiene la opinión pública es que nosotros estamos provocando un daño ambiental y eso no es así”, insiste Hernández, quien reconoce, eso sí, que “hemos sido reactivos con las comunidades”.
Por Carla Sánchez Mutis
Fotos: Verónica Ortíz
Diego-Hernández
Surrealista. Eso es lo que piensa Diego Hernández Cabrera, presidente ejecutivo de Antofagasta Plc, sobre el fallo del juez de Los Vilos que ordenó demoler el muro de contención del tranque de El Mauro de la minera Los Pelambres. Tan inverosímil como “mandar a demoler los cuatro primeros pisos de este edificio (las oficinas donde opera la minera). ¡Es imposible hacerlo sin que se venga todo abajo! Botar el muro total o parcialmente significa que se demuele toda la compañía”, alerta.
Las cosas no han estado fáciles para el grupo Luksic, dueño de la minera. Primero, la autoridad ambiental rechazó la nueva planta de CCU en Paine, después el Banco de Chile fue cuestionado por el millonario préstamo a la nuera de la presidenta Bachelet, luego fue el turno de la orden de demoler el tranque en Pelambres sumado a la demanda por agua en Salamanca, y el broche de oro, la detención del puerto de Antofagasta.
“Te puedo responder sólo por Antofagasta Plc”, se apura en decir Hernández, dejando en claro que no entrará en detalles del devenir de otros negocios de la familia de origen croata. Lo suyo es la minería y en su trayectoria –lleva más de 40 años– el ex presidente ejecutivo de Codelco nunca había visto un fallo como el del 9 de marzo pasado, que consideró insuficiente el plan de obras de la empresa para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema, la que había ordenado, en octubre pasado, realizar acciones para permitir el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío a Caimanes.
“El juez no se apoyó en elementos técnicos para tomar la decisión –como permisos ambientales o informes de peritos– que es justamente lo que había solicitado antes”.
-¿Cómo se explica eso?
-Eso hay que preguntárselo a la justicia, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar los fallos y defendernos judicialmente.
-¿Está en peligro el desarrollo de los proyectos mineros en Chile si éstos se judicializan de esta manera?
-Este fallo tiene algo muy negativo, que es llegar a estos extremos, pedir cosas que son imposibles de cumplir técnica y económicamente y que finalmente no benefician a nadie, ni siquiera a la comunidad de Caimanes. Espero que esto sea una señal para Chile, que se revierta esta tendencia y empecemos a aplicar el sentido común.
-¿Cree que el nivel de judicialización alcanzó un límite?
-Llegó a un punto límite. Tal como los economistas discuten sobre si la economía chilena llegó o no a un punto de inflexión, creo que en el caso de la minería sí lo hizo (piensa unos segundos). Ojalá que no me equivoque…
-¿Cómo explica a sus socios japoneses y a los inversionistas lo que ha pasado en Pelambres?
-Somos socios hace muchos años y ellos están hace tiempo en Chile, por lo que saben lo que está pasando, pero es muy difícil de explicar. Informamos sobre este tema a la Bolsa –al día siguiente del fallo la acción cayó un 5%– y va a depender si ellos suponen que esto es una tendencia que no tiene retorno o confían en que se va a resolver…
-¿Usted confía en que podrán revertir el fallo con la apelación?
-No puedo estar ni positivo ni negativo y no puedo entregar juicios de opinión, sino que hechos reales. La empresa ha cumplido todos los requisitos legales y ha tenido un buen comportamiento en la operación de la planta, de las instalaciones y del tranque. Nosotros estamos conscientes más que nadie –porque la industria minera fue la primera en Chile que incorporó los temas de RSE– de los problemas ambientales. A partir de los 90, aquí no hay ninguna mina que se haya hecho con estándares distintos a los de Estados Unidos, Canadá o Suecia.
-Pero antes se hizo lo que se quiso, ¿o no?
-Sí, pero el grueso de la inversión minera en Chile es a partir de los 90 y, en términos comparativos, las prácticas nuestras son buenas.
-La falta de agua en la provincia del Choapa, donde opera Pelambres, es algo histórico… Como empresa, ¿no pudieron prever que un conflicto como éste podría ocurrir?
-No; y aquí viene la confusión. En cuanto al tranque de relave técnicamente hemos cumplido. Está hecho con un diseño de clase mundial y con la mejor tecnología posible. La percepción que tiene la opinión pública es que nosotros estamos provocando un daño ambiental y eso no es así: cuando tú presentas el proyecto se toman las medidas para mitigar las externalidades negativas que puede tener cualquier obra de ingeniería. Naturalmente, cualquier proyecto –hasta la construcción de una casa– va a afectar el medioambiente. Hay un límite en lo que puedes hacer…
-¿Por qué no instalaron el tranque en otro lado?
-Porque cuando hubo que elegir se analizaron 25 sitios distintos desde un punto de vista técnico, económico y ambiental, y ése era el mejor sitio para ponerlo.
-Ya lograron acuerdo con la comunidad de Salamanca para instalar una planta desalinizadora de agua. Anteriormente, también lo hicieron con los agricultores, a quienes pagaron más de 20 millones de dólares. ¿Pagar podría ser una salida al conflicto?
-El problema de los acuerdos extrajudiciales cuando pagas, es que te incentiva nuevamente a pedir más plata. No es un secreto que algunas de estas demandas tienen objetivos económicos y no siempre lo que se logra va a las comunidades. Aquí hay responsabilidades compartidas: tenemos que cambiar las cosas, pero también hay que ser respetuoso con las comunidades y no usarlas para poder obtener beneficios económicos.

“Hemos sido reactivos con las comunidades”

-Usted ha planteado que la minería chilena está perdiendo competitividad y debe mejorar su productividad, ¿cómo se logra ello cuando los proyectos se judicializan?
-Este tema de la judicialización y de cómo funcionan las instituciones se refleja en una pérdida de competitividad de la minería en Chile. Espero que este tema se solucione luego, para que el país no baje en los rankings de competitividad minera y no se vea afectada la inversión extranjera.
-¿Cree que la minería chilena está atravesando un momento complicado?
-Sí, y éste (el fallo de Pelambres) es un hito que va a tener consecuencias. Lo que nos gustaría a nosotros es que tenga consecuencias positivas, que a partir de esto aprendamos lo que tenemos que hacer todos: nosotros, el Poder Judicial, el Gobierno…
-¿Se ha politizado la minería privada?
-No creo que éste sea un tema “político”. Cuando me refiero a la aplicación de la ley y cómo estamos funcionando en el país, es más que un asunto político. Comparado con otros países, Chile quedó rezagado en la legislación ambiental. Y cuando se decidió tenerla, en los 90, no fue producto de una discusión nacional, sino de un benchmark de legislaciones de otros países, porque había que hacerla rápido. El enfoque inicial era “bueno, yo tengo que cumplir con la ley”, pero a medida que pasó el tiempo, se descubrieron algunos vacíos y la institucionalidad ambiental ha ido avanzando y tratando de adaptarse a esta discusión nacional. En lo que hemos sido más lentos –y no sólo en la minería– es en la forma de abordar la relación con las comunidades. Ése es un tema donde la sociedad ha ido avanzando más rápido que las empresas, por lo que ahora tenemos que ser más proactivos y estamos dispuestos a conversar, porque como industria hemos sido reactivos.
-En el caso particular de Antofagasta Plc, ¿siente que han sido reactivos con la comunidad?
-Sí. Pero también hay una dificultad adicional con el tema de las comunidades en Chile, que corresponde a la estructura sociopolítica nacional: al ser tan centralizado, todas las decisiones se toman en Santiago y no existen muchos mecanismos institucionales para que las comunidades participen. Naturalmente existen las municipalidades, pero los impuestos se recolectan en Santiago y después el presupuesto nacional los redistribuye, dependiendo de la necesidad de cada región.
-¿No sería mejor que las mineras pagaran un royalty en la zona donde están operando?
-No, nosotros ya pagamos un royalty. Lo que se requiere es una discusión nacional sobre la regionalización, pero ése es un tema que no nos corresponde a nosotros resolverlo.
-¿Es partidario de que esa plata llegue más directamente a las comunidades?
-A las comunidades, municipios, pero ahí viene el tema que hay muchos que te van a decir ¿por qué la II Región, que tiene el PIB más alto de Chile, va a recibir más que otra más necesitada?
-¿No debiese entonces subirse el impuesto a la minería para que se reparta mejor?
-No; estamos con impuestos bastante altos y si los comparamos con los que se pagan en otros países, estamos dentro de los rangos. ¿Por qué la actividad minera tiene que hacerse cargo de un tema estructural sociopolítico a nivel país?

“Hay riesgo de populismo”

-Antofagasta Plc transa en la bolsa inglesa, Los Pelambres genera el 8% de la producción nacional de cobre, los políticos deben hacer fila aquí para pedir plata para sus campañas…
-Siempre he trabajado en empresas internacionales que no dan plata, mi cultura es que no; no me voy a meter en ese tema…
-¿Qué le parece el clima que se está viviendo en el país tras los escándalos Penta y Caval?
-No considero que estos problemas hayan aparecido justo ahora. Hace bastante tiempo, el país ha ido avanzando en una dirección con mucho éxito. La sociedad chilena es distinta a la de hace 30 años, hay otras generaciones con expectativas distintas que crecieron en un ambiente con más recursos debido al crecimiento económico. El país requiere que este sistema vaya evolucionando y responda a las expectativas de la gente. Ahora, es difícil hacer estos cambios. Si hacemos una analogía de la relación de nosotros con las comunidades, es difícil que el sistema político chileno sea proactivo, ¡también es reactivo! Pero es el momento de hacer cambios que ayuden a responder a las expectativas de la gente y las nuevas generaciones sin echar abajo todo lo que se ha construido.
-¿Cuál es el camino para reconstituir estas confianzas?
-La transparencia, evitar los extremismos y entender que las cosas tienen que cambiar para que esto vaya evolucionando. Todos hablamos mucho de las comunidades y la participación ciudadana, mucho más que antes, pero no todos están participando, basta ver las elecciones para darse cuenta de ello. Es el momento de que muchos de estos espectadores entren a opinar y no me refiero solamente a aquéllos que adoptan posiciones más extremas.
-¿Como ha ocurrido en otros países?
-Claro, lo que estamos viviendo no es un fenómeno sólo de Chile. Cuando uno visita otros países, se da cuenta de que está pasando lo mismo. En algunos de ellos, la situación ha derivado en un populismo extremo, lo que es un pésimo resultado para la sociedad y en otros países han sido capaces de administrar esto y hacer los cambios requeridos en forma positiva.
-¿Siente un riesgo de populismo en Chile?
-Sí, naturalmente que hay un riesgo de populismo, pero para poder evitar eso no hay que decir “no hagamos nada”, sino que hay que encausarlo por el camino positivo. Acá hay que cambiar cosas, todos tenemos que hacerlo. Nosotros debemos relacionarnos con las comunidades de una manera distinta, el sistema político tiene que ir cambiando, pero no para destruir todo lo que hemos construido, sino que para mejorarlo. •••
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Juicio con Glencore: el otro dolor de cabeza de Los Pelambres

La orden de demoler parte del tranque de relave El Mauro no es la única batalla legal que enfrenta minera Los Pelambres. Al otro lado de la cordillera de los Andes también atraviesa un conflicto que escaló a los gobiernos de Chile y Argentina, por un botadero minero ubicado a 4 mil metros de altura, a unos kilómetros de la frontera, pero en territorio chileno. Según la versión de Antofagasta Minerals, contaban con las autorizaciones ambientales correspondientes para descargar los residuos en ese lugar. Pero, dicen que se introdujo un cambio en la cartografía del cual, según señalan, nunca fueron notificados. Por su parte, la multinacional Glencore, operadora del proyecto El Pachón en Argentina, exige que se retiren los restos de roca y neumático –calculados en 50 millones de toneladas– de sus terrenos y una compensación económica por daños.
-¿Por qué no llegan a acuerdo con Glencore y se evitan un nuevo juicio?
-Este tema es mucho más acotado en riesgo para la empresa que el del tranque El Mauro. Es un asunto complejo, que no podemos solucionar entre las compañías porque es un tema fronterizo. Para poder avanzar en ese asunto tema tiene que haber un acuerdo entre los gobiernos y las empresas y eso toma tiempo.

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